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Opinión



Proyecto de nación o ¿primero los pobres?

Miércoles, Mayo 22, 2019 - 16:50
 
 
   

Lo protagoniza la indignación más inmediata.

Previo a la elección del 2000 durante una reunión del cuarto de guerra, del entonces candidato del PRI al gobierno del Distrito Federal Jesús Silva-Herzog Flores, fui testigo del  ingreso de un asistente para informar al equipo, que el candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador había encontrado el filón de oro de su campaña publicitaria al utilizar la frase: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

A partir de esa visión, se discutió al interior del PRD si la propuesta identificaba fielmente la identidad de este partido, pero los pragmáticos opinaron que el objetivo era ganar elecciones, no de iniciar un debate extemporáneo sