El pasado 27 de septiembre del año en curso, una persona que había sido detenida en flagrancia y se encontraba bajo resguardo de la Policía Municipal de Puebla se fugó del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del estado de Puebla, también conocido como C5, llevando puestas las “esposas” y con una lesión en un brazo.
Una respuesta rápida a la pregunta -que da título a esta columna- sería porque los policías son incompetentes, sin embargo, es a todas luces incompleta y hasta cierto punto injusta; con mayor razón si se toma como referencia el gobierno al que pertenecen y se desdeña la función de la policía municipal, porque eventos de este tipo le pueden suceder a cualquier corporación, incluidas las estatales y federales.
Más artículos del autor
Al revisar los intentos de fuga y fugas consumadas registrados en los últimos dos años en el C5 se puede advertir que las razones han sido, entre otras, las siguientes:
1. Los conflictos políticos que existen entre los diferentes niveles de gobierno, con mayor énfasis entre el estatal y municipal de Puebla, el cual tuvo su momento más álgido el 23 de marzo del año pasado, cuando ésta última fue desalojada de los espacios que ocupaba desde el 31 de octubre de 2016, cuando fue inaugurado por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sin embargo cuatro años después se dieron cuenta que había inconsistencias en su asignación.
Al respecto cabe referir que el municipio de Puebla contribuyó con recursos económicos provenientes del FASP y el desaparecido SUBSEMUN e incluso sacrificó la posibilidad de que dicho Complejo de Seguridad fuera construido en la zona de Haras del Bosque para contribuir en la integración de un espacio que facilitara la coordinación entre los municipios conurbados.
No se debe pasar por alto que una de las fugas registradas hace dos años en el mismo lugar le sucedió a la propia Fiscalía General el Estado y sus agentes estatales de investigación, mejor conocidos como policías ministeriales (se les fugó una persona que estaba detenida por su presunta participación en una serie de robos a las tiendas Oxxo).
2. La constante lucha por demostrar qué corporación detiene y pone a disposición ante el Ministerio Público a más personas y comete menos errores, lo cual se ha traducido en una pugna más que en una sana competencia, ya que en la primera oportunidad una le mete el pie a la otra. Tan intensa es la lucha que la Policía Estatal Preventiva contabiliza hasta los detenidos por faltas administrativas, cuando que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo registra aquellos casos en que se inicia una Carpeta de Investigación ante el Ministerio Público y no ante el Juez Cívico.
3. La falta de protocolos de actuación y en el mejor de los casos que no estén actualizados, sobre todo en lo referente al rol de cada policía al momento de la detención, traslado al Ministerio Público en casos de flagrancia o ante el Juez cuando existe una Orden de Aprehensión, así como sobre la permanencia en el C5 pero bajo su responsabilidad y la respectiva Cadena de Custodia.
Lo anterior en virtud de que al tratarse de un Complejo de Seguridad en el que coexisten policías municipales de las demarcaciones que integran la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y de la propia autoridad estatal (Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado), incluso de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República; las competencias y atribuciones se superponen y se confunden con mayor facilidad.
4. La falta de contundencia de las áreas de Asuntos Internos que hasta ahora se ha limitado a sancionar a los policías a quienes se les encuentra responsables de alguna falta administrativa pero tratándose de delitos no ha realizado consignación alguna, lo cual se traduce en que los policías se desentiendan de este tipo de situaciones si al final del día no les pasará nada.
5. La ausencia de un área de Responsabilidad Profesional que se encargue de revisar los procedimientos y la vigencia de los protocolos con fines preventivos más que correctivos, es decir dar prioridad a la atención de las causas y no tanto a los efectos.
Es deseable que en esta ocasión las autoridades estatales no se laven las manos y solo culpen a la policía municipal de Puebla, ya que la participación de dicho municipio será determinante de cara al próximo relevo, pues solo cambiarán las figuras políticas pero los elementos de policía seguirán siendo los mismos.
Si lo que se busca es mejorar la coordinación entre municipios y la entidad federativa como premisa para resolver el problema de la inseguridad en la zona metropolitana, es momento de demostrarlo.
Como muestra de que la coordinación sí abona en la solución de los problemas de seguridad, en 2014 cuando la comunicación y apoyo entre estado y municipios funcionaba, sólo se registraron 19 homicidios dolosos en el mes de julio, contra los 47 casos que se presentaron en febrero de 2021, que fue el mejor mes de los últimos dos años. Además, en junio de 2014 solo se robaron 160 vehículos contra los 472 que se robaron en mayo de 2021, el mejor indicador de los últimos dos años.
Es decir, cuando se quiere se puede y si se hace en coordinación mejor.