En esta semana, hubo un incidente en el Congreso del Estado provocado por la prohibición de anuncios con estereotipos de género, donde el diputado Alonso Granados expresó: “que eran mojigaterías; una actitud confesional y retrógrada y, lejos de ir para adelante, vamos para atrás”.
En entrevista radiofónica, Roció García Olmedo comentó que esta prohibición forma parte de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género AVG contra las Mujeres que se declaró en 50 municipios de Puebla, incluida la capital y la zona metropolitana. Esta Alerta fue emitida por la persistente violencia feminicida que se registra en el estado, situación demasiado importante a lo que no se le ha hecho una amplia difusión, ante lo cual considero irrelevantes y poco afortunados los comentarios del diputado mencionado.
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Según se lee en el portal gubernamental, la AVG consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa). Su objetivo principal es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.
La violencia feminicida se entiende como la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Recordemos que la AVG no se había emitido para Puebla, a pesar de las solicitudes que formularon organizaciones civiles entre 2016 y 2017, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad. De manera reciente la Secretaría de Gobernación, que encabeza actualmente Olga Sánchez Cordero al declarar la AVG, instruyó al gobierno estatal de realizar 17 medidas preventivas, 11 de seguridad y otras 17 de justicia para contrarrestar la ola de violencia contra las mujeres que se registra en Puebla.
Dentro de estas acciones, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pidió instalar de manera urgente en nuestro estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, junto con la necesidad de armonizar la legislación estatal y municipal con las disposiciones emitidas con el marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres y fortalecer con recursos económicos, materiales y humanos a las instituciones involucradas en la prevención, investigación y sanción de esta violencia.
Así también georeferenciar los delitos cometidos particularmente de los feminicidios, homicidios dolosos, violencia sexual y desaparición y trata de mujeres; desarrollar un programa de intervención urbana y rural dirigido a la disminución de los espacios de riesgo para las niñas y mujeres en el espacio público y garantizar las órdenes de protección por parte de la Fiscalía General del Estado e involucrar en estas tareas a los cuerpos de policía de proximidad, centros de justicia y poder judicial; crear células municipales de reacción inmediata y módulos de atención inmediata para mujeres en situación de violencia, cuyo funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria; integrar y fortalecer albergues, casas de medio camino y refugios para féminas, sus hijas y sus hijos; establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico en materia de violencia de género así como elaborar planes individuales de reparación integral del daño.
De acuerdo con investigadores del CIDE, la implementación de la AVG debe lograr una mejoría sustantiva en la situación que la propició, dando cuenta de cómo las acciones implementadas afectan las causas de la violencia sistemática o de la omisión gubernamental que la ha provocado. Vista así, la ausencia de una correcta definición del problema por atender puede dar lugar a una simulación de intervención pública conformada por acciones que no guarden coherencia entre sí.
La violencia sigue creciendo en el estado y se siguen manteniendo impunes muchos de los feminicidios ocurridos en Puebla, ayer se publicó en redes sociales en el portal de, sinembargo, sobre el ataque sexual y asesinato sufrido por la maestra Nazaria Iraís Simón Aguilar de 35 años, ocurrido el 24 de septiembre del 2017, donde la familia de la víctima denunció que las autoridades han cometido omisiones en las diligencias lo que podría afectar el fallo de la sentencia.
Este caso fue reconocido e investigado como feminicidio, sin embargo, el asesor jurídico de la familia expresó que personal de la Fiscalía General de Puebla no realizó pruebas contundentes como huellas, vestigios o indicios para poder probar el delito, que permitieran dictar sentencia condenatoria a los agresores después de casi dos años, porque si bien están identificados, existe el riesgo de que algunos sean liberados, por lo que asegura que las autoridades no ha actuado conforme a lo que se establece en la ley .
Aunque la AVG por ser temporal, no está diseñada para erradicar toda la violencia de género, si representa un conjunto de medidas que podrían revertir y castigar la violencia extraordinaria ante la cual las autoridades han sido sistemáticamente incapaces o negligentes en su actuar, de ahí su importancia y la necesidad de implementarla en los hechos.
En toda esta efervescencia electoral, estamos inundados en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre las candidaturas al gobierno de Puebla, pero hasta ahora no he escuchado a ningún candidato que hable concretamente de este tema. Tampoco he escuchado el mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante las conductas violentas en contra de las mujeres y niñas, el cual debería ser difundido en las principales lenguas indígenas que se hablan en la entidad y en los diferentes medios de comunicación, instrucción que forma parte de las acciones solicitadas al gobierno estatal.
Tal vez porque al actual gobierno que encabeza Guillermo Pacheco Pulido ya no le corresponderá dar cuenta de lo que se ha realizado en los 50 municipios en cuanto a las acciones implementadas en la AVG, porque el plazo se vence en octubre y su gestión interina culmina el 31 de julio, es que no se ha hecho lo suficiente para atenderla, pero los diputados del Congreso tienen la obligación de pugnar y apoyar las iniciativas para atender la AVG y no estar enfrentados en discusiones irrelevante, ante la preocupante situación que se sigue presentando.
Referencia: Pérez Correa, Catalina; Alejandra Ríos Cázares, Estefanía Vela y Guillermo M. Cejudo. 2016. Alertas de género: consideraciones mínimas para la acción gubernamental (documento de discusión). México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE