¿Y la opción por los más pobres?, ¿qué hay de convocar a la ciudadanía a participar de las decisiones de gobierno en la educación? ¿Y el llamado Proyecto Alternativo de Nación? Tres años después, ¿Qué está pasando, pues?
A pesar de que estos aspectos que se traducirían en la actuación de gobierno promotora de justicia, promovida desde la participación ciudadana, como ya todos saben, el pasado 28 de febrero del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 05/02/22, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, la novedad fue, que ya no aparece lo referente al Programa Escuelas de Tiempo Completo.
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Desde la misma introducción de la mencionada publicación, aludiendo a la Carta Magna, se refrendan conceptos como derecho a la educación, reducción de brechas, obligatoriedad del Estado para otorgar la educación de calidad, prestando especial atención a los grupos menos favorecidos… sin embargo, en el fondo del mismo del documento, se manifiesta lo contrario, desapareciendo un apoyo dirigido a ese segmento de población y sin dejar en claro, a quién o quiénes se consultó para tomar tal decisión.
Orientado a la disminución las brechas educativas existentes entre los diferentes sectores socioeconómicos del país y con una propuesta pedagógica basada en la ampliación del tiempo de permanencia de estudiantes en las escuelas, así como en la autogestión de las mismas, con apoyos de alimentación a estudiantes y asistencia técnica y disposición de materiales educativos, el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) comenzó a operar en México en 441 escuelas de educación básica, en 2007.
En 2009, en el documento “Orientaciones pedagógicas para las Escuelas de Tiempo Completo” elaborado por la Coordinación Académica del Programa Escuelas del Tiempo Completo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública
publicaba: “La Escuela de Tiempo Completo está pensada como una estrategia educativa que tiene como objetivo ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de la educación básica, aprovechando la extensión de la jornada escolar.
Una premisa básica de las etc es garantizar el derecho a una educación de calidad con equidad para las niñas y los niños que les posibilite un mejor futuro.” (p.16)
¿Existe una evaluación que argumente la medida? ¿Habrá una reestructuración del programa, aunque aparezca con otro nombre? ¿Existirá una acción de gobierno que incluya los propósitos de este programa? Si como dicen las autoridades educativas federales, se destinarán los recursos de este programa a mejorar la infraestructura de escuelas en mal estado, ¿Qué se hará respecto a la alimentación y el apoyo adicional que recibían los estudiantes y centros educativos?
Para quienes así lo deseen, pueden revisar resultados del programa en cuestión, en el documento publicado en 2020 “Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018, Estudio Exploratorio” del Consejo Nacional de Evaluación de Política de la Desarrollo Social (CONEVAL).
La situación resulta tan confusa, que ahora es la organización Mexicanos Primero, la que se erige en defensa de la educación pública, así como de los profesores; no daré más detalles, pues experimento asegunes en este punto.
Dicen, los que saben, que el principio de la comunicación es reconocer a los “otros” y tener interés en ellos; vendrían bien, autoridades gubernamentales, que por lo menos informaran.