Históricamente el Poder Judicial ha sido de las instituciones mejor percibidas por los ciudadanos, hablando en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus decisiones. Sin embargo, en el último año ha sido blanco de sendas críticas por los actores políticos y la sociedad.
Hace unos meses el Poder Legislativo avaló ampliar el periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por dos años, incluso contraviniendo lo dispuesto por la Constitución, a lo que el ministro no se había manifestado. Por lo que la oposición acusó a éste de servir al presidente Andrés Manuel. No fue hasta esta semana que decidió no aceptar la ampliación y terminar con la polémica.
Más artículos del autor
Y otro caso más grave se desató en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la semana pasada, cuando cinco de los siete magistrados intentaron destituir por mayoría al magistrado presidente José Luis Vargas por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias; e instalaron al magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente.
En un acto no contemplado en ninguna norma jurídica, los cinco magistrados intentaron remover al presidente en funciones. Apoyados en los vacíos legales promovieron a uno de sus pares. Cual golpe de Estado, los magistrados inconformes pretenden que se legitime esta acción acudiendo a la Suprema Corte de Justicia y que sea ahí donde se determine.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ya anticipó que su gobierno no intervendrá en la crisis del Poder Judicial y que la Suprema Corte no tiene facultades para dictaminar.
Y es que la conformación del TEPJF tiene que ver con la partidocracia que se vive, los magistrados fueron propuestos por los partidos políticos y gozan de cierta autonomía, por lo que ni la SCJN tiene injerencia en sus asuntos.
Mientras que el ministro presidente Zaldívar aceptó un diálogo con los cinco magistrados inconformes para llegar a una solución que podría ser una presidencia interina para después organizar una presidencia formal.
Incluso Ricardo Monreal se ha sumado para ofrecer al Senado como medio de diálogo para solucionar la crisis del Poder Judicial.
Indistintamente de lo que suceda con la presidencia, la organización del TEPJF también tendría que ser parte de la reforma electoral que necesita el INE y sus reglamentos como lo hemos señalado en entregas pasadas.