Apenas el jueves pasado, el nuevo gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta en el Congreso del Estado ofreció: “Transformar el modelo de gobierno y la forma de hacer política para que tengan sentido social, con visión humanista y de respeto a los derechos humanos”, enfatizando que: “al poder público hay que quitarle la frivolidad, la ostentación, la opulencia y la fantochería. Hay que hacerlo humano, que sirva el poder. Separemos la política de cualquier beneficio de la misma”. Lo anterior fundamentado, según sus palabras en: “alguien que cree en la democracia”.
Nadie que quiera la mejora en su Estado podría estar en desacuerdo con sus planteamientos, sin embargo, sabemos que el reto tiene fuertes implicaciones tomando en cuenta la compleja realidad social en la que vivimos.
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La justicia social y sus implicaciones educativas representan parte de ese reto, puesto que la desigualdad económica de la sociedad seguirá influyendo en la desigualdad educativa, sin embargo, con la implementación de un proyecto educativo dentro del marco del derecho a la educación, esa necesaria justicia social puede empezar a gestarse.
Ya he escrito que Melitón Lozano, actual Secretario de Educación, es un investigador que ha estudiado el tema del derecho a la educación desde el concepto de exigibilidad, donde señala que la participación es inherente a la exigibilidad del derecho a la educación y por lo tanto no pueden concebirse como independientes. Entre los aportes de su investigación se encuentra al derecho a la educación como criterio para analizar la educación, las cuatro características como marco conceptual y normativo, situar los derechos a la educación en el plano escolar ligado a la exigibilidad y el concepto de exigibilidad intraescolar entre las más importantes.
La exigencia del derecho a la educación desde mi punto de vista, está interrelacionado con la justicia social, porque como lo afirmaba Pablo Latapi Sarre, la educación pública en especial, tiene una función mucho más vasta de la que le suelen asignar, puesto que la función pública de la escuela representa un órgano de justicia distributiva y, como tal, opera la justicia social al regular equitativamente las oportunidades sociales y las responsabilidades respecto al bien de todos ciudadanos.
Para que nuestro sistema educativo en cuanto sistema, sea verdaderamente factor de justicia social es necesario, tal y como le escuché decir a Melitón Lozano, que las cuatro características fundamentales del derecho a la educación: a) La asequibilidad o disponibilidad, b) La accesibilidad, c) La aceptabilidad y la d) La adaptabilidad* estén interrelacionadas con su proyecto educativo y se vaya concretando de manera paulatina en todos los niveles del sistema.
Confío que, en estos tiempos por venir, habrá una mayor y mejor educación donde la prioridad sea eminentemente educativa, en un régimen de libertades y dentro de una sociedad de derechos.
*Estas cuatro características se describen en mi artículo publicado en esta misma sección, titulado “El Derecho a la Educación en el Decreto