El próximo 13 de noviembre habrá elecciones locales en el estado de Oaxaca para renovar ayuntamientos, lo cual no tendría ningún interés más allá de aquella demarcación, de no ser porque en ella coexisten dos sistemas de organización política reconocidos en la Constitución local.
Uno de ellos muy ponderado en cierta corriente de opinión intelectual urbana, vinculada con el aparato de gobierno, que hace las veces de mediador político, conocido como indigenismo.
Más artículos del autor
Se trata de los ayuntamientos electos mediante los Sistemas Normativos Internos, también conocidos como “usos y costumbres”, y los ayuntamientos constitucionales amparados en el artículo 115, constituidos mediante el voto popular a través de los partidos políticos.
En el primer caso es la asamblea comunitaria la gran protagonista. En ella los electores votan a mano alzada al nuevo cabildo, siguiendo prácticas consuetudinarias. En el segundo, son los partidos políticos, mediante voto secreto, computado por ciudadanos, previamente insaculados por el órgano electoral.
Se dice que en el primer caso se trata de la auténtica democracia indígena; en el segundo, de la democracia occidental. La primera, se dice, goza de mayor legitimidad política, porque se enmarca en una tradición histórica antiquísima y se ajusta al modelo cultural de cada pueblo.
Es algo así como el México profundo en su mayor expresión.
El segundo modelo es considerado invasivo, de origen occidental, impuesto por los colonizadores, refrendado por los liberales del XIX, que vieron en el indio un obstáculo para alcanzar el país próspero que imaginaban.
En los hechos, argumentan sus promotores, el modelo occidental favorece los cacicazgos que mantienen a la comunidad en el último peldaño de la estructura nacional de bienestar y libertades públicas plenas.
La primera organización es impulsada por un grupo de antropólogos e intelectuales “progresistas” que, dicen, andan en pos de recuperar la civilización mesoamericana “negada”, y sacar a los primeros mexicanos del ostracismo.
Fue como en el marco de las negociaciones de paz, en el estado de Chiapas, entre el Gobierno Federal y un grupo de indios alzados, que un grupo de priistas, en alianza con antropólogos y “pensadores de izquierda”, idearon una estratagema para desmovilizar las demandas políticas de los pueblos indios que, a partir de 1994, emergieron en todo el país.
De esa manera, en el estado con el mayor número de población indígena, mayor número de grupos étnicos, y el mayor número de lenguas indígenas habladas, y con mayor pobreza y rezago social, se ideó reconocer en ley los usos y costumbres.
De 517 municipios, 418 se rigen por usos y costumbres
Especialistas independientes de la tutela del Estado, como el antropólogo Roger Bartra, vieron en aquella reforma constitucional una argucia de gran talante de los antiguos cacicazgos vinculados con el PRI para mantener su hegemonía sobre los indios, y expulsar de las comunidades a los partidos de oposición, pero sobre todo para evitar la competencia política.
Una especie de reserva territorial de votantes indígenas, asegura. En el año de 1997, por primera vez en su longeva vida, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Ya se veía venir la alternancia del año 2000.
¿Qué protege la “innovadora” legislación?
La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca reconoce que la entidad tiene una composición étnica-plural en sus pueblos y comunidades, cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con la civilización mesoamericana; hablan una lengua propia; han ocupado el territorio en forma continua y permanente; en ellos han construido culturas específicas, que los identifica internamente y diferencia del resto de la población.
Dichos pueblos y comunidades siguen la ley en mención, tienen una existencia previa a la formación del estado de Oaxaca y fueron la base de la conformación política y territorial del mismo, por lo tanto, tienen los derechos sociales que la presente ley les reconoce.
El estado de Oaxaca, dice, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas carácter jurídico de personas morales de derecho público, para los efectos relacionados con los gobiernos estatal y municipal.
Entiende los sistemas normativos internos como el conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario de los pueblos y comunidades indígenas que reconocen como válidas y utilizan para su regulación sus actos públicos y sus autoridades aplican para la solución de sus conflictos.
Sin embargo, para la gente que vive bajo esa forma de gobierno, o que eligen a sus gobernantes bajo ese principio, particularmente para los indígenas, sencillamente se trata del refrendo de los llamados “abusos y costumbres”, por los mismos caciques de siempre en contra de los sufridos indígenas de siempre.
Cambios políticos llevados a la Constitución para que todo siga igual
La iniciativa de reforma a la Constitución fue presentada por un gobernador priista y promulgada por un Congreso priista, sin presencia de la oposición, sin la voz de los indígenas, y sin que previamente hubiera una demanda social en ese sentido.
En efecto, en febrero de 1996, se organizó un coloquio sobre derechos y cultura indígenas y se realizó una consulta nacional sobre la misma cuestión. Al coloquio fue convocada toda la estructura de gobierno, en particular los dirigentes priistas de los pueblos, y los diputados priistas y los senadores priista, en particular Cirila Sánchez Mendoza. Una mujer de prosa hinchada.
La gran evidencia de que la reforma era realmente una estrategia del PRI para sacarle la vuelta a la presión electoral en los pueblos, el principal bastión de ese partido, se conoció mundialmente en la persona de Eufrosina Cruz Mendoza.
En 2007 quiso ser presidenta municipal de Santa María Quiegolani, su pueblo de origen. Se inscribió en la planilla y ganó la elección, pero no le fue reconocido el triunfo por el principio de “usos y costumbres”, en los que el poder público está reservado a los hombres. Las mujeres no pueden votar ni ser votadas.
La discriminación y violación de los derechos humanos de Eufrosina (relatados en libros y películas, y gracias a lo cual llegó al Congreso de la Unión) están a punto de repetirse, tal cual, en el caso de San Juan Lalana.
Un municipio que se rige por el mismo principio tradicional, cuyo ayuntamiento literalmente está tomado por una partida de mestizos, o indígenas ladinos, que han establecido una red de ayuntamientos, de cuyas arcas municipales hacen y han hecho uno de los negocios más lucrativos, de la cuenca del Papaloapan.
Para lo cual cuentan con la complicidad de las autoridades estatales y ahora del partido Morena, a través de su presidente Mario Delgado. A cambio de meterle votos al partido del presidente López Obrador, a costa del bienestar del pueblo.
San Juan Lalana tiene una población de 16,989 habitantes (INEGI-2022). 15,140 se reconocen indígenas. Prácticamente toda la población se encuentra en pobreza. El 56.3% (11,703 personas) está en pobreza extrema, esto es, que no tiene para comer a llenarse tres veces al día. El grado de marginación y rezago social son altos. De las cerca de 17 mil personas, únicamente 109 no son pobres ni vulnerables.
El año pasado, sólo para infraestructura social básica, San Juan Lalana se hizo acreedor a un presupuesto de poco más de 90 millones de pesos, los cuales se deben aplicar con base en la participación organizada de la gente y de acuerdo a los indicadores oficiales. Sin embargo, en los hechos nada de eso se atiende. “Las obras” son maquilladas por el propio ayuntamiento o por familiares. Las redes sociales han jugado un papel determinante en la difusión de la riqueza de los alcaldes.
La elección en curso se la disputan tres planillas. En los hechos se trata de los viejos cacicazgos provenientes del PRI, divididos en ese mismo partido y Morena. Hay una tercera planilla representada por una exmigrante, pero con una característica muy singular para una comunidad indígena, una cultura machista, y un proceso electoral encabezada por ladinos mestizos machos. Se asume públicamente como homosexual.
Se trata de Rolando Martínez Enríquez, mejor conocido como “Vanesa Martínez”. Una persona apartidista, que nunca ha participado en política, que migró a los Estados Unidos con el fin de salir adelante. Estando allá comenzó a ofrecer ayuda a personas y grupos hasta convertirse en una figura reconocida socialmente, que lo llevó a ser postulado a la presidencia municipal.
La mayoría de la población está con él, no obstante, la campaña homofóbica organizada en su contra por los partidos Morena y PRI (aunque la ley prohíbe su intervención). Sin embargo, el temor de la gente es la amenaza de la violencia, las relaciones que ambos grupos tienen con políticos de la capital y de la Ciudad de México, y la compra de votos al amparo de la pobreza de la población.
Chayo News
Muy lamentable por el prestigio de la BUAP. Ocurre que esa institución, a través del Instituto de Investigaciones Sociales, conocido con El Ponchito, organizó un coloquio sobre Otomapes, el cual se encuentra en curso. Al parecer investigadores de esa institución, para congraciarse, determinaron homenajear a uno de los chamanes más importante de la Sierra Norte, Alfonso García. Lo cual es un merecido reconocimiento. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido la atención de por lo menos gestionar para el homenajeado sus alimentos, hospedaje y pasajes de traslado. Me parece una actitud canalla, tal vez porque se trata de un indígena. No obstante que gracias a él se han escrito todo tipo de ocurrencias, con la deliberada finalidad de acumular cuartillas y pasar a cobrar a la ventanilla. El clasismo acecha en todos lados, y más en los pomposamente llamados centros académicos.