No obstante que en horas de la mañana del jueves 17 de octubre todo era felicidad para el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque sintió que volaba hacia la Gloria cuando, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, aseguró que “hoy es un día histórico” porque puso en marcha, contra viento y marea, su capricho y ocurrencia de construir dentro una base militar lo que presume habrá de ser, en un término de 878 días (contados a partir del 24-10-2019, día en que se escribió este artículo de prensa), según él, el aeropuerto civil que sustituya a la actual terminal aérea de la Ciudad de México, terminó siendo para él un día desastroso por los sangrientos acontecimientos ocurridos durante la tarde de ese día en la ciudad de Culiacán, en el que sicarios del Cártel de Sinaloa se impusieron a un grupo de elementos del Ejército Nacional.
Poco antes de las 15 horas de ese jueves “histórico”, que terminó siendo negro para AMLO, mediante un improvisado y peor ejecutado operativo, que no tuvo pies ni cabeza, fuerzas de soldados capturaron a Ovidio Guzmán, hijo del jefe del Cártel de Sinaloa, Archivaldo Chapo Guzmán.
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La respuesta de la organización criminal a esa detención no se hizo esperar. Rápidamente diferentes grupos de personas vinculadas al narcotráfico sinaloense tomaron por asalto 42 vehículos, entre automóviles, autobuses y camiones de carga e incendiaron varios de ellos para bloquear calles y retuvieron un camión transportador de gasolina. Para amedrentar al ejército balacearon una unidad habitacional militar con el propósito de utilizar como rehenes a sus habitantes. A consecuencia de este acto intimidatorio, 60 familias abandonaron sus hogares y buscaron refugio en otros sitios.
Una célula de sicarios ocupó una caseta de peaje, en tanto otra promovía un motín en el Centro Penitenciario de Aguaruto para provocar la fuga de reclusos mediante la retención de dos custodios. Fugándose 55 reos. De éstos 26 están acusados de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de realizar actividades relacionadas con el tráfico de enervantes. Situación que los podría vincular al cártel que comanda el Chapo Guzmán.
Pese a la gravedad de esos acontecimientos, que mantenía atemorizadas a centenares de personas, el presidente de la república y también líder histórico de la Cuarta Transformación, permaneció ausente durante más de cuatro horas.
Modélico ejemplo siguieron, al pie de la letra, el gobernador Quirino Ordaz y los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez; de la Defensa Nacional, Cresencio (sin “c” intermedia) Sandoval y Alfonso Durazo de Seguridad y Protección Ciudadana.
Semejante escapismo ─o indiferencia─ tuvieron las demás personas que, junto con Sánchez, Sandoval y Durazo, integran el Gabinete de Seguridad Nacional que encabeza el presidente López Obrador.
Fue hasta las 20:28 horas de ese jueves negro, cuando públicamente apareció, a través un tuit, el secretario de seguridad Alfonso Durazo.
Paradójicamente, mientras la ciudad de Culiacán aún se encontraba bajo los efectos de la desigual batalla donde se enfrentaron a balazos soldados desorganizados y narcotraficantes bien pertrechados y mejor dirigidos, donde decenas de personas asustadas huyeron en todas direcciones entre vehículos incendiados y calles bloqueadas buscando un lugar seguro donde resguardarse, el presidente AMLO, todavía con el brillo en sus ojos de la luz que proyectaron los reflectores de las cámaras fotográficas que captaron el momento “histórico” de felicidad que lo invadió al poner en marcha la construcción del controvertido aeropuerto de Santa Lucía, cómoda y tranquilamente instalado en su departamento del Palacio Nacional, preparaba los últimos detalles de su viaje ─que más de trabajo pareció de huida─ a la ciudad de Oaxaca, donde habría de continuar repartiendo dinero, que esta vez dijo, se destinará a rehabilitar planteles escolares.
Después del fallido intento gubernamental de detener a Ovidio Guzmán, mediante una estrategia que ha demostrado su ineficiencia, López Obrador, ante los ojos de la opinión pública, apareció prácticamente arrodillado no solamente ante el Cártel de Sinaloa, sino ante todas las bandas de narcotraficantes nacionales.
