El derecho a la expresión está garantizado en nuestra Carta Magna, donde el ciudadano y prensa, poseen la absoluta responsabilidad de decir, expresar y manifestar ideas, pronunciamientos, denuncias contra corrupción, contra la impunidad y represión a la que es objeto la ciudadanía o medios de comunicación y prensa, por el simple hecho de ubicar y responsabilizar a quienes violan la Constitución, los derechos sociales, por parte de distintas autoridades como particulares.
Dentro de la libertad de expresión, está el periodismo comprometido con una sociedad y nación, anhelantes de conocer y saber los niveles de corrupción e injusticias que cometen criminales de cuello blanco, quienes violentan las leyes, para satisfacer sus apetitos de poder, enriqueciéndose sus arcas personales, acosta de saquear las finanzas públicas, como también de vender soberanía. Los hay quienes asaltan a pueblos y ciudadanos, al cometer fraudes. En el entendido de que el poder los ampara.
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La labor de un periodismo comprometido, radica en metas y objetivos de sacar a la luz, todo acto de corrupción, de represión, de violación a los derechos humanos, de ejecuciones sumarias por parte del Estado y gobierno; de sus complicidades con criminales violentos del narcotráfico, como también de aquellos que cometen fraudes. La gama donde ese periodismo comprometido es amplia, como gigantesca la criminalidad de sus causantes y actores del delio, que el resultado penoso, es la sociedad reducida a que les nieguen su derecho a saber la verdad y cómo o por qué le violaron sus derechos todos.
Los efectos en un país de dicha criminalidad de los de cuello blanco, es miserable como vergonzosa, donde la forma de ir corrigiendo, es mediante un pueblo que logre conquistar la democracia, aplicando la justicia contra esos criminales. De lo contrario, permanecerán satisfechos por su impunidad cínica e hipócrita.
Nuestra historia patria, da cuenta de esos personajes, sobre todo con la llegada de los tecnócratas del salinismo al peñismo, pasando por dos oportunistas del PAN con Fox y Calderón, quienes jugaron a la complicidad. No podemos excluir a gobernadores, a presidentes municipales y legisladores de todo tipo, que se amparan en un partido político, para vender la idea de que “lucharán por la democracia” para que voten por estos “santos” candidatos. Ya en el poder, lucifer es su guardián protector.
Cuando, por labor de investigación periodística, sale y exhibe esa realidad cruel como criminal, los mismos acusan al periodista de “violar la moral y dignidad” de ese funcionario, mismo que emprende acciones punitivas contra el periodista, ya sea demandándolo por perjurio y la manipulación de la ley, mediante “El Daño Moral”, demandas que intentan doblegar al periodista, bajo amenazas de que esté “obligado” a pagar indemnizaciones gigantescas, hasta ser encarcelado.
VIOLACIÓN AL DERECHO DE PRENSA
Antes de dar respuesta, citemos la labor periodística y editorial del periodista alemán Günter Wallraff , quien recurre a asumir diversas identidades, para realizar trabajo de investigación, mediante el uso de los disfraces más disímiles. Célebre fue su disfraz del obrero turco Alí, identidad utilizada para realizar su reportaje Cabeza de turco, con el que denunció las condiciones tortuosas en que trabajaban los inmigrantes en Alemania Occidental durante la década de 1980.
Otro de los libros que recopila sus investigaciones es El periodista indeseable, título que expresa muy bien lo que él representa para las personas que son materia de sus pesquisas. Su polémica forma de investigar le ha traído numerosos problemas y ha motivado cuestionamientos sobre su manera de buscar la información. ¿Es correcto o no valerse del camuflaje? En las historias que componen ese volumen, Wallraff se convierte en empresario católico, en hombre de finanzas adscrito a la ultraderecha, en periodista de prensa amarilla. Los resultados de sus investigaciones siempre son contundentes.
Ese es Günter Wallraff, un sabueso incansable que roe las membranas más duras y reacias de la sociedad alemana para evidenciar sus taras y odios inveterados. El aspecto de Wallraff varía una y otra vez, pero su mirada es siempre la misma: dura y artera como todo lo verdadero. Y es justo la verdad lo que siempre ha buscado y seguirá buscando. La verdad de la sociedad alemana contemporánea en toda su cruel desnudez.
El trabajo del periodismo comprometido, también trae riesgos de demandas penales y comerciales, de parte de quienes se siente afectados en sus intereses. Cuando dichos procesos y amenazas no funcionan, buscan comprar la voluntad de los periodistas, lo que en México se conoce como “chayote”. Si aun así no pega, secuestran o golpean al periodista, al grado de asesinarlo y desaparecerlo.
Como es el caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudita que fue asesinado, descuartizado y desaparecidos sus restos, por ser directo en sus investigaciones de corrupción del gobierno saudí. En cuanto a revelar secretos de algún gobierno, tenemos a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien reveló secretos de los gobiernos norteamericanos, mismos que mediante artilugios y mentiras, promovieron golpes de estado contra dirigentes y presidentes de varios países, así como engañar que algún país es amenaza contra el mundo, para efectuar invasiones y guerras. Gracias a Julian, nos enteramos el verdadero rostro criminal y genocida de los gobiernos norteamericanos y sus corporaciones empresariales. A la fecha, Julian, luego de ser refugiado político en la embajada de Ecuador, bajo presiones norteamericanas, fue hecho preso por el gobierno inglés, para que Estados Unidos tramite su extradición y ser enjuiciado por espionaje.
México registra el mayor número de asesinados en 2019 en un país en paz, “tantos como Siria en guerra”. Además, la probabilidad de que los autores de los asesinatos sean juzgados algún día es casi nula, “ya que el país también se distingue por su tasa de impunidad de crímenes cometidos contra periodistas, que supera el 90%”.
Reporteros Sin Fronteras resalta en especial los casos de asesinatos que son “sintomáticos de la ineficiencia de las autoridades mexicanas a la hora de frenar esta espiral de violencia contra la prensa”.
El informe destaca el caso de la periodista Norma Garabia Sarduza en el estado mexicano de Tabasco, “que había reclamado sin éxito protección tras recibir amenazas por una serie de artículos sobre corrupción policial local”.
Y también el de su colega Francisco Romero Díaz, “que se beneficiaba de las medidas de seguridad del Mecanismo de Protección Federal y disponía de escolta y un ‘botón de pánico'”.
En Honduras, dice RSF, dos periodistas “fueron asesinados a sangre fría a plena luz del día”, en un país “igualmente superado por la corrupción y el crimen organizado”.
Carmen Aristegui, en 2015, por intereses económicos y políticos de los dueños de MVS, violando sus derechos de expresión y difusión, le retiran del programa Primera Emisión de Noticias MVS, dándose un proceso legal para recuperar su medio de expresión. Al final, después del juicio y demanda, el poder político de MVS con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, la vencieron.
Otro caso vergonzoso, es el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés demandó por daño moral al investigador y periodista Sergio Aguayo Quezada, quien dirige una investigación sobre la matanza de Allende, Coahuila.
Además, el también ex líder nacional priista demanda una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que las opiniones vertidas por el académico del Colegio de México en un artículo publicado el 20 de enero pasado, afecta su reputación.
Por esa fecha, Moreira Valdés fue detenido en España por presunto blanqueo de capitales, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal por hechos cometidos durante su etapa como gobernador de Coahuila.
Al respecto, Aguayo señaló que la carrera pública del exmandatario coahuilense “olía a corrupción” y que era un ejemplo de impunidad.
Recientemente, la Presidencia de la República entregó a Contralínea un expediente de 780 fojas relacionado con la publicidad del gobierno de Peña Nieto a periodistas. Incluye contratos, escrituras públicas, RFC, tarifarios –“media kit”–, entre otros documentos relativos a la presunta venta de contenidos criticada por el presidente López Obrador. El archivo, sobre 43 empresas de columnistas y medios
Puebla no está exenta de violaciones al derecho de expresión y difusión contra periodistas, porque periodistas como Alejandro Mondragón, fue denunciado en los gobiernos de Mario Marín y Rafael Moreno Valle, sobre todo este último quien pensó que Puebla era un feudo. Con la llegada a la presidencia de la república de López Obrador, se pensó que no surgiría el fantasma de represión social ni de prensa. Ciertamente, el presidente de la república ha insistido en respetar los derechos de expresión, no así gobernadores, quienes tal pareciera ser sordos e invidentes o que no saben leer, mismos que caminan en sentido opuesto a la presidencia, aplicando represión contra la prensa, por el simple hecho o gusto de que si sale a la luz actos de corrupción, se hacen los ofendidos, demandando al periodista.
Además de que Puebla está en el ojo del huracán nacional e internacional por el asesinato de tres estudiantes de medicina de las universidades de la UPAEP y BUAP, dos colombianos uno del estado de Veracruz, en el municipio de Huejotzingo, derivando protestas de universitarios, al grado que se han sumado ya 9 universidades e instituciones educativas de estado, además de la UNAM, exigiendo aclarar y justicia.
Se suma que tanto los órganos Red Puebla de Periodistas, Nodo de Transparencia y ARTICLE 19, como también el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, se manifestaron contra el hostigamiento y demanda civil, contra el reportero y director del periódico electrónico e-consulta, Rodolfo Ruiz, por parte del diputado de Morena Gabriel Biestro Medinilla reconoció que presentó una demanda por daño moral en contra del periodista Rodolfo Ruiz.
Las organizaciones Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), la Red Puebla de Periodistas, Nodo de Transparencia y ARTICLE 19 denunciamos que desde el 20 de enero de 2020 las y los directores de los medios de información E-Consulta, El Popular y Datamos, Rodolfo Ruíz Rodríguez, Carolina Fernández Galindo e Israel Velázquez García respectivamente y así como otros medios, han sido víctimas de acoso judicial a través de demandas civiles por daño moral. Esto por parte del diputado Gabriel Biestro Medinilla; el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas; y al subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, en Puebla.
En las cuatro demandas está señalado Rodolfo Ruíz Rodríguez y el medio digital E-Consulta, en el caso de El Popular está señalada en las demandas interpuestas por Seth Yassir y Juan Pablo Cortés, y en el caso de Datamos se le señala en la demanda interpuesta por Jesús de la Luz Sánchez Cuevas.
Los demandantes reclaman ante el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Juzgados en materia Civil del Estado de Puebla, un daño moral derivado de diversas columnas de opinión realizadas por Rodolfo Ruíz Rodríguez, director de E-Consulta, hablando y opinando respecto a la actuación de dichos funcionarios públicos, mismas que fueron replicadas en los medios E-Consulta, El Popular y Datamos.
Por ejemplo, en la demanda interpuesta por el diputado Gabriel Biestro, se señala a la columna de opinión “La Corte de los Milagros” de Rodolfo Ruíz en la que habla “De certificados chocolate de vecindad y abogados que buscan sacar raja de la 4T por partida doble”[1] como una las causantes, entre otras columnas mencionadas, del daño moral que alega. En dicha demanda, Gabriel Biestro señala.
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su preocupación por el acoso judicial que medios de comunicación enfrentan en Puebla.
Como hemos puntualizado, los diversos casos de violación a la libertad de expresión social como del ejercicio de la prensa comprometida, no cabe en mentes que se dicen ser demócratas, cuando se les fundamenta sus ángulos negativos, que van en contra de la justicia, equidad y democracia en sí.
Si el actual gobierno de la Cuarta Transformación combate la corrupción, como casos emblemáticos del entonces director de PEMEX, Emilio Losoya Austin y otros más, junto con algunos gobernadores que siguen proceso penal por crimen organizado y otros delitos, además de que en Estados Unidos también es enjuiciado Genaro García Luna, no es posible que se evadan responsabilidades que son contabilizadas por este periodismo comprometido.
Es de justica el no permitir la violación al derecho a la expresión, de lo contrario, la ley mordaza, hará a un pueblo ignorante y con temor a exigir la no violación de sus derechos, por parte de quien violente la Constitución. Es cuanto.
rodrigo.ivan@yahoo.com.mx Analista político y de prospectiva social