A trabajo igual salario igual, este principio está estampado en la Constitución Política Mexicana en su artículo 123: “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. Equal pay for equal work refiere en las leyes internacionales que “la igualdad salarial es un derecho humano reconocido al que todo hombre y toda mujer tienen derecho”.
Partiendo de estas premisas, la igualdad salarial está reconocida en la normatividad jurídica nacional e internacional, pero en la práctica este derecho no es validado en el mundo laboral. La igualdad de remuneración o la igualdad del pago equitativo de salarios, sin duda elimina la brecha salarial, pero para hacer valer este derecho se requiere de la voluntad política de los gobiernos y de los legisladores.
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La razón de por qué es tan difícil de lograr la igualdad salarial y cerrar la brecha, radica en que los gobiernos no aplican la estrategia correcta ni las medidas legislativas adecuadas para realizar esta importante operación económica. En realidad, la economía política, determina la estructura económica de desarrollo social y la economía de políticas públicas, que es determinante para impulsar la igualdad salarial y eliminar la desigualdad en la pobreza.
El empoderamiento económico de las mujeres, es tema de muchos proyectos institucionales que solo quedan en el tintero. En México hay un programa federal presupuestal etiquetado, el Anexo 13 que contiene el presupuesto económico para proyectos de igualdad de género y mujeres emprendedoras, pero han desvirtuado su objetivo por los recortes y modificaciones para programas sociales del gobierno de la 4T, por lo que la brecha salarial no se combate de raíz.
La igualdad en el trabajo es un objetivo pendiente en la Agenda de Género. La igualdad salarial es imprescindible para lograr el empoderamiento femenino. Los salarios de las mujeres se ubican entre un 23% a 37% por debajo de los sueldos de los hombres alrededor del mundo. La situación de la desigualdad salarial y la discriminación laboral estereotipada no permite el avance de las mujeres en la economía y mucho menos a cerrar la brecha de género ni a alcanzar la paridad económica.
Reflexionar del por qué las mujeres no hemos logrado la igualdad de género en el ámbito laboral, implica el visibilizar los obstáculos institucionales de políticas públicas y de las limitantes de los derechos laborales de las mujeres que existen en la ley, para no igualar los salarios. Para hacer efectiva la igualdad salarial se requiere de hacer cambios en la legislación nacional y local, así como en las normas secundarias para garantizar este mandato, realizando la armonización legislativa.
Sin embargo, tenemos un doble juego por parte de los legisladores y legisladoras, que consiste en el discurso político en favor de “la igualdad de género” y por otro lado el de la negativa de aprobar las leyes o reformas en materia de igualdad salarial, cuando se presentan en el Pleno de los Congresos locales o en Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que la acción legislativa está condicionada a este juego de indecisión y deshonestidad.
La igualdad salarial ha sido objeto del discurso mediático de activistas, legisladores y legisladoras, gobernantes, representantes de instituciones, organizaciones y cámaras empresariales, pero a la hora de hacer efectivo este derecho en la ley, se abstienen de respaldar esta condición económica de las mujeres. Hoy sin duda lo que se requiere es de plasmar en la ley estos derechos y dejar a un lado los discursos, y de impulsar leyes y reformas en materia de igualdad salarial y no discriminación laboral.
El jueves 20 de enero en el Congreso de Puebla, el diputado Fernando Morales Martínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa de Reforma Integral de Igualdad Salarial y No discriminación Laboral entre Hombres y Mujeres, que propone reformar 13 leyes locales, a efecto de realizar la armonización legislativa con la Reforma Constitucional de Igualdad Salarial y No Discriminación, que presentó la semana pasada en el pleno, para hacer valer este derecho.
La iniciativa integral de Igualdad Salarial y No Discriminación propone reformar las siguientes leyes locales, a efecto de volver una realidad el empoderamiento económico de las mujeres en el estado de Puebla:
1. Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla
2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla
3. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla
4. Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla
5. Ley Estatal de Salud del Estado de Puebla
6. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
7. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado
8. Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla
9. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla
10. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla
11. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla
12. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
13. Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Hacer valer la igualdad salarial requiere de acciones afirmativas concretas, y no sólo de discursos políticos mediáticos por parte de las legisladoras y legisladores, por lo que ya está en la cancha del Congreso del Estado de Puebla aprobar las dos iniciativas en materia de igualdad salarial, la reforma constitucional y la reforma integral que modifica trece leyes secundarias, para hacer efectivo el derecho económico de las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva en el trabajo y equilibrar en igualdad los salarios.
Los datos de la Secretaría del Trabajo de la brecha salarial en Puebla, señala que las mujeres tendrían que laborar seis días más al mes para obtener el mismo ingreso que los hombres. Los hombres ganan 22.1% más que las mujeres en cuanto al ingreso del salario mínimo, pero la desigualdad salarial incrementa de acuerdo a la preparación profesional, ya que la brecha salarial con carreras varias en licenciaturas desde un 23% a 28.5% y en posgrados alcanza un 33% que pone en situación de desventaja profesional y económica a las mujeres.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI colocó en 2020 a Puebla en el segundo lugar nacional con el menor ingreso promedio para las mujeres, con un ingreso de 4,500 pesos mensuales. La Secretaría del Trabajo del Estado en su informe anual del 2021, detalló el ingreso diario promedio de los hombres en $409.34 y de las mujeres en $339.60, lo que marca una brecha salarial de 20.53%.
Es tarea del Poder Legislativo aprobar las dos reformas en materia de igualdad salarial y no discriminación laboral presentadas por el Dip. Fernando Morales Martínez, y hacer valer el discurso sobre la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Llegó la hora de que las diputadas y diputados hagan valer con su voto aprobatorio el derecho de las mujeres en la economía para cerrar la brecha salarial en el estado.