El Estado mexicano atraviesa una severa crisis constitucional, a la vez que se encuentra sumergido en un atroz conflicto entre poderes, donde el Ejecutivo y el Legislativo se enfrentan al Judicial en un clima de sanciones y amenazas.
Aunque nadie explica qué sucede y como resolver la caída libre del poder político.
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Se parte de que la LXV Legislatura es la primera de esta época que se formó como resultado de la reforma de reelección, bajo el supuesto de que elevaría la calidad de la representación, pero, ¿qué ha ocurrido?
POR LA NEGATIVA
La 4T entró a la espiral del fin de sexenio e inicio de la renovación gubernamental entre la turbulencia de fricciones de poderes y crisis constitucional:
a) La Corte anuló el Plan B relativo a ordenamientos electorales;
b) El Presidente acusa al Poder Judicial de “prepotentes, autoritario, estar podrido y sin remedio”; por su parte,
c) El senador Ricardo Monreal recordó a los ministros que no se olviden que el Congreso puede “ enjuiciarlos y someterlos a juicio político”. Como legislador su participación ha sido la más destacada e ilustrada, con un conocimiento de lo que se propone hasta lograrlo.
El conflicto entre poderes crece como una avalancha que amenaza con sepultarnos. ¿Qué hacer?
1. Confusión y desencanto
La irregularidad de la vida constitucional nacional no deja sentir su rigor porque es difusa debido al estado de laxitud tradicional donde no se exigen las responsabilidades oficiales de infractores de la ley, o sea la impunidad generalizada.
Además, el bono democrático otorgado a Morena en las urnas es refrendado con políticas públicas que se sustentan en el bienestar de otorgar recursos monetarios directos, bajo el doble argumento, de combatir la corrupción al evitar la injerencia de terceros en un régimen de austeridad.
Es conveniente reconocer que el sistema de mercado, la economía marcha mejor que las intenciones de transformación del sistema político.
Los beneficios directos mantienen la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, por encima del 55 por ciento. Sin embargo, el Poder Legislativo basado en la democracia y la corrupción es baja. En esencia los jueces no buscan popularidad sino resolver los conflictos, sin embargo, este les concierne y afecta, como parte del Estado.
2. La anulación de la Corte
La declaración de invalidez de las reformas a las leyes electorales del Plan B por parte de la Corte ocasionó un efecto en cascada de efectos acumulativos crecientes cada vez con mayor fuerza.
La anulación del Pleno de la Corte fue por 9 votos a favor y 2 en contra. La fundamentación se basó en el estudio del ministro Alberto Pérez Dayan, con las observaciones destacadas de: a) No se presentó la misma iniciativa de la enviada por el Ejecutivo, se modificó y se introdujo una de la fracción de Morena con cambios; b) Tampoco participó la Comisión de Puntos Constitucionales en los trabajos de examen y discusión; y c) No se dio tiempo para su difusión, lectura, y deliberación de un proyecto con más de 500 modificaciones siendo imposible su conocimiento para su votación, ¿un voto a ciegas?
En la medida que los clamores de la confrontación crecen la confusión dificulta reconocer la responsabilidad de los actores, como es el caso del Congreso como presunto fallido al cumplimiento de cubrir el debido proceso legislativo, de estudiar y discutir para dictaminar en Comisiones los proyectos de decreto para ser debatidos en los Plenos de las sesiones del Congreso.
POR LA AFIRMATIVA
3. El Debate Responsabilidad Constitucional
Este el punto donde se quebrantó la responsabilidad de los diputados y senadores, que los legisladores no se reunieron en Comisiones para estudiar y discutir las iniciativas, sino procedieron en vía mecánica de declarar la emergencia de “obvia y urgente resolución”, como lo prevé la reglamentación interna del Congreso para casos de excepción, siempre que se fundamenten pero no como la norma general.
El punto fino o piedra de toque en que descansa todo el conflicto que hoy vive la nación, es la igualdad entre la minoría y la mayoría en el proceso legislativo.
Los legisladores tienen la obligación de debatir cada uno de sus acuerdos legislativos, de ahí se deriva su denominación del parlamentar y el sustantivo del parlamento como residencia de su labor.
El debate no consiste solo una confrontación de posiciones entre la minoría y la mayoría como se concibe en la percepción simple, que tiende a la reducción del gobierno, donde este pertenece a la mayoría, como tampoco la democracia descansa en las decisiones exclusivas que asume el acuerdo de esa mayoría.
4. Igualdad en el Proceso y Debate de Minoría y Mayoría
Por principio, a la minoría de manera general le corresponden derechos que deben respetarse para prevalecer un orden.
Esos derechos son sustanciales en el funcionamiento del Congreso, en particular en el debate, como se advierte en el principio que solo entre iguales es posible debatir.
Si la igualdad no prevalece en una negociación entonces los resultados serán marginales, residuales, humanitarios o de subsistencia humanitaria, pero no corresponde a un sistema social republicano ni a una democracia ciudadana.
5. La inequidad inhibe la alternancia
La presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, ha referido el concepto de equidad, en tanto el ministro Luis María Aguilar se refiere a la deliberación, como bisagra de unión entre minoría y mayoría. El término que los acoge e integra es el debate para hacer prevalecer una relación justa entre la mayoría y la minoría,
Mientras el concepto inequidad significa que no solo debe existir condiciones semejantes entre uno y otro de los componentes del Congreso, sino que por presentarse un desequilibrio estructural de permanente desigualdad acumulativa, la minoría debe ser bajo tutela con un régimen de excepción de deferencia, por tanto, debe sobreproteger. Es conveniente insistir “solo entre iguales es posible el debate”.
6. Derechos de la minoría
Entre los derechos más conocidos de la minoría en el Congreso, ya es una tradición el ejercer el control y observación de la mayoría en las Comisiones que sustentan esos fines, es por eso que las tareas de fiscalización y de control son ocupadas por la oposición, como auditar las finanzas oficiales o la observación de los derechos humanos.
APROBADO POR MAYORIA
7. Responsabilidad
La percepción de los actos de poder sobre los órganos de representación es una carencia de capacidad de operación con el Poder Legislativo para integrar la Legislatura LXV.
Esta es la primera legislatura en ejercitar la reelección, sin que esta ventaja se traduzca en mejores prácticas parlamentarias. No se dejan sentir, por el contrario, resaltó su ineficacia y sobró falta de civilidad.
Las responsabilidades recaen en los órganos de gobierno del Congreso.
El Presidente de la República es ajeno a toda responsabilidad durante su mandato, como lo ordena el artículo 108 de la Constitución. Pero el Secretario del ramo sí es responsable según el principio de refrendo.