El pasado viernes, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial, un acuerdo para fijar las tarifas finales de suministro eléctrico básico a usuarios domésticos durante el periodo que dure la emergencia sanitaria en el país.
Esto no quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad vaya a dejar de cobrar la luz. Lo que significa es que solo cobrará el equivalente al consumo promedio mensual de cada familia, mostrado antes del inicio de la emergencia.
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De tal manera que, si una familia solía pagar en promedio 100 mensuales de luz, a partir del 30 de marzo seguirá pagando esa misma cantidad, aún cuando se exceda en el consumo de energía. Esta medida será vigente hasta una semana posterior a que se dé por concluida la emergencia sanitaria establecida por el Consejo de Salubridad General.
Y se suma a otras acciones anunciadas recientemente por el Presidente, como, por ejemplo, la ampliación de programas sociales y el otorgamiento de créditos a empresas familiares, tanto formales como informales, en apoyo a las familias más vulnerables.
Efectivamente, muchas personas que se están quedando en casa para evitar la propagación del virus, siguen trabajando desde sus hogares para poder sostener el gasto familiar. Esto ha ocasionado un aumento en el consumo de luz, y es de gran ayuda no tener que pagar este excedente.
Sin embargo, a pesar de ser una medida adecuada, considero que puede ser insuficiente en el caso de muchas mexicanas y mexicanos que se verán imposibilitados a realizar el pago de la luz debido a la situación económica y falta de empleo durante esta emergencia.
Es un hecho que millones de hogares no tienen cómo pagar la luz. Sobre todo, en las zonas marginadas de nuestro país. Si en esta emergencia una familia tiene que decidir entre comprar comida o pagar la luz, lógicamente optará por adquirir alimentos.
De acuerdo con diversos estudios, entre 11 y 12 millones de mexicanos viven en “pobreza energética”, es decir, deben elegir entre pagar la luz, el gas o comer. Esta situación se registra en entidades como Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que en conjunto concentran al 60% de la población cuyo ingreso es menor al costo mensual de la canasta básica alimentaria que establece lo que, según el CONEVAL, se conoce como línea de bienestar mínimo.
Al no pagar el recibo de luz este amplio segmento de la población, que en su mayoría vive en la periferia de las zonas urbanas en todo el país, enfrenta el cobro de recargos y, en muchos casos, cortes del servicio. Y cortarle la luz a quienes no tienen forma de pagarla, es siempre, un verdadero despropósito, todavía más en estos momentos de emergencia.
Por eso, pensando en las millones de familias que no podrán cumplir con sus pagos de luz, presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que evalúe e implemente una política de condonación o de diferimiento de pagos por concepto de prestación de servicio y suministro de energía eléctrica.
El objetivo es que, a partir de un enfoque social, se beneficie a los grupos más vulnerables y, en general, a las personas que, con motivo de la contingencia sanitaria y sus consecuencias económicas, les resulte imposible realizar el pago de la luz durante esta emergencia.
Con la condonación o el diferimiento del pago de la luz, apoyaremos a millones de mexicanas y mexicanos a salir adelante. Considero que, sin poner en riesgo las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, es posible canalizar recursos extraordinarios en beneficio de quienes más lo necesitan durante esta emergencia nacional.
Reitero el llamado a que la autoridad energética del país, sea sensible a esta realidad social en la que viven millones de familias que, hoy más que nunca, requieren de toda nuestra solidaridad.