La disputa por la Universidad entre autoridades y gobierno estatal se complica, si bien se ha agudizado en nuestra entidad, es pertinente considerar que se trata de una problemática más general.
La reciente declaración del gobernador sobre imponer un órgano de control interno a la BUAP ha intensificado la disputa espectacular sobre la Universidad y su autonomía. Aun cuando no se ha presentado tal propuesta, ya los medios de comunicación han saturado sus espacios con declaraciones de distintos actores políticos. Sin embargo, más allá del formidable espectáculo que significa, lo cierto es que en el fondo, a nivel nacional, hay una disputa por la conducción de la educación superior y sus instituciones, la cual tiene que ver con la transparencia de los recursos públicos, pero también con la orientación de las funciones sustantivas de ellas, es decir, de los objetivos de la misma educación superior y de la investigación tecnocientífica.
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Si bien la disputa local es mucho más aguda, es importante considerar que el problema de la opacidad de las instituciones públicas de educación superior -que en varios casos se convirtió en un gigantesco desvío de fondos y profunda corrupción- tiene una dimensión nacional; la amplitud de estas prácticas (p. e. la denominada estafa maestra) es la causa de que en más de una decena de entidades federativas se estén presentando iniciativas legislativas para auditar y supervisar los fondos públicos que ejercen las universidades. En el caso de la BUAP, la complicidad con los gobiernos PRIAN desde la década de los noventa, el enquistamiento de la élite burocrática y el ejercicio absoluto y arbitrario del poder, son prácticas que sustentan las múltiples sospechas y denuncias sobre el uso inadecuado y no transparente de los recursos públicos que recibe (además del enriquecimiento “inexplicable” de exrectores y funcionarios).
Desde nuestro punto de vista es necesario discutir a fondo las políticas federales sobre la educación superior (ya existe una propuesta de Ley) y las de ciencia y tecnología, al mismo tiempo que se analizan los cambios necesarios para la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos (federales, estatales y los propios). Aunado a esto, existe un conjunto de problemas en las universidades públicas que tienen que ver con: contenidos académicos y perfiles profesionales; los métodos y modelos pedagógicos; condiciones de trabajo y estructuras salariales; gestión burocrática y autoritaria; violencia de género; tipo de investigación y alcances de sus resultados e impactos; entre otros. No está por demás señalar que la opacidad en la gestión y uso de los recursos públicos en las universidades no está separada de su funcionamiento interno. En este marco, podemos afirmar que se trata de repensar a la universidad como institución pública y su función en la sociedad; en concreto, debería de buscarse romper con su orientación neoliberal.
En este contexto, nos interesa comentar tres aspectos que están presentes en la coyuntura que atraviesa la BUAP, dejando para artículos posteriores los comentarios sobre las temáticas más generales.
En primer lugar, hay que recordar que la gestión universitaria interna está sustentada en el Consejo Universitario, como máximo órgano de gobierno, en el cual participan 43 directores 86 estudiantes, 86 académicos y 3 trabajadores no académicos. La elección de ellos es a través de la votación sectorial por unidad académica; esta forma sustituyó a la elección de las autoridades por voto universal, directo y secreto. El sistema de elección incluye requisitos y una fase de “auscultación”, previa al registro de candidatos. En su conjunto este sistema ha servido muy bien para constituir y reproducir la élite burocrática que detenta el poder en la BUAP desde hace 30 años, a partir de prácticas como: el uso discriminatorio, excluyente y autoritario de los “requisitos” (p. e. el de ser académico Titular, o bien la edad de 65 años o su “solvencia moral”); el manejo intimidatorio y descalificatorio de la “auscultación”; el financiamiento encubierto (y a veces totalmente abierto) y apoyo a las candidaturas afines a esa élite burocrática; la presión y amenazas sobre los candidatos no oficiales; entre otras.
Por lo anterior, una consecuencia de ese sistema es la sorprendente “unidad” y “consenso” que hay tanto en las elecciones -con frecuentes candidaturas “únicas”- como en las votaciones del Consejo Universitario -donde predomina la ausencia de voces críticas. En tanto que las bases universitarias se (o las) mantienen alejadas de las problemáticas fundamentales de la Universidad. Hay claramente una ruptura entre los órganos de gobierno y esa base estudiantil y académica. Así, no es extraño que se avalen una y otra vez los informes de gestión y los financieros (incluidas las auditorias) que presentan las autoridades. En el contexto de un cambio político y social en la entidad y a nivel nacional, esta forma de gobierno muestra ya su agotamiento, es urgente su transformación, su democratización, que permita la libre expresión e incidencia de todos los universitarios en la toma de decisiones.
Segundo, vinculado con lo anterior, es pertinente destacar que esa élite burocrática se ha sustentado y reproducido a partir de la segmentación salarial y la individualización de la lucha por el mejoramiento de los ingresos. Respecto a la segmentación, se puede identificar grandes capas de trabajadores universitarios en las que se van a expresar fuertes diferencias salariales, que son difíciles de transitar, veamos el caso del personal directivo: el salario mensual tabulado más alto es de $86,699, el del rector, y el más bajo es el de $25,842, correspondiente al de coordinador académico. Sin embargo, de los 343 empleados de confianza y mandos medios existentes en julio de 2019, se puede observar que 99 (el 27.9%) tienen un ingreso superior a los 50 mil pesos mensuales (ver gráfico). No entramos en detalles, estos 343 funcionarios de la BUAP, menos del 5% del total de trabajadores universitarios, conforman lo que se ha denominado como la “burocracia dorada”, que incluye vicerrectores, directores, coordinadores y jefes, de distintas unidades y departamentos. Esta élite burocrática, representa una fuerte carga presupuestaria y se agrava si consideramos que una parte de ella ha pasado a jubilarse con esos altos ingresos, p. e. los tres exrectores tienen una “pensión” cercana a los 90 mil pesos.
Si el Consejo Universitario considerara seriamente llevar a cabo una revisión del presupuesto, dada la restricción que hoy se impone desde las autoridades gubernamentales, sería pertinente que se revisaran los tabuladores salariales; uno de los principios que habría que recuperar es que los puestos por elección y nombramientos de alto nivel deben tener una connotación honorífica, de compromiso y honor universitario; por esto y dado que han formado parte de la planta académica, no deberían de tener un salario distinto al que percibían, en su caso se les debería de asignar una compensación extra, con ello se ahorrarían varios millones de pesos y se resignificarían tales puestos.
Gráfico 1. Ingresos de los funcionarios de la BUAP, 2019 (miles de pesos mensuales)
Elaboración propia con base en BUAP, Tabulado de puestos mensuales 2019 y BUAP, Estructura de la plantilla, Informe a la SEP, 2019.
Tercero, como parte de esta estructura de poder universitario, cabe destacar la nula presencia de las organizaciones sindicales oficiales (ASPABUAP Y SITBUAP), que tienen un origen ilegal, impuestas por las autoridades institucionales y gubernamentales; su fundación tuvo como sustento el desconocimiento arbitrario e ilícito del SUNTUAP en la década de los noventa, con un reiterado rechazo a su registro. Acciones que fueron fundamento para desaparecer la acción sindical y defensa de las condiciones de trabajo en la BUAP, desarrollándose la subcontratación y privatización de varias de las actividades que se realizaban por personal de base, imponiéndose la competencia y los estímulos individualizados, la desaparición de concursos abiertos para la contratación (lo cual permitió el clientelismo y la discrecionalidad), entre otros vicios. Hay que reconocer que en los últimos años ha habido convocatorias abiertas para plazas académicas, pero en varios casos aún persisten ese tipo de prácticas.
En el contexto de la nueva Ley Federal del Trabajo, que busca dignificar al sindicalismo, eliminar las falsas organizaciones de trabajadores (sindicatos blancos y dirigentes apatronados, charros), se abre un nuevo reto para los universitarios, pues las relaciones laborales deberán de ser mucho más nítidas, terminar con la arbitrariedad e instaurar reglas institucionales más abiertas. En tanto que las organizaciones y direcciones sindicales deberán responder a los intereses de los trabajadores y buscar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo e ingresos; pero considerando la misión y objetivos de las funciones universitarias y su carácter público, esto último debe ser sustancial y tendremos que profundizar sobre de ello.
La digna lucha que hoy sostiene el SUNTUAP exhibe la persistencia de autoridades gubernamentales que aun responden a los intereses de las estructuras de poder político PRIAN y de las cúpulas económicas e institucionales, sin embargo, el plantón que han sostenido en el zócalo de la ciudad ha logrado despertar muchas simpatías y se espera que finalmente se reconozca su existencia legal.
Como lo mencionamos, las tres problemáticas de la BUAP forman parte de los grandes retos que hoy tienen las instituciones de educación superior públicas, el lograr profundizar en su caracterización y encontrar soluciones de largo plazo demanda la participación crítica de los universitarios, en diálogo con los sectores sociales y considerando sus requerimientos (en especial de los más vulnerables), de lo contrario se corre de una imposición externa y, en especial, del estado y de los sectores privados.