No cabe duda que las crisis de inseguridad y la limitada capacitación policial se convierten en bombas de tiempo que, con el menor pretexto, explotan con lamentables consecuencias.
Los hechos de barbarie ocurridos en San Nicolás Buenos Aires, en los que fallecieron dos personas, son un reflejo de esta crisis, en especial de la falta de confianza en las autoridades y el sistema de justicia, pero también de la tolerancia, la inmovilidad y la impunidad de que la que disfrutan muchos criminales.
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Puebla no escapa de las múltiples historias de este tipo. De hecho, el triste y vergonzoso episodio del 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, junta auxiliar de la capital, estableció un antes y un después en la historia de Puebla.
Desde ese entonces, la entidad quedó marcada en los libros de historia. Incluso, existen personas que en estos tiempos temen visitar el lugar por el fantasma que recorre esas calles en las que fueron linchados cinco estudiantes de la entonces UAP.
Y aún cuando existen leyes que impiden hacer justicia por propia mano, la mayoría de los casos queda sin efecto por el gran malestar social y el miedo de las instituciones para enemistarse con toda una comunidad.
La pobreza, la inseguridad, las carencias, la pérdida de principios, el rompimiento del tejido social y el desconocimiento de los protocolos en casos de emergencia son, entre otros, los elementos que generan este tipo de sucesos.
De acuerdo con Raúl Rodríguez Guillén, Doctor en Sociología y catedrático de la UAM, “la crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral; es el detonante que expresa que los límites sociales se han roto y es necesario poner coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen en contra de la sociedad”.
El Informe Especial Sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, especifica que los linchamientos se traducen en el sentimiento de vivir en un Estado fallido, en el que el uso legítimo de la fuerza reconocida al Estado da paso a la violencia privada.
“…La politización de la violencia colectiva pone en juego la capacidad de los gobernantes para establecer la paz cuidando que el monopolio de la violencia del Estado continúe y que el ejercicio de la violencia ciudadana no aparezca en un Estado Democrático y de Derecho. En ese sentido, el fenómeno de los linchamientos se configura no sólo como un tema de violencia privada, sino también, como un problema político, es decir, de manejo de poder…”.
Así pues, el hartazgo social se ha convertido en un método de control social. Hay vacíos de autoridad que han hecho del linchamiento una práctica común en algunas localidades, principalmente las olvidadas por las autoridades.
Lo más preocupante es que muchos de estos actos tienen que ver con mensajes falsos o rumores ficticios con resultados realmente lamentables. En ese sentido, mientras la justicia del Estado continúe con prácticas de exclusión y omisión los linchamientos no cesarán.
Es necesario entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto, diseñen políticas públicas sobre el particular -especialmente de prevención-, mejoren la seguridad en las zonas más conflictivas y orienten a la población sobre los protocolos a seguir en caso de un incidente delictivo.
Es imperativo que el tema sea abordado con prontitud. No se trata de un fenómeno social aislado, sino de un asunto que necesita atención inmediata, de lo contrario la entidad continuará en el imaginario colectivo como la Puebla de los linchamientos.
Ojalá que lo ocurrido en San Nicolás Buenos Aires sea el punto de partida y la cachetada que necesita el Estado para despertar de su letargo.