Hace unos días, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, la ETOE. Los datos son alarmantes: en el pasado mes de abril se perdieron 2.1 millones de empleos formales y 10.4 millones de empleos informales. Es decir, 12.5 millones de personas —casi el equivalente a la población total de Guatemala— dejaron de percibir ingresos a causa de la pandemia.
Estos nuevos desempleados se suman a los 12 millones de mexicanas y mexicanos que, desde antes de la pandemia, ya vivían en pobreza energética, es decir, que mes con mes, se veían en el penoso dilema de pagar la luz o comer.
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En respuesta a esta situación ha habido diversas propuestas para crear un seguro de desempleo o un ingreso vital de emergencia para todos los que se quedaron sin trabajo. Sin duda, una solución como ésta, aunque fuera de manera temporal, ayudaría a millones de familias que están viviendo una situación difícil en medio de la emergencia.
En tanto se define si se aprueba o no este ingreso, sociedad y gobierno tenemos la obligación ética y moral, de brindar una respuesta inmediata a este segmento de la población que no tiene qué comer. Estamos hablando de casi 25 millones de personas, es decir, una quinta parte de la población nacional, que necesita apoyo alimentario para subsistir la pandemia.
Algunos gobiernos estatales han implementado programas emergentes de apoyo alimentario que han tenido mucho éxito. Por ejemplo, el programa de “Mercomuna” en la Ciudad de México y el programa “Jalisco sin hambre”. Hay muchas otras iniciativas exitosas, como la de los vecinos de la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, Estado de México, quienes crearon un banco de alimentos para apoyar a las familias afectadas por la pandemia.
Recordemos que los bancos de alimentos son un mecanismo exitoso para canalizar alimentos donados por grandes centros de abasto, supermercados, tiendas de conveniencia, agricultores, empacadoras y por la industria de alimentos en general, hacia los sectores que más lo necesitan. Estos bancos necesitan de ayuda gubernamental y del apoyo de la sociedad en general, en especial de la comunidad empresarial.
Pensando en ello, y tomando en cuenta estas iniciativas y otros proyectos comunitarios exitosos de apoyo alimentario a nivel local, propuse un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados, para impulsar la operación articulada de los bancos de alimentos, con otras iniciativas institucionales como los comedores comunitarios y la entrega de vales de comida, en favor de las personas y grupos vulnerables.
El objetivo es apoyar a los bancos de alimentos para que las donaciones que reciban sean más y mejores, habilitar un esquema de información y servicio móvil de entrega de despensas, que puedan llevar alimentos a las poblaciones más vulnerables, así como para articular esos esfuerzos con la operación de comedores comunitarios en todo el país.
Para lograrlo, es necesario impulsar una amplia iniciativa ciudadana, que podríamos denominar “Aquí Nadie se Queda Sin Comer”, para que en estos momentos de crisis, articulemos en un solo esfuerzo nacional las distintas acciones sociales e institucionales, y con esa gran fuerza hacer del apoyo alimentario una acción permanente.
Con esto en mente, he convocado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a hacer un amplio llamado a las grandes empresas, centrales de abastos, restaurantes, fondas y, a la población en general, a sumarse a esta iniciativa para canalizar alimentos hacia la población que hoy más los necesita.
En este esfuerzo, será fundamental la participación desinteresada de organizaciones de la sociedad civil, artistas, iglesia, comunicadores y líderes de opinión, con alta calidad moral y probada honestidad, para encabezar la entrega de víveres, despensas, desayunos fríos y calientes, comidas y paquetes alimentarios de ayuda, a las y los mexicanos que se quedaron sin ingresos en esta emergencia sanitaria.
Hoy más que nunca, debemos hacer de la solidaridad la bandera principal para enfrentar la adversidad.