Entre el camino a la democracia participativa y la autocracia en México, hoy están en la línea de fuego el Instituto Nacional Electoral, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ambos Instituciones, ambos organismos autónomos, ambos elementos de la narrativa política del presidente de la República Mexicana en estos últimos días.
Hace unos días el presidente López Obrador sugirió que los organismos autónomos los absorbieran secretarías de estado. Y que el INE pasara al Poder Judicial de la federación ya que este instituto cuesta mucho dinero y del presupuesto que se le designa, la mitad se va a partidos políticos y la mitad al instituto.
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Como parte de la narrativa política al hacer afrenta al INE, López Obrador señaló que este organismo no hace valer la democracia, recordando que en el periodo neoliberal cometían fraudes electorales.
En efecto, el presupuesto que se destina a partidos políticos es oneroso. El porcentaje a partidos políticos es en función de los votos obtenidos, es decir, al partido oficialista por ley le toca mayor presupuesto que al resto de partidos. El ejercicio 2021 el monto fue de 26 mil millones de pesos, el 56 por ciento para los partidos políticos y el resto para llevar a cabo las elecciones federales. Esto es aprobado por la Cámara de Diputados que en su mayoría es de Morena.
Pero hay temas que son foco amarillo con estas declaraciones que encajan en la narrativa política de enemigos del gobierno y que pueden ser muy rentables para la popularidad del mandatario, pero pueden prender alarmas en el tránsito hacia la democracia en este país en un escenario en el que comúnmente la mayoría de las y los mexicanos desconocen temas e historia electoral. En general, el ciudadano es corto de memoria y poco involucrado en la política; una realidad lastimosa en nuestro país.
El terreno es fértil discursivamente en un México donde el promedio de nivel educativo es secundaria y hay más de 60 millones de habitantes que viven en pobreza y que difícilmente disertarían en algo tan simple como que es una declaración ambivalente el decir que el INE no garantiza la democracia, cuando es el mismo organismo que realizó las elecciones 2018 en las que el partido oficialista tuvo un triunfo abrumador.
O que la pasada consulta ciudadana, misma que se llevó a cabo a petición del Presidente, aprobada por la Cámara de Diputados incluido el presupuesto y ejecutada por el INE es un triunfo para el camino a la verdadera democracia participativa. Y no disertan los mexicanos porque no hay tiempo, porque hay que pensar más en cómo resolver las necesidades básicas y la inmediatez de las circunstancias nos impide tener memoria:
El INE ha transitado por un proceso para garantizar en la mejor medida la democracia de este país. Recordemos que justo en periodos neoliberales era la Secretaría de Gobernación federal quien organizaba los comicios, y en una iniciativa impulsada por la izquierda para garantizar equidad y legalidad en 1990 se creó el otrora IFE.
El INE junto con reglas que hoy garantizan equidad como lo es la ley federal electoral que por cierto hace más de once años se reformó para, entre otras cosas, impedir la promoción personal de funcionarios y gobernantes con uso de recursos públicos, son conquistas en el camino a la democracia del país.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que también ha declarado el presidente, no garantiza los derechos electorales de los candidatos, al ser este tribunal la última instancia en materia electoral. O la sugerencia de desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Esto sugiere centralización y la centralización conlleva a la autocracia.
La democracia en este país no es perfecta, en efecto, pero ha recorrido un largo camino creando institutos y organismos autónomos que permitan garantizar los derechos de todas y todos en un contexto lo más democrático posible.
Twitter: @AlesandraMartin