Agradezco enormemente la gentileza de Rodolfo R. y de su equipo al permitirme escribir para este portal de noticias. Es para mí un orgullo poder hacerlo en este medio que es una referencia y ha sido multipremiado. Gracias.
Después del escándalo en el que se vio envuelto el presidente López Obrador y su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, el mandatario, muy a su estilo, no tuvo mayor empacho en usar el poder del Estado para intentar exhibir al periodista Carlos Loret de Mola como un mentiroso y mercenario. Desafortunadamente para él, las explicaciones y justificaciones respecto a la mansión en la que vivió su hijo, y origen de todo este enfrentamiento, estuvieron llenas de traspiés y absurdos, incluyendo la teoría de la esposa millonaria.
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En esta guerra de acusaciones, lo más grave no es lo revelado por Carlos Loret en su investigación, pues a final de cuentas, el conflicto de intereses aún no está demostrado. Y sí, aunque las explicaciones de José Ramón apunten a pruebas hechizas y creadas para salir del paso, y la explicación del Presidente sea: “…parece ser que la señora (esposa de su hijo) tiene dinero”, y haya violado la ley exigiendo se investigue a un ciudadano; lo más grave es que la división de poderes que existe en el país es cada vez menos clara. En cualquier país medianamente democrático existen contrapesos y poderes autónomos que regulan la vida pública, incluida la del Primer Mandatario. No por nada bajamos en el índice de democracia que publica la revista británica The Economist donde transitamos de “democracias defectuosas” a “regímenes híbridos”, es decir, estamos más cerca del autoritarismo que de la democracia.
Y es que ante la duda que surgió sobre la mansión del primogénito del Presidente, la Casa Gris, como le han llamado los legisladores de oposición, diputados del PRI, PAN y PRD solicitaron a la Fiscalía General de la República ordenara una investigación con el fin de salir de dudas y esclarecer dicho escándalo. Sin embargo, la respuesta fue tajante. La bancada de Morena en el Senado frenó esta investigación, dejando siguiera la duda en el aire.
Ante esta respuesta por parte de los legisladores morenistas, surgen varios cuestionamientos: ¿Por qué actuar de esa manera y no permitir se esclarezca lo investigado y exhibido? Si el Ejecutivo en cada “mañanera” repite que no son iguales y que ya se acabó la corrupción, ¿no sería más conveniente sentar verdaderos precedentes y que por primera vez un Presidente pusiera el ejemplo de transparencia y honestidad? Porque para no ser iguales, se comportan muy parecido a los otros gobiernos.
Andrés Manuel López Obrador no puede, ante la amenaza de perder popularidad o de verse exhibido, amedrentar a un ciudadano y ordenar a un instituto público que lo investigue, pues ese ciudadano nada tiene que ver con la función pública. Esta solicitud sólo demostró dos cosas: Que el Presidente ignora la diferencia entre lo público y lo privado, y que la ley que rige al país es su autoritarismo.
Este hecho nos obliga a pensar una cosa: falta mucho para tener un país cercano a la transparencia y a la rendición de cuentas. En el año 2022 y con la izquierda en el poder, México lejos de ser un país progresista y liberal, está viviendo sus años más conservadores y autoritarios.