Corre la versión de un “periodista” que acusa al presidente municipal de Pahuatlán de haber ordenado que se atentara contra su persona; en las redes sociales dice temer por su vida.
En la mañana de hoy, el alcalde Eduardo Romero hizo circular en sus plataformas un comunicado oficial sobre el mismo caso. Lo reproduzco textual.
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“Como Presidente Municipal Constitucional y como persona en lo individual soy y he sido absolutamente respetuoso de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo, valores que considero indispensables para la buena marcha de cualquier democracia.
Por lo tanto, desmiento categóricamente que esta administración amedrente o amenace de muerte a periodistas o comunicadores, tal y como se ha difundido de manera embustera, para ocultar intereses de terceros.
Lo que hay, eso sí, es una campaña de extorsión y desprestigio, las cuales tienen que ver con la exigencia de contratos, pagos convenidos, negocios, y permisos que pretenden beneficiar intereses personales, es decir impunidad. De conceder a sus demandas, se tendría que entregar la Tesorería Municipal.
Además, esta campaña aparece justo en el momento en que hay procesos administrativos y judiciales en contra de malos servidores de administraciones pasadas.
Mi compromiso es hacer un gobierno distinto, que terminara con la corrupción y trabajar de la mano con la gente. Es lo que estamos haciendo y lo seguiremos haciendo.
Bienvenido el periodismo libre y ajeno a intereses de terceros, utilizado para fines personales. Aprovecho para refrendar mi compromiso con las libertades supremas de mi país, estado y municipio”.
Hasta aquí el comunicado.
Estamos ante uno de los temas más delicados de la agenda nacional, incluso preocupación de primer orden de los organismos internacionales que siguen la marcha del país.
Hay que precisar desde ya que hay de periodistas a periodistas, y de periodistas a publicistas, que se hacen pasar por trabajadores del noble oficio para gestionar beneficios personales. En efecto, no es la regla, pero los hay, y en ocasiones son legión.
Acusar de amenazas de muerte a una autoridad sin tener pruebas ni la más pálida evidencia, es una difamación tan punible como la amenaza de muerte.
El horno no está para bollos, como dice el dicho. Atentar con engaños contra la reputación de una persona es tan peligroso como hacerlo contra la vida. Las notas sobre el caso que circulan en medios regionales refieren intereses que nada tienen que ver con el derecho de informar, sino de amenazas por la pérdida de privilegios y canonjías con el cambio de administración.
Esperemos que, por el bien del oficio y la honorabilidad de las personas, se realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.