Una de las mayores preocupaciones para quienes vivimos en Puebla es la relacionada con el transporte público, un servicio indispensable para la movilidad en las ciudades, pero en el que cada día hay mayores áreas de oportunidad respecto a las acciones que deben emprender las autoridades, como para el servicio que demandan los usuarios.

Y es que las quejas ciudadanas difundidas a través las redes sociales, e incluso en los propios medios de comunicación, no mienten. Camiones sin placas, echando carreritas, sacando humo, con asientos sucios y rotos; choferes platicando por teléfono y hasta whatsappeando; malos tratos y asaltos frecuentes, son algunas de las inconformidades más recurrentes de los usuarios.

Esta realidad no es ajena a las autoridades, pues hace algunos días que compareció ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la entidad, Elsa Bracamonte González, como parte de la glosa del informe de gobierno, reconoció que el 65 % de las unidades del transporte público que circula por el estado tienen más de diez años de antigüedad, además de la existencia de unidades pirata.

Y es que el tema del transporte público es muy importante, ya que, de acuerdo con el Programa Sectorial de Movilidad y Transporte, en el estado hay al menos mil 31 rutas y 35 mil 510 vehículos asignados a esta actividad.

Precisamente, estos números enmarcan la importancia de este servicio para las y los poblanos, pues en promedio hay 173.72 habitantes por cada vehículo de transporte público. Incluso, hasta hace algunos años, se sabía que al menos un 67 % de la población en la entidad, hacía uso del transporte público.

La realidad es que se requiere este servicio para el correcto desarrollo de las actividades diarias de muchas personas, ya que el exponencial crecimiento urbano también ha provocado un incremento sustancial en las distancias de los viajes y los tiempos de traslado, lo cual dificulta el uso de medios alternativos para desplazarse que no sea el de vehículos motorizados.

Pero, a pesar de la imperante necesidad que hay de usar el transporte público, la ciudadanía no está satisfecha con él. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la zona metropolitana de Puebla el 65% de los habitantes reprobaron el servicio del transporte público, tanto en autobús, vans, combis y microbuses.

Al respecto, el 70% de las personas consideran que no hay espacio confortable para viajar, 30% que las rutas son insuficientes y 70% creen que las unidades no están en buen estado, limpias y funcionales.

No se trata solo de percepción, ya que un estudio realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) reveló que en la capital del estado los accidentes en los que se vio involucrada una unidad del transporte público aumentaron de 92 en 2021 a 167 en 2022, es decir en más de un 80%.

Además de que en tan solo las primeras tres semanas del 2023 se registraron ya cinco casos de peatones lesionados en accidentes de transporte público.

Se sabe que la gran mayoría de estos percances son ocasionados por el exceso de velocidad y la falta de precaución de los choferes, quienes desafortunadamente trabajan a contrarreloj. 

Sin embargo, las autoridades municipales de la capital poblana también parecen ser omisas ante estos hechos, ya que según números oficiales ningún automovilista -del servicio público o particular- ha sido multado por exceder los límites de velocidad en zonas donde la máxima para circular es de 30 y 50 kilómetros por hora (km/h), a pesar de que en el Artículo 302 del Reglamento de Tránsito Municipal se expresa que a quien circule a mayor velocidad de los límites establecidos recibirá una multa de mil 200 a 2 mil 74 pesos.

Basta recordar que, a pesar de que en julio del año pasado se anunció que se implementarían operativos con cinemómetros en la ciudad para castigar a quienes no respetaran las velocidades, se dio marcha atrás a la medida e incluso se enfatizó que en la presente administración no se usarían.

Ciertamente esta postura parece tener su lado positivo, ya que con ella se eliminan medidas que para los ciudadanos simplemente se vuelven recaudatorias, sin embargo, tampoco se han emprendido otras acciones para reducir la velocidad de los vehículos, aún teniendo presente que es uno de los factores que más influyen en la gravedad de un siniestro vial.

Desde luego, la responsabilidad es compartida con los demás órdenes de gobierno, pues también es necesario mejorar el sistema de emisión de licencias para garantizar la correcta capacitación y habilidades de los choferes.

Además, se requiere que haya una mayor conectividad, que permita reducir el gasto por familia en los traslados al trabajo, a la escuela y a las actividades cotidianas.

Pero más allá de todo, se necesita una intervención profunda en la operación del transporte público para que se coloque a los usuarios verdaderamente en el centro de las preocupaciones de los concesionarios y, desde luego, de las propias autoridades.