La tensión del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) obedece a un diseño institucional distorsionado por grupos de poder y conflictos de interés que utilizan como pretexto la autonomía, independencia e imparcialidad para proteger sus intereses. A continuación, esbozo el origen del problema y me sumo a la reflexión, frente a las estridencias y ausencia de debate de la oposición.
La transición a la democracia en México inició en 1977 y le sucedieron más de ocho reformas constitucionales que tuvieron por objeto fragmentar el poder presidencial, restringirlo en sus funciones, fortalecer equilibrios y garantizar la autonomía de los poderes que ejercen alguna función pública, es decir, ejecutiva, legislativa y judicial, así como de los OCA que atienden situaciones de orden técnico, especializado y que en razón de su autonomía, otros poderes no tienen injerencia en ellos, salvo el Poder Legislativo para su nominación, auditoría o presupuesto en términos generales.
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Sin embargo, nuestro Estado se modificó a partir de la desconfianza y la componenda, por ello, reforma tras reforma, la partidocracia ejercía con astucia alguna chicanada para burlar la ley, o bien para tergiversar su espíritu –finalidad con la que se ideó originalmente una disposición–; de ahí, que, en la actualidad los órganos constitucionales autónomos sean cotos de poder de grupos económicos, o más bien, del grupo económico de Claudio X. González, que dicho sea de paso, en Puebla se enriquece con la concesión Agua de Puebla, a nivel nacional con diversos negocios y a nivel internacional con “donaciones” de organismos estadounidenses.
Lo mismo ocurre, lamentablemente, con el Poder Judicial. Dicha institución hasta hace poco era presidida por el ministro Arturo Zaldívar, que de manera responsable y con una destacable actitud democrática decidió no reelegirse, lo que fue aprovechado por la oposición para apuntalar mediáticamente a Norma Piña para sucederle, y desde entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emprendido un sabotaje institucional a los proyectos de reforma que ha impulsado el Presidente de la República. A esta confrontación debemos sumar los mensajes de WhatsApp que exhibió el senador Alejandro Armenta, en los que la ministra presidenta deshonra su posición institucional para reconvenir a un legislador por sus opiniones, lo cual como legislador federal me indigna y aprovechó para manifestar mi repudio ante estas actitudes en contra un miembro del Congreso de la Unión.
El origen del mal es la composición sistémica del Estado mexicano. Para corregir esta problemática el Presidente presentó una propuesta en la Reforma Electoral que hábilmente retomó el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco: someter a votación popular la designación de los ministros de la Corte y de esa manera, vincularlos al pueblo y no a los grupos de interés aglutinados en torno a factores económicos desleales a la República, de tal forma que en agosto de 2024 se pueda votar a través de una consulta popular a las y los ministros de la SCJN.
Entre tanta palabrería, vituperio y mentiras, se ha nublado el debate, peor de lo que el volcán ha nublado nuestra hermosa ciudad, por ello, celebro la propuesta y me sumo a la convocatoria de nutrir el debate. El problema es de origen, no la autonomía ni menos la separación de poderes.
El Estado mexicano requiere de una profunda reestructuración para que haya una representatividad plena y al mismo tiempo mayor injerencia de la ciudadanía en mecanismos de democracia participativa y directa, lo que nubla el juicio es la falsedad con la que se conducen quienes se dicen imparciales, objetivos o autónomos.
TW: @acarvajalh