El día de ayer, a tres años desde el feminicidio de Jessica González, su feminicida, Diego Urik, ha sido condenado cincuenta años de prisión por el delito junto con una multa de cerca de dos millones de pesos por daño moral y gastos funerarios. Y a pesar de ser uno de los pocos casos que obtienen justicia en el país, deja dos puntos claves para reflexionar: los largos procesos judiciales para condenar a un feminicida y la urgencia por seguir trabajando por erradicar el problema.
El delito fue llevado a cabo el 21 de septiembre de 2020, donde días después de la denuncia de desaparición por parte de los familiares de Jessica, se encontró el cuerpo sin vida con señales de violencia y violación, tal y cómo indicaron las autoridades sobre la necropsia.
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Este caso es recordado al generar protestas tanto en Morelia, dónde se cometió el delito, como en todo el país y causar revuelo en redes sociales para exigir justicia y encontrar al culpable del delito, donde ahora, luego de tres años del asesinato de Jessica, al fin se ha podido dar resolución al caso y condenar al culpable.
En México, a pesar de tener una legislación fuerte y bien estructurada, en la práctica los procesos judiciales se ven entorpecidos por problemas administrativos, burocracia y en mayor medida, corrupción; evitando que las fiscalías trabajen con eficiencia para la resolución rápida de los casos.
Aunado a ello, desafortunadamente el caso de Jessica pertenece al pequeño porcentaje de delitos que son resueltos, ya que como menciona el reporte México Evalúa, el 94.8% de los delitos no muestra ninguna resolución y pasa al famoso “carpetazo”.
Esto es preocupante debido a la cantidad de delitos de violencia contra las mujeres que reporta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde de enero a septiembre de 2022, se registraron 2 mil 831casos de muerte de mujeres con violencia, cerca de 2 mil fueron violadas, 127 secuestradas y 497 víctimas de trata de personas.
Relacionado a eso, si bien, los delitos no se encuentran divididos por género en Puebla de acuerdo a los datos de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 3 mil 132 casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual; de los cuales 933 son de abuso sexual, 248 de acoso sexual, 439 de violación simple, y 378 de violación equiparada. Y junto a ello, a lo largo de 2022, en Puebla se registraron 20 feminicidios.
De esta forma, con los datos de la incidencia delictiva, junto con los porcentajes de impunidad y casos como el feminicidio de Jessica, el cual tomó tres años para dar justicia, son un reflejo de un país que requiere fortalecer sus instituciones y educar a una sociedad que sigue siendo sumamente machista.
Uno de los puntos clave para lograr erradicar el problema de los feminicidios es la presión social hacia las autoridades, una sociedad que esté dispuesta a deconstruir los estereotipos, roles de género y conductas violentas que han mermado el desarrollo de mujeres y niñas en todos los ámbitos.
Es necesario una sociedad que pueda dimensionar que los micro actos de machismo influyen a tal grado que causan estragos en la impartición de justicia y la prevalencia de delitos sobre violencia de género.
Es imperativo, crear una sociedad que como en palabras de los familiares de Jessica González, puedan decir: “¿qué me van a reparar?”, y ponga manos a la obra por un ambiente seguro para todas.
Una sociedad que no tolera ningún tipo, que no tolere ningún tipo de violencia hacia las mujeres, que no revictimice cualquier delito del que sean víctimas, y que se eduque para dejar de repetir los patrones de conducta que han lastimado a cientos de miles de mujeres; es clave para poder cambiar la situación de violencia y la manera en la que se podrán elevar los índices de justicia para delitos.