Mesa de diálogo ante riesgos de conflicto postelectoral

Martes, Junio 22, 2021 - 07:54

En Puebla al menos en 40 de los 217 municipios se registraron conflictos postelectorales

Soy Fernando Manzanilla Prieto, desde hace 20 años la vida me ha dado el privilegio de servir a las familias poblanas. Mi mayor anhelo es que a mí Estado le vaya bien. 

En los mil 900 ayuntamientos en los que hubo elecciones este 6 de junio, tendría que haber iniciado ya el proceso de entrega-recepción. Como en toda democracia, el gobierno del partido perdedor se reúne con el candidato del partido ganador para definir un calendario de transición. De esta manera cada área del gobierno saliente, le presenta la información de los asuntos y el estado de los proyectos que se realizaron durante el periodo de gobierno. Así, el gobierno entrante tiene la oportunidad de revisar que todo esté en orden y de identificar aquellos proyectos que requieren continuidad o que son prioritarios.

En un mundo ideal, este proceso tendría que transcurrir de manera ordenada y civilizada. De hecho, a nivel federal y estatal existe una reglamentación que establece los criterios y procedimientos para realizar una transición tersa y pulcra. Incluso a nivel federal está contemplada en la ley una partida presupuestal especial para financiar esta etapa de gobierno, es decir, del periodo de transición.

El problema es que, a nivel municipal, en muchos estados —entre ellos Puebla— los protocolos y la reglamentación establecida para tal efecto son de muy reciente creación, por lo que la civilidad del proceso depende enteramente de la rivalidad y el grado de conflicto postelectoral que empañe el resultado en cada municipio. Y cuando esta rivalidad se torna violenta, el conflicto postelectoral es una expresión más de la confrontación política.

En Puebla, hasta el momento sabemos que, en al menos 40 de los 217 municipios del estado, se registraron conflictos postelectorales. Los focos rojos están en Ixtacamaxtitlán, Huejotzingo, Amozoc, Tlacotepec, Tlapanalá y San Gregorio Atzompa.

La autoridad electoral local informó que crecerá el conflicto postelectoral en Palmar de Bravo, Huauchinango, Calpan, Vicente Guerrero, Zacatlán, Ahuazotepec, Zapotitlán, San Diego La Mesa, San Antonio Cañada, Coyomeapan, Libres y San Miguel Xoxtla.

El INE, por su parte, informó que hubo quema de boletas electorales en los municipios de Huaquechula, Atzitzintla, Huehuetlán el Grande, Santa Rita Tlahuapan, Chiconcuautla y Coxcatlán. Esta práctica de quemar algunos paquetes electorales tiene como objetivo obligar a la autoridad electoral a repetir la elección.

Asimismo, se tiene reporte del uso de armas de fuego para amedrentar en Tlatlauquitepec, Tlachichuca, San Martín Texmelucan, Coronango, Ocoyucan, Teziutlán, Santiago Miahuatlán e Izúcar de Matamoros. Y todo parece indicar que es un hecho la anulación de la elección en San José Miahuatlán y Teotlalco, donde pobladores inconformes impidieron la distribución de la paquetería electoral a las mesas directivas de casilla.

Si a todo esto sumamos el hecho de que ya hay indicios de que en los municipios donde hubo irregularidades menores, el proceso de entrega-recepción será tortuoso dada la rivalidad y la pugna natural entre partidos o coaliciones ganadoras y perdedoras, es previsible que en todos los casos habrá dilaciones en la designación de comisiones para la transición, amenazas de auditorías, así como señalamientos y acusaciones que no auguran nada bueno.

Ante la ausencia de una autoridad electoral local fuerte, el riesgo de que las transiciones municipales se conviertan en un foco de desestabilización política regional crece notablemente. Y las posibilidades de que esto pueda escalar son reales.

Por ello, al margen de que vaya avanzando el proceso de impugnaciones de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, conviene valorar la conveniencia de utilizar un mecanismo de diálogo y concertación que pudiera coadyuvar a aminorar el riesgo de que escale el encono y la disputa postelectoral. Como ya lo he mencionado en otros espacios, podría utilizarse la figura de la Mesa Política de Diálogo Permanente que propusimos y que llevamos a cabo desde el gobierno estatal en las elecciones extraordinarias del 2019.

En aquella mesa, participaron todas las fuerzas políticas y las instituciones de seguridad pública del estado, así como el Instituto Electoral Estatal, el Instituto Nacional Electoral, el gobierno federal, la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República a través de la FEPADE. Y cumplió su objetivo: atenuar el conflicto antes, durante y posterior a la elección.

Ya vimos que previo a la jornada electoral, Puebla se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de agresiones contra políticos durante el proceso electoral que comenzó en septiembre. Todavía estamos a tiempo de evitar que nuestro estado aparezca en los primeros lugares de la estadística de conflictos postelectorales. Aprovechemos todos los mecanismos al alcance, como las mesas de diálogo, para enviar un potente mensaje de unidad y civilidad a quienes pretendan desestabilizar el estado.