Hoy día es terreno común en el discurso oficial, la expresión “Derecho a la Educación” con diferentes énfasis e interpretaciones, según sea el actor político que la utilice; lo anterior resulta comprensible cuando es parte del ensayo político del gobierno actual y, sobre todo, coincidente con lo establecido en nuestra Constitución Política, cuando el multicitado artículo tercero inicia sentenciando: “Toda persona tiene derecho a la educación.” Comprometiendo que el Estado es el responsable de impartirla en todos los niveles educativos (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf), difícil sería, encontrar alguien que se opusiera a este postulado, siendo la educación un derecho que da acceso a otros derechos como el ingreso y el empleo, al bienestar en general.
En esta ocasión, quisiera referirme a la otra dimensión de este derecho. Me refiero al derecho que tienen los agentes encargados de hacer realidad este derecho, y, sobre todo, de dar acompañamiento a quienes acuden a las aulas, procurando su desarrollo como personas humanas. El derecho a estar formados para responder a las exigencias constitucionales.
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En el párrafo cuarto del mismo artículo constitucional se reconoce lo siguiente: “Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.” Lo cual es fantástico; sin embargo, habrá que revisar el trecho existente entre el “dicho y el hecho” es decir, lo que en realidad se está realizando en este sentido.
Después de que en el párrafo número cinco del tercero constitucional se hace referencia al “Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión.” y en el sexto: “La admisión, promoción y reconocimiento del personal” , y en el séptimo (párrafo adicionado DOF 15-05-2019), en línea y media se cierra el tema declarando: “El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley.”
Como se hace evidente, la Constitución contempla esta segunda dimensión, que resulta más que lógica; sí puedo pretender una educación diferente con el mismo perfil de los profesores. Esto ofrece como campo de acción transformadora, si eso es lo que se pretende de verdad en la educación, tanto la formación inicial de nuestros profesores, como la continua. El punto es, ¿Qué hace la actual administración en este sentido? ¿Qué se hace en cuánto a nuestras Escuelas de Educación Normal? ¿En qué acciones se promueve la existencia de ese mencionado “…sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas…”? En general, a nivel nacional no lo encuentro, en lo local, resulta más difícil encontrar referencias en el discurso, siquiera sobre un aspecto central de la pretendida transformación educativa.
Por supuesto que la situación de la educación es complicada históricamente en nuestro país; por eso es indispensable que se reconozca, por parte de las autoridades de gobierno, que sus acciones, solas, no son suficientes, que se requiere de a intervención de toda aquella persona, organización o institución que tenga el perfil para sumarse a un esfuerzo que debiera ser social, abierto, democrático, procurando la mejora educativa del sistema.
Para nuestro estado, la necesidad de acuerdos y puentes es más que evidente. Soy pesimista con esperanza, así que, aunque lo veo difícil de lograr, no renuncio a que suceda. Lo ideal es que, desde la dependencia pública encargada oficialmente de lo educativo, surgiera la iniciativa que convoque a la sociedad, de asumir la corresponsabilidad de una mejor educación. Si así no fuera, deberán ser las organizaciones e instituciones, fuera del gobierno, quienes deberán tomar acción y generar bloques de operación que procuren el ejercicio pleno de ese mentado derecho a la educación.