En días pasados fuimos testigos del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla. En medio de los reclamos de justicia por este acto atroz, diversos medios de comunicación comenzaron a difundir las imágenes del cuerpo mutilado de esta joven, convirtiendo indebidamente el caso en un objeto de consumo para nutrir el morbo.
En nuestro esfuerzo permanente por abatir la criminalidad y construir una sociedad libre de violencia, la autoridad tiene la obligación ética y moral, de estar siempre del lado de las víctimas. Así está establecido en nuestro marco constitucional, pero además, así debe ser porque es un derecho humano elemental proteger a quienes han sido víctimas de un acto violento.
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Cuando una persona sufre algún delito de naturaleza violenta, vive un intenso dolor que se extiende a toda la familia y a la comunidad. Aún más, si se trata de un secuestro, de alguna extorsión, o de un homicidio o feminicidio, que son los delitos que más afectan a la sociedad.
Es por eso que llama poderosamente la atención el comportamiento de la autoridad ante lo ocurrido con la joven poblana, Ingrid Escamilla. Porque además de haber sido brutalmente asesinada y su cuerpo profanado en forma indescriptible, fue nuevamente agredida y violentada en sus derechos, por la autoridad encargada de velar por su dignidad y privacidad como víctima.
Es claro que el comportamiento del feminicida confeso solo puede ser producto de la vileza y la atrocidad de alguien carente de escrúpulos, consciencia y humanidad. Sin embargo, es igualmente deleznable e infame el comportamiento de los servidores públicos responsables de haber filtrado las imágenes de la víctima a los medios de comunicación.
Esta bajeza ha sido fuertemente cuestionada y reprobada por la sociedad y será recordada por la indolencia y la irresponsabilidad de quienes lucraron con el dolor de la memoria de Ingrid Escamilla, así como de sus deudos.
Para poner un alto a este tipo de prácticas, en mi calidad de diputado federal, he presentado una iniciativa de ley con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 149 quáter, al Código Penal Federal.
La propuesta considera sancionar al servidor público que, de forma impresa o digital, capture y haga públicas, frente a quien no tenga derecho, las fotografías, imágenes, videos o cualquier otro tipo de recurso audiovisual o información.
Los beneficiarios de esta nueva ley serían las víctimas de los delitos de lesiones, feminicidio, homicidio o de los delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, y contra el libre desarrollo de la personalidad.
Entre los servidores públicos considerados se encuentran los policías, peritos, primeros respondientes o agentes del Ministerio Público. La sanción propuesta será de tres a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa a quien infrinja esta ley.
Es importante aclarar que con esta propuesta no se pretende señalar o estigmatizar la labor de policías y autoridades ministeriales. Se trata de evitar la revictimización de quienes han sufrido un delito violento inhibiendo posibles conductas irresponsables por parte de funcionarios sin escrúpulos ante crímenes graves.
Todos tenemos derecho a que se tutele y salvaguarde nuestro derecho a la dignidad, la privacidad y el honor más allá de la propia existencia. Aún como víctimas mortales de un delito, seguimos gozando de diversos derechos que perviven y trascienden la vida, y que están consagrados en nuestras leyes. Sobre todo, cuando una persona es violentada y privada de la vida producto de un feminicidio.
El objetivo de este nuevo ordenamiento es alcanzar la justicia, pero con dignidad. Es construir una sociedad de derechos en la que se respete plenamente la integridad de las niñas y las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene que parar. Nunca más, una más.