Preguntas para el diputado Jorge Estefan Chidiac sobre el terreno de la colonia Mártires del Trabajo que su familia compró en 9 millones de pesos y luego vendió al gobierno del estado en 85.6 millones de pesos (un negocio de no menos del 400%), visto que la petición de la entrevista que le solicité aún no ha sido atendida (y seguramente será ignorada).
1.- Usted dice que las condiciones de ubicación del terreno: que está en una esquina, que uno de sus lados colinda con la calzada que sube a Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, han hecho que su precio por metro cuadrado sea alto, de 13 mil pesos según su estimación. Esa misma ubicación tenían hace 15 años cuando usted lo compró, y entonces pagaron sólo 700 pesos el metro, ¿qué cambió?
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2.- Usted dice que poco más de la mitad de los 86.5 millones de pesos que cobraron por el terreno fueron para uno de los socios, el que negoció la venta. ¿Hubo negociación? Usted dijo que el precio y las condiciones se los impuso el gobernador. ¿Que negociación puede haber en eso?
3.- ¿Esa persona, el socio que se quedó con la tajada mayor de la venta, no es también socio y/o empleado en otras varias razones sociales en donde es usted o su familia socios de empresas? ¿Hasta qué punto esa persona es en realidad accionista y no un prestanombres de su familia?
4.- Pensaba preguntarle por su relación con Luis Miguel Barbosa, pero leí en la columna de Rodolfo Ruiz que usted tuvo cenas con él y con el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno..
5.- Esta pregunta me parece que no es para usted, pero igual la agrego a mi cuestionario: ¿Si todos sabían de la compra del predio a la Inmobiliaria 2015, por que han mantenido el contrato oculto, tanto en el Congreso del que usted participa como en el Gobierno del Estado?
6.- Usted dice que Moreno Valle ordenó que se aplicara la categoría de “área verde” al predio en cuestión para evitar su comercialización. ¿Barbosa ordenó al Ayuntamiento de Puebla que se agilizara el dictamen de factibilidad para que se pudiera vender al gobierno?
7.- Ah, y una puntualización, usted dice en su reunión con reporteros de la fuente legislativa que Moreno Valle le aplicó al predio “un uso de suelo artificial” para volverlo área verde, y que como área verde ya no sirve de nada. Bueno, en realidad todos los usos de suelo que le adjudicamos a cada uno de los inmuebles de la ciudad son artificiales. Y sobre su percepción de las áreas verdes pues ni cómo ayudarlo.
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La transparencia sobre el quehacer gubernamental (y su documentación) no le gusta a las personas dedicadas a la vida política. No les ha gustado nunca, especialmente cuando son gobierno.
En el sexenio de Rafael Moreno Valle, el priista que llegó al poder gubernamental como panista, se promulgó en el estado (y ese fue trabajo de las y los legisladores, pero también de personas activistas por el tema que empujaron duro para conseguirlo) una de las mejores leyes de transparencia en el país.
Pero en la práctica su gobierno fue igual de opaco que el de su predecesor, el priista Mario Marín.
Tras aprobarse la ley vinieron las piedras en los procedimientos para dificultar el acceso. El saldo de su sexenio fue la opacidad a pesar del discurso con el que llegó.
Con la llegada de Morena al poder, lo mismo a nivel federal que a nivel estatal, la situación se replicó. Incluso podríamos decir que se volvió no sólo un peso muerto para sus administraciones, sino incluso se volvió objeto de ataques cotidianos, lo mismo del presidente López Obrador que del gobernador Luis Miguel Barbosa (RIP).
Priistas, panistas y morenistas, militantes de esos partidos que han gobernado el estado y/o la capital poblana han demostrado que la transparencia en sus acciones y en la información sólo sirve como discurso de campaña.
Hoy les traigo otro ejemplo de ello.
En el gobierno del panista Eduardo Rivera la transparencia es también una piedra en el zapato. Y va un ejemplo: ¿sabe usted desde cuándo no publica la Coordinación de Comunicación Social sus contratos con medios?
Antes de la respuesta le diré que con la Ley General de Transparencia que se aprobó en 2015 la información sobre la relación comercial del gobierno con los medios de comunicación se volvió información de oficio. Es decir que deben hacerla pública periódicamente sin que haya una solicitud de por medio.
Bueno, de acuerdo con la Ley la Información sobre los Contratos de Publicidad Gubernamental se deben publicar al menos cada tres meses, pero el Ayuntamiento de Puebla dejó de hacerlo al menos desde el tercer trimestre del año pasado.
Es decir, tenemos nueve meses sin saber cómo es la relación que tiene el gobierno de Eduardo Rivera con los medios.
Veamos, si usted o cualquier otra persona busca en el apartado “gastos de publicidad oficial” del ayuntamiento capitalino y limita su búsqueda al tercer trimestre del año pasado lo que la Plataforma Nacional de Transparencia le arrojará que hay 19 contratos en ese periodo. Uno con el histórico periódico “La Opinión”, otros con algunos portales de noticias como el desconocido elquintomediodigital.mx, pero también con otras empresas que ofrecen servicios de conversación digital (¿hablamos de la famosa Ángela?).
Pero cuando usted busca el contrato o las facturas, esos documentos no existen en los 19 registros. Lo único que despliega la PNT es una leyenda que dice:
“De conformidad al Artículo 28, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Tecnologías de La Información del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla se informa que las facturas de este proveedor se encuentran en proceso administrativo para su aprobación a versión pública durante el periodo que se indica, por lo cual no se encuentran hipervínculos a facturas”.
¿En nueve meses no se han aprobado esas versiones públicas?
Y cuando buscamos en los siguientes trimestres, el cuatro del año pasado y el primero de este año, el resultado es que hay “cero” contratos.
Qué pasa si buscamos en los mismos periodos pero en años previos. Pues que la PNT nos ofrece en el primer trimestre del 2022 cuatro contratos y facturas que pueden ser consultadas en la misma plataforma. Y si revisamos el cuarto trimestre del 2021 ahí están 52 registros con sus contratos y sus facturas.
Entonces, si en años previos en los mismos periodos sí hay contratos y están disponibles para consulta, ¿por qué desde julio del año pasado no hay más información de los acuerdos de la Coordinación de Comunicación Social?
Lo dicho, la transparencia no le gusta a la gente dedicada a la política, especialmente cuando gobiernan.
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Otras historias del lado oscuro:
El departamento de lujo del general Luis Cresencio Sandoval… La accionista de una empresa proveedora de la SEDENA, que el año pasado recibió contrato de 319 millones de pesos, le vendió al general Cresencio Sandoval un departamento en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan; el secretario de la Defensa reportó que el valor de la adquisición fue de 9 millones de pesos, pero otros inmuebles de similares características están valuados hasta al triple en el mismo fraccionamiento.
La guerra que se mantuvo bajo la fantasía de la paz… El gobierno de AMLO clasifica como muertos de la guerra contra el narco a 11% más personas asesinadas que su antecesor.
Van 6 años sin Miroslava y Javier: la herida abierta contra la prensa… Miroslava Breach y Javier Valdez fueron asesinados en 2017 y los autores intelectuales siguen impunes, mientras tanto, la situación de la prensa en México dista de mejorar. “Ahora el periodismo en Chihuahua está totalmente callado”, dice Rosa Breach, su hermana.
Y un podcast: Mentira Histórica: Caso Colosio… A lo largo de seis episodios, escucharás de primera mano los testimonios de Aburto tomados del expediente oficial, pero también, la grabación de las llamadas que hizo su familia y a las que accedió la periodista en exclusiva para su investigación (podcast de suscripción, pero hay promoción de 30 días gratis).
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