En días recientes hemos escuchado la propuesta de algunos alcaldes poblanos para aplicar el próximo 2022 el cobro al Derecho por Servicio, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público, abreviado con las siglas DAP, mismo que se turnaría a revisión al Congreso local.
Si bien es cierto que el artículo 115 de nuestra Carta Magna señala en la Fracción II, inciso b, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, por lo que les concierne proponer a las legislaturas locales las tarifas aplicables por los derechos al alumbrado público, entre otros; también debemos considerar la resolución que dictó la Suprema Corte de la Nación (SCJN) para anular el cobro de este derecho.
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La SCJN, en sesión del Tribunal Pleno, invalidó los preceptos de las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Puebla, donde se contemplaban cobros por concepto del servicio de alumbrado público, debido a que estos transgreden el derecho humano a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad y proporcionalidad en las contribuciones, previstos en la Constitución federal.
Incluso la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha expresado que ningún cobro por el suministro de energía eléctrica que hace a sus clientes está supeditado al pago que los usuarios deban realizar por el servicio de alumbrado público, por lo que ha hecho un llamado a los ciudadanos inconformes a presentar demandas de amparo.
Más allá de leyes, artículos y resoluciones, que son la base de la cual partimos, como he mencionado en otras ocasiones, debemos ser más empáticos y sensibles con la ciudadanía y el entorno. Mucho más cuando el próximo mes de marzo se cumplirán dos años de la llegada del COVID-19, lo cual ha desestabilizado todos los ámbitos de la sociedad y de manera muy enfática lo relacionado a la economía.
Uno de los argumentos de quienes están a favor de incluir este cobro en el Presupuesto de Ingresos 2022, es que los recursos serán para dotar de mejores servicios a los municipios; sin embargo, debemos recordar que además de los ingresos propios, los gobiernos municipales reciben participaciones estatales y federales.
Precisamente, el Gasto Federalizado propuesto para el próximo año contempla un incremento en términos reales del 4.7 por ciento, lo cual significa que llegarán más fondos a los estados y municipios. En ese sentido, los 217 municipios de Puebla recibirán en 2022 un incremento de manera particular en el ramo 33 y en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Sabemos bien que no hay dinero que alcance, pero precisamente ese es uno de los retos de los ayuntamientos: administrar adecuadamente sus recursos con base en una planeación clara para cubrir las necesidades de sus demarcaciones, y más considerando que la pandemia no ha dado tregua a muchas familias que atraviesan una etapa muy difícil por una economía sumamente mermada.
No es momento de ningún impuesto o cobro nuevo, lo cual el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha vislumbrado de manera clara, bajo la determinación de no subir los impuestos, por lo que ya llevamos tres años sin aumentos en los mismos. Cabe aclarar que, aunque el DAP no es como tal un impuesto sino un derecho, sí se traduce en un pago que afectaría directamente los bolsillos de la ciudadanía.
Aunque argumenten que este derecho es para mejorar al municipio, también se debe pensar en no lastimar más la economía de los poblanos, muchos de los cuales han perdido sus empleos, han tenido fuertes gastos para cuidar salud o incluso se han quedado sin la cabeza y sustento de su familia.
Nos encontramos ante una crisis sanitaria que indiscutiblemente trae como consecuencia una crisis económica, por ello exhorto a quienes tengan que revisar la aprobación de este cobro, consideren todas las aristas del tema y puedan poner en la balanza el menor daño para los habitantes de los 217 municipios de nuestro Estado.