Hace algunos días, la prensa a nivel nacional e internacional difundió la noticia sobre el brutal asesinato de una mujer en Zapopan, Jalisco. Se trata de Luz Raquel Padilla, quien caminaba por un parque rumbo a su casa, cuando tres hombres y una mujer le rociaron alcohol y le prendieron fuego. Tras tres días de agonía y con casi el 90% de su cuerpo quemado, acabó falleciendo.
Más allá de que este desafortunado suceso no es ajeno a la realidad que enfrentan las mujeres en México, donde los feminicidios diarios oscilan entre los 10.5 y 11 de acuerdo con las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU); ha generado gran indignación no solo por su brutalidad, sino por el hecho de que previamente la mujer ya había denunciado ante la policía y en sus propias redes sociales numerosas amenazas de muerte y agresiones por parte de vecinos del edificio que habitaba.
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Luz, de 35 años, vivía junto a su madre y su hijo de 11 años, quien tiene un diagnóstico de autismo severo y epilepsia refractaria de difícil control. Precisamente, ello la llevó a ser defensora de los derechos de las personas con discapacidad.
Las amenazas que sufría de sus vecinos estaban motivadas porque a ellos "les molestaban" los ruidos y golpes que su hijo ocasionaba en las paredes del departamento como consecuencia de su autismo y ataques de epilepsia.
Incluso el pasado mes de mayo, Luz denunció haber sido atacada con cloro industrial, además de recibir múltiples amenazas, a través de “pintas” en las paredes de su vivienda.
Sólo dos días antes de ser asesinada, aseguró haber vuelto a sufrir amenazas de muerte por parte de sus vecinos, quienes le dijeron que la matarían si la encontraban en la calle.
Más allá de la omisión en la actuación de las autoridades locales, este caso -que ya se investiga como feminicidio- pone el foco en los crímenes de odio hacia las personas con discapacidad (PCD).
Desafortunadamente en México la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en hacer una distinción a una persona o grupo social. Si bien dentro del grupo de personas que por alguna de sus características físicas o su forma de vida son discriminados, están las personas con discapacidad.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, del total de población en el país, el 5.7% tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.
De estas, 7 millones 168 mil 178 personas, 78% tienen únicamente discapacidad, 10% tienen algún problema o condición mental, 8% además de algún problema o condición mental tienen discapacidad y 4% reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.
La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición; esto ha impedido que puedan gozar de sus derechos (salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo) y tener una vida plena.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del INEGI, 25 de cada 100 personas con discapacidad en el país (mayores de 12 años) fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los grupos vulnerables.
De 2012 a 2019, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrió 1,525 expedientes de quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación hacia personas con discapacidad. De estos mil 119 fueron atribuidos a particulares y 406 imputados a servidores públicos o poderes públicos federales.
Para el investigador Carlos Ríos, el “odio a la discapacidad” existe en un espectro que va desde miradas denigrantes -por ocupar demasiado espacio en el transporte público, por ejemplo, o por verse o comportarse de manera diferente a los demás-, hasta cometer actos delictivos contra alguien porque tiene una discapacidad, se percibe que tiene una discapacidad, o se le asocia con alguien con una discapacidad.
Por lo que los sucesos que culminaron en el asesinato de Luz Raquel Padilla deben servir de antecedente a las autoridades para emprender acciones que permitan evitar que tragedias como ésta se repitan.
Las autoridades deben implementar políticas y prácticas para responder de manera efectiva a las personas con discapacidad, así como a sus allegados, que denuncian amenazas o violencia.
Sin duda se debe legislar para que los delitos potencialmente motivados por el odio a la discapacidad se investiguen a fondo y que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
En México sólo hay ocho entidades que tienen tipificado el crimen de odio, aunque como tal no hay una tipificación unificada, que permita crear un registro de este tipo de crímenes para darle seguimiento desde las instituciones y sociedad civil.
Estoy convencido que, sobre todo, debemos apostar a la prevención y al cambio de mentalidad que dé pauta a la tolerancia e inclusión de las personas con discapacidad.
Tengamos presente que como ha dicho el propio secretario General de la ONU, António Guterres:
“Las personas no nacen con odio; la intolerancia se aprende y por lo tanto, se puede prevenir y desaprender”.