En la entrega anterior les contaba que de acuerdo con respuestas a solicitudes de información que atendieron el INAH y el Ayuntamiento de Puebla no había archivo del contrato de comodato que supuestamente Sergio Vergara Berdejo en su paso por la Gerencia del Centro Histórico había acordado con particulares para que se encargaran de Los Lavaderos de Almoloya.
Bueno, mientras redactaba este texto el reportero Jaime López me compartió un fragmento de una entrevista colectiva que Vergara Berdejo ofreció a reporteros este mismo martes.
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En la entrevista Jaime le preguntó a Vergara Berdejo sobre el contrato de comodato y esto fue lo que respondió el secretario:
“No, no existe, es pura… es que también hay que decir las verdades. Una cosa que tú custodies un jardín afuera de tu casa… pero que sean de alguien pues no son de nadie, son de todos. Yo por eso digo que todo el patrimonio es de todos, no hay un documento que te diga yo te lo doy, no eso no existe”.
–¿Entonces nunca se entregó en comodato? –preguntó el reportero
–No, concluyó el funcionario.
A ver, vamos por partes. En la nota que El Sol de Puebla le publicó a la reportera Pilar Pérez se recoge esta cita con palabras del hoy secretario de Cultura: “No quiere decir que se les da en posesión, se les da en comodato [a empresarios] para que ellos lo puedan arreglar y eso nos evita el estarle dando el mantenimiento”.
También dijo: “Los Lavaderos van a seguir siendo propiedad del Ayuntamiento y van a estar abiertos al público, o sea los lavaderos son públicos”.
Entonces, sí hubo un comodato, y en ese acuerdo los particulares estaban obligados a una contraprestación, que según el funcionario solo era darle mantenimiento al inmueble.
Ahora, es una tontería legal pensar que cualquier persona física o moral va a entregar una propiedad o va a permitir que alguien más la utilice si no existe un documento legal de por medio.
Vamos, incluso el INAH le pidió al gobierno de Puebla que demuestre que tiene la posesión legal de Los Lavaderos para poder intervenir como se lo pidió en su momento la administración de Miguel Barbosa.
¡Ah que el secretario, o se quiere hacer tonto solo o pretende hacer tonta a la sociedad! Y en manos de un personaje así está la política cultural de este estado.
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Una solicitud de información que presentó la reportera Karen de la Torre en 2017 inició todo. Ella buscaba información para una nota sobre la equidad en el Poder Judicial: cuántos jueces y juezas, magistrados y magistradas componían en Puebla el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Como podría esperarse la inequidad era muy alta.
Luego, al llegar a la redacción con esa información complejizamos un poco más la nota: “revisemos sus grados académicos, en una de esas las juezas están mejor preparadas en promedio que sus colegas (es decir, podían ser pocas, pero tener más grados, mientras que los jueces podrían ser más en número, pero menos los que tuvieran posgrados)”, fue la recomendación de la mesa de redacción.
Karen se puso a hacer solicitudes de información para pedir los antecedentes y grados educativos de las y los impartidores de justicia en el estado y de ahí saltó la cola de la rata. Ahí apareció el dato que nos habría de llevar, dos años después, a publicar la historia del Juez que no debió serlo, pues en la respuesta a la solicitud de información descubrió que José Refugio Alejandro León Flores no tenía cédula profesional.
Esa solicitud fue también el inicio de un procedimiento, primero de investigación y luego de sanción que inició el TSJ, pues al revisar los datos académicos para atender la solicitud de Karen, el director de Transparencia se percató de que la cédula que existía dentro del expediente laboral de León Flores era falsa. El número de la cédula en realidad remite a un ingeniero eléctrico egresado del Politécnico.
Por cierto, habrá que recordar que, de inicio el TSJ no informó que existiera esa cédula falsa; a Karen sólo le respondieron que León Flores no tenía cédula, pero esa es otra historia.
Dos años después de esa primera solicitud en Lado B, con el apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción, terminamos y publicamos la investigación que revelaba al público lo que en el TSJ era un rumor de radio pasillo: el juez-ingeniero había ejercido durante casi 30 años sin presentar ni título ni cédula, es decir, sin cumplir con los requisitos legales para ser juez. León Flores era el juez que no debió serlo.
Al año siguiente, el TSJ concluyó (¡al fin!) la investigación (expediente folio R16/2017), que recordemos inició en 2017, y para en febrero de 2020 anunció su destitución del cargo. Y aunque absolvió a León Flores de la falta administrativa, ordenó que se le notificara a la Fiscalía un posible delito pues en el expediente laboral de León Flores fueron hallados copias simples de un título y una cédula profesional, ambos documentos falsos.
León Flores tramitó un amparo y lo ganó en una primera instancia. La jueza a cargo sostuvo en su resolución que hubo fallas en el procedimiento, pues al TSJ le faltó confirmar si el delito ya había prescrito o no (yo sin ser abogado diría que el sujeto no cumplía con la obligación legal de tener título en ese momento), como planteó en su defensa León Flores.
Luego vino la revisión del amparo y el caso llegó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los magistrados Miguel Ángel Ramírez González (Presidente), Manuel Rojas Fonseca y Carlos Alfredo Soto Morales, y confirmaron la reinstalación de León Flores como juez, a pesar de que no cumplió durante casi 30 años los requisitos legales, y a pesar de la falsificación de documentos.
El argumento de los magistrados es que el procedimiento fue mal planteado y mal llevado por el TSJ, que estuvo lleno de vicios de origen y que por tanto debe ser considerado nulo. Y eso alcanza a toda la resolución del TSJ, a la destitución y a la decisión de dar a conocer el caso a la Fiscalía.
Ahora, lo que también dicen los magistrados es que hay una “obligación (del TSJ) de dejar insubsistente dicha resolución a fin de emitir una nueva en la que repare dicho vicio, tal como ordenó el a quo, en la inteligencia que precisamente al haberse advertido tal vicio formal (relativo a la prescripción de facultades de la autoridad), esto impide realizar pronunciamiento alguno en relación a la sustancia o fondo del asunto, lo cual resulta indispensable para en su caso discernir si la orden de restitución del quejoso en su cargo efectivamente causa una afectación al interés social”.
Es decir que el TSJ deberá iniciar un nuevo procedimiento en contra de León Flores, pero si en el primer caso se tardó 3 años en resolver, en una de esas León Flores aprovecha y se jubila del TSJ y se acabó la historia.
Y no perdamos de vista que hay una nueva presidenta del organismo y un nuevo titular del Consejo de la Judicatura local, y eso cambia la correlación de fuerzas, habrá que ver si están interesados en que se retome el caso.
Para esta columna se pidió al área de prensa del Tribunal información sobre el caso y la posibilidad de platicar con la nueva presidenta del Poder Judicial, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Por lo pronto, y de acuerdo con fuentes judiciales, sobre León Flores pesan denuncias en la Fiscalía Anticorrupción que siguen su lento trámite.
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