En el marco del Día de Internacional de las Víctimas de Desapariciones conmemorado el 30 de agosto pasado, la cantidad de personas desaparecidas en el país y los niveles de impunidad vuelven a resaltar el escenario adverso que vive México, el cual es necesario revertir para poder dejar de contar las pérdidas y familias rotas.
A mayo de 2022 se registraron aproximadamente 100 mil personas desaparecidas desde 1964, donde en sólo 35 casos se ha condenado al perpetrador del delito, reflejando la gravedad del problema y su urgencia por ponerle un alto.
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De esta forma, de acuerdo con los registros nacionales, alrededor del 97 por ciento de las desapariciones ocurrieron después de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.
A esto, de acuerdo con el Comité de la ONU contra la desaparición forzada antes de 2006, la desaparición forzada era en gran manera perpetuada como arma de represión política a quien se oponía a las ideas del gobierno; sin embargo, después del sexenio de Calderón, se han sumado a la lista de agresores: el crimen organizado, en conjunto con agentes federales, estatales, federales e incluso municipales.
Además de esto, el Comité de la ONU recordó que el principal factor para que este delito siga registrándose en el país, corresponde a los altos niveles de impunidad e incapacidad de investigar a profundidad en todos los niveles de gobierno.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los casos que ejemplifican en muchos niveles los que ocurre con los casos de desaparición en México, donde a casi ocho años después de su desaparición, el paradero y la verdad sobre lo que sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre sigue siendo una incógnita.
Así, surge la interrogante: ¿qué se debe de hacer para erradicar este problema? La respuesta a ella viene de la colaboración social y escrutinio público a las autoridades, donde la participación ciudadana funge como un aspecto vital para reducir los niveles de impunidad.
Además de ello, el acompañamiento y la vigilancia de las familias y colectivos hacia las dependencias encargadas de las investigaciones y la resolución de los casos, es de vital importancia para la corroboración de que su labor está siendo ejercida adecuadamente.
La participación ciudadana para la vigilancia de la gestión de los gobiernos tanto federales, estatales y locales, es fundamental para lograr erradicar un delito que daña a miles de familias mexicanas.
En tanto las labores de investigación sigan siendo sólo parte de las autoridades sin ningún tipo de presión por parte de la ciudadanía, los niveles de impunidad seguirán al alza y por ende las desapariciones forzadas.