Minutos antes de abordar el avión que lo conduciría a Oaxaca ─en un instante evidentemente inoportuno para la gobernabilidad del país─ el presidente López alcanzó a abrir la boca para anunciar lacónicamente que en esos “momentos está reunido el Gabinete de Seguridad”. Dando, de esta manera, la impresión que no sabía nada de nada de lo ocurrido poco antes en Culiacán.
Más tarde el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval habló para reconocer que los elementos que aprehendieron y liberaron a Ovidio Guzmán “actuaron de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención omitiendo, además, obtener el consenso de sus superiores.”
En una operación de control de daños que resultó ineficaz para restaurar la averiada figura presidencial y convertir en victoria lo que resultó una clara derrota, López Obrador dio instrucciones a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez para que en nombre y representación del gobierno federal, agradeciera “a la sociedad civil, a los gobernadores, funcionarios locales y federales, empresarios, a todos y a todas, los mensajes de solidaridad en esta difícil situación por la que atravesó el pueblo de Culiacán.”
Por supuesto que nadie, que cuente con una mínima capacidad de raciocinio, creyó este cuento de supuesta solidaridad hacia el fracaso más sonado que ha logrado el presidente de la república en sus primeros diez meses y medio de gobierno.
Las frecuentes declaraciones de AMLO en el sentido que no es represor y que jamás utilizará la fuerza pública para reprimir a la delincuencia constituyen un eficaz mensaje para que la delincuencia se incremente a lo largo y ancho del país, a sabiendas que cuanto delito cometan quedará sin castigo.
El domingo 20 de octubre, precisamente tres días después de los acontecimientos de Culiacán, desde la ciudad de Oaxaca, el presidente de la república envió un significativo mensaje a las fuerzas armadas donde agradece “al Ejército Nacional, que es pueblo uniformado, por la manera en que nos están ayudando para no utilizar la fuerza, porque podemos resolver los problemas mediante el diálogo, mediante el acuerdo, no con lo irracional del uso de la fuerza”.
Prueba de esto, es que a partir de los “interesantes acuerdos” que suscribió la secretaría de Gobernación con los normalistas de Tenería, los secuestros de autobuses y bloqueos de carreteras se han multiplicado.
En congruencia con ese mensaje insólito presidencial, López Obrador tiene la obligación de explicar a los mexicanos porque sí su gobierno no está dispuesto a utilizar, dentro del marco de los protocolos establecidos mundialmente, la fuerza pública para imponer y preservar el Estado de Derecho, envió a Culiacán 230 elementos de la Fuerza de Elite y 187 Fusileros Paracaidistas, fuertemente armados, con el propósito de lograr la pacificación de esa ciudad.
Si en la lógica de Obrador, la delincuencia se puede combatir, con buenos resultados, a base de besos y abrazos, con conversaciones y “acuerdos interesantes”, debe proceder a regresar cuanto antes a sus cuarteles a los elementos del Ejército y la Marina que tiene sembrados en todo el país persiguiendo delincuentes y decretar la desaparición de todos los órganos policíacos. Así como poner en venta sus armas junto al avión presidencial.
AMLO: “Por encima de las leyes está la vida”
Después que Andrés Manuel López Obrador anduvo pregonando machaconamente por todos los ámbitos del territorio nacional su simpatía y adhesión al apotegma que dice “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, ahora, con el propósito de justificar su errática inacción durante los sangrientos acontecimientos de Culiacán, terminó mandando al bote de la basura la frase que se atribuye al presidente Benito Juárez, al predicar, el 21 de octubre, que “Por encima de las leyes está la vida” de los delincuentes.
Punto de inflexión fallido
Cuando el encargado federal de la seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo, se desmoronaba de júbilo el lunes 14 de octubre, al informar que la administración de López Obrador logró un punto de inflexión en las actividades delincuenciales, en el municipio de Aguililla, Michoacán, un grupo de sicarios del Cártel Jalisco emboscó y asesinó a 14 policías estatales.
Y al día siguiente de esa declaración triunfalista de Durazo, en otro punto del país, situado en la comunidad guerrerense de Tepochica, Iguala, un militar y 14 personas de la sociedad civil resultaron muertas después de un enfrentamiento ocurrido entre elementos del Ejército Nacional y un grupo de individuos armados.
Dos días después, ocurrieron los sucesos de Culiacán que hicieron pinole el cacareado punto de inflexión y el falso entusiasmo del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gabinete presidencial de López Obrador.