Opinión

Colombia, ¿cuál horizonte?

Jueves, Mayo 19, 2022
Leer más sobre Marcela Cabezas
En nuestras manos está tomar el toro por los cuernos en las próximas elecciones presidenciales
Magíster en Ciencias Políticas y politóloga colombiana. Catedrática y columnista en prensa independiente.
Colombia, ¿cuál horizonte?

A pocos días de las elecciones presidenciales en el país cafetero, el panorama no pinta nada bien: varios departamentos sitiados por el Clan del Golfo que declaró un paro armado tras la extradición de su jefe alias “Otoniel” a Estados Unidos, el comandante de las Fuerzas Armadas haciendo declaraciones políticas sin ningún tapujo, al tiempo que oficiales y exoficiales del ejército nacional ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) se declaran culpables por las ejecuciones extrajudiciales, o “falsos positivos” muy populares bajo la política de seguridad democrática del expresidente, exsenador y hoy inmerso en proceso penal, Álvaro Uribe Vélez. Además de esto, y como si no fuera ya alarmante el panorama, el registrador Alexander Vega continúa en funciones como si no hubiera habido ya bastante despelote en las elecciones legislativas pasadas.

Frente a este escenario, uno se pregunta: ¿Qué posibilidad existe para el desarrollo de los comicios presidenciales en “normalidad”? ¿Cuál será el horizonte de la democracia colombiana si llegara al poder el candidato no apoyado por el oficialismo? A lo sumo, ¿Qué sentido tiene la política electoral en un país harto hastiado de la violencia, la inoperancia de las instituciones y la corrupción? En pocas palabras, “de los mismos con las mismas”.

Así pues, múltiples son las dudas e incertidumbres que en estos días se suscitan en el país; más en esta ocasión me detendré en dos : el paro armado del Clan del Golfo, que muestra el fracaso del “monopolio coercitivo de la violencia del Estado colombiano” y la politización de las fuerzas armadas que evidencia un cuartel deliberante, actuante y envalentonado por las declaraciones públicas del presidente Iván Duque – ya de salida por suerte-, tras hechos cuestionables como la relación de altos oficiales del ejército con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como la desaparición de jóvenes participes en el Paro Nacional del año pasado. Ambas situaciones resultan inquietantes y peligrosas para la democracia colombiana.

Por un lado, mientras departamentos como Antioquia, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar, Atlántico y La Guajira se vieron sitiados por miembros del grupo narco–paramilitar el Clan del Golfo en hechos vandálicos: homicidios, confinamiento y control social, de vías y de comercio durante varios días; el gobierno central se hace de la vista gorda frente a la alarmante situación, y tararea sobre el supuesto quiebre de dicha estructura tras la captura y extradición de Darío Antonio Úsuga alias Otoniel; su repentina y urgente extradición a Estados Unidos justo cuando Otoniel empezaba a develar a militares, políticos, empresarios y hasta universidades relacionadas con la más grande estructura narco-paramilitar hoy en el país, suscita bastante perspicacia, ¿coincidencia, o acaso cálculo político?

A su vez, dicha situación ratifica lo que hace un buen tiempo se sospecha desde diversas vertientes políticas, sociales y académicas: la seguridad democrática -otrora bandera presidencial de Uribe y las derechas colombianas- ha fracasado rotundamente.

Respecto a lo segundo, tras la guerra fratricida del bipartidismo y el ascenso del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla de 1953 a 1957, la Constitución Política de Colombia prohíbe la participación política de integrantes del cuerpo armado en su artículo 219 (1). A sabiendas de esto, la reciente participación del general Eduardo Zapateiro pronunciándose contra el candidato de izquierda Gustavo Petro ha generado alarma en sectores políticos y de la opinión pública:

Mientras unos reclaman que se llame a calificar servicios al general y urgente destitución, otros, aducen que aquel tenía la obligación de salvaguardar el honor del ejército. Lo cierto es, que en los últimos años las fuerzas armadas han experimentado cierta politización debido al envalentonamiento de sus acciones por parte del gobierno nacional, que en más de una ocasión no ha tenido reparo en omitir los abusos y brutalidad policial –caso de la muerte del abogado Javier Ordoñez en Bogotá a manos de patrulleros- frente a lo cual, el Presidente salió al paso usando uniforme policial y mofándose, hecho que generó bastante indignación. Al tiempo que, los hechos terribles bajo los cuales jóvenes partícipes del Paro Nacional que conmovió al país en abril del año pasado, desaparecidos y asesinados por parte de fuerzas oficiales tal como lo evidencian investigaciones que avanzan lentamente, son síntoma de que algo no está bien dentro de la institución castrista, siendo los desafectos cada vez más amplios y evidentes.

Así las cosas, resulta gravísimo que, en un contexto de contienda electoral harto punteada por el candidato de oposición, los mandos militares en cabeza de Zapateiro, el Presidente y su banquilla -echando mano de actores ilegales cada vez que la situación lo amerite- se pretenda cooptar la democracia bajo la falacia de preservar el orden, justicia y libertad.

A estas alturas hay bastantes elementos para cuestionar si, en un país que se jacta de ser una democracia estable y duradera, cuál es el sentido del orden; y a lo sumo ¿libertad y justicia para qué y para quién? En nuestras manos está en las elecciones que se avecinan, tomar el toro por los cuernos, ¡tal como reza el adagio popular!

Notas
(1)  Artículo 219.
La fuerza pública no es deliberante (…) los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en debates de partidos o movimientos políticos (Constitución Política de 1991).

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