En abril del año 2021, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución que proclamó al 10 de marzo como el Día Internacional de las Juezas. En esta resolución se reafirmó la importancia de la participación activa de las mujeres en todos los niveles de decisiones para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia; y se instó a los Estados miembros, a organizaciones internacionales y regionales, y a la sociedad civil a que observen anualmente esta conmemoración que busca promover la participación plena y en pie de igualdad de las mujeres en todos los niveles de la judicatura.
Esta conmemoración, resultado del impulso de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés), el Estado de Qatar y la ONUDC, es importante para visibilizar los logros de las mujeres jueces y para reconocer su labor en la construcción de una justicia más abierta e igualitaria. Así mismo, y como advirtió la presidenta de la IAWJ, la jueza Vanesa Ruiz, el Día Internacional de las Juezas representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y los obstáculos que encaran las mujeres en el Poder Judicial, por ejemplo, la subrepresentación en los puestos de decisión.
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A nivel internacional, la ONU reconoció que el camino hacia la igualdad en los sistemas de justicia es una agenda pendiente en diversas regiones del mundo. Por ejemplo, en Europa las juezas ocupan el 54% de las posiciones, en las Américas el 51%, en Oceanía el 31%, mientras que, en África y Asia, el porcentaje de juezas es de 30% y 29%, respectivamente. Asimismo, en el Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, se subrayó que la limitada presencia de la mujer en altas cortes y puestos de dirección en las fiscalías es un patrón generalizado a nivel global, en el cual los obstáculos normativos y barreras institucionales, estructurales y culturales conducen a la subrepresentación en los puestos de decisión o a su confinamiento a determinadas áreas del sistema judicial. En este informe se recalcó que los estereotipos de género son una de las causas principales de la desigualdad y se acentuó que estos prejuicios contra las mujeres, colocan a las juezas y fiscales en un mayor riesgo de sufrir agresiones o diferentes formas de acoso en el trabajo.
En el panorama nacional, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021, en promedio, las mujeres representan el 28.1% de la integración de los plenos de los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación -Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Consejo de la Judicatura Federal-. En este Censo, el INEGI informó que la distribución porcentual de mujeres juezas y magistradas fue del 19% en los Tribunales Colegiados de Circuito, 25.3% en los Tribunales Unitarios de Circuito, y 25.7% en Jueces de Distrito y Centros de Justicia Penal Federal.
La paridad en las instituciones públicas es fundamental para la representación de todos los grupos poblacionales para reconstruir la confianza ciudadana y promover un esquema más equitativo y justo en el que todas las voces se escuchan y se toman en cuenta. En el Poder Judicial, la paridad de género ha sido clave para consolidar un nuevo enfoque en la impartición de la justicia, para generar políticas públicas integrales que consideren a todos los grupos sociales, y para impulsar modelos de participación ciudadana más abiertos y transparentes. Tal como se establece el Objetivo 5, de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino también, es uno de los fundamentos para construir un entorno más pacífico, próspero y sostenible.
En nuestro país, la labor incansable de las mujeres en los espacios públicos significa un avance en el establecimiento de un modelo que posibilita la igualdad de oportunidades y de acceso al ejercicio de sus derechos. La paridad de género representa un ejercicio de pluralismo que garantiza los derechos humanos de todas y todos, y que, además favorece la deliberación y la puesta en marcha de acciones que ayuden a solventar las inequidades y desigualdades objetivas que aún enfrentan diversos grupos sociales como: las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidad y la comunidad LGTBI+.
La participación plena de las mujeres, y la observancia de los principios de igualdad y no discriminación es clave para una justicia con igualdad de condiciones. Por tanto, resulta importante que en el ámbito de la justicia continuemos impulsando esquemas que fortalezcan el trabajo de las mujeres y la perspectiva de género en los procesos de resolución, en las labores institucionales y en los ejercicios de cooperación.
Me uno a la celebración del primer Día Internacional de las Juezas para reconocer la labor de las juezas, magistradas y de todas las servidoras públicas del Poder Judicial. A ellas, mi más grande reconocimiento por su experiencia, conocimientos y alto sentido de responsabilidad en la impartición de la justicia, la inclusión, la búsqueda de la verdad, la protección de las víctimas y la eliminación de toda violencia y desigualdad social. Su labor en el servicio público es fundamental para mejorar la respuesta e incentivar una atención más integral para la sociedad y también para construir un entorno social que inspire y empodere a las niñas, adolescentes y mujeres.