Hay en el país muchos cabos sueltos y por eso la marcha no es acompasada, uniforme.
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Véase, por ejemplo: todos los días se reporta una variedad de delitos en la geografía nacional, e invariablemente la mirada general se dirige al gobierno de la República. Todo mundo voltea a ver la acción, reacción u omisión del Presidente de la República.
Ya no se diga un alto número de los críticos sistemáticos de López Obrador.
¿Y los gobernadores? ¿Qué hacen, para qué están, para qué sirven?
Existe ahí una terrible falla en la comunicación general, en la inercia de la sociedad, y por supuesto en el comportamiento del gabinete federal.
Si uno se pone a revisar cada día, es interminable el listado de abusos, corruptelas, atracos, escándalos, inversiones tramposas, despojos y toda la gama delictuosa imaginable, en el ámbito de las entidades del país y no exactamente en el campo de la competencia federal.
Y, sin embargo, todo, o casi todo, se echa al saco del debe de la Federación.
Una explicación parcial es la costumbre de la sociedad mexicana de ver, desde tiempos remotos, la figura presidencial deificada. Como un ser supremo todopoderoso en quien recae o todo lo bueno o todo lo malo.
El patriarca que tiene, o debe tener, la imagen impoluta, el poder infinito, el que cede y concede y que, con poderes que los estratos más bajos de la población lo imaginan dorado, celestial o mágico, lo conciben como timonel infalible.
Eso ha hecho que en el imaginario colectivo las bondades en forma de servicios, apoyos, obras o estímulos, provengan de esa figura superior.
Pero también, que ahí donde las cosas fallan, donde brota el escándalo, la tragedia o la impunidad, las miradas y dedos flamígeros tengan el mismo blanco.
Esto, manejado así perversamente por los medios, o por una gran parte de ellos en los tiempos que corren, equivale a colocar todos los días una antorcha en un campo inundado de gasolina, para quemar al poderoso y mantener viva esa pira todo el tiempo, atizada por manos de múltiples intereses contrarios al grupo en el poder.
Operan así -para explicarlo de modo sencillo-, dos elementos que hacen posible este ambiente: el sentido ortodoxo en que se mueve la sociedad, y el estímulo interesado de quienes moldean la opinión pública. Unos por inercia voltean a ver y juzgar los aciertos o fallas de la figura central de la cúspide, y los otros azuzan los ánimos estimulando llegar a un linchamiento perenne.
El destinatario de todo este ambiente funesto, víctima pero asimismo responsable de que esto suceda así, no ha tenido una iniciativa comunicacional acertada, inteligente y reformadora que corrija tal estado de cosas. Y deja pasar una coyuntura extraordinaria.
Lejos de gestionar una comunicación que deslinde responsabilidades y que tenga un sentido sensible y ejecutivo, ha centralizado el comportamiento unilateral. Esto, como es lógico, trae como consecuencia una voluminosa carga de responsabilidad con los costos que vemos todos los días.
En esta selva de vacíos, descuido, dejadez, arranques voluntariosos o soberbia, con dos polos bien delimitados: por un lado, la sociedad y medios, que se asumen como portavoces de ésta, y por el otro, el gobierno federal, los gobernadores aparecen en sus tronos y a buen resguardo de la tormenta.
Ven los toros desde la barrera, dejan hacer, dejan pasar, se deslindan de la violencia y el oleaje delictuoso de todo tipo, tras una fuerte muralla desde la que señalan como único causante y responsable al gobierno federal. En algunos casos hacen el señalamiento explícito, en otros fingen una sordera profesional y cínica.
Ellos están en lo suyo: obras, negocios, presupuestos al amparo de sus amansados congresos estatales, y sordos y mudos ante la tormenta que ocurre a sus pies. Socarronamente dejan correr la pereza social y la incesante combustión que atizan los medios obsesivamente críticos hacia la figura presidencial, y ellos se esconden sin asumir responsabilidad alguna.
Hay diario una montaña de hechos delictuosos de todo género, muchos de niveles escandalosos, más la carga incesante de crímenes y homicidios -no invariablemente de competencia federal- y jamás vemos una actitud de sanción, persecución, castigo o prevención de los gobiernos estatales. Y si hay reacciones de esta naturaleza, generalmente son tibias o buscan cobijarse en el paraguas federal, sin asumir ni costos ni consecuencias.
Ni la federación dirige su atención y pone de relieve este papel comodino, responsable y cómplice de los gobernadores, ni los medios dirigen los reflectores, noticiosos o reflexivos acerca de este ámbito de poder.
Ahí está un enorme flanco de responsabilidad del estado de cosas que vive el país, y nadie osa tocarlo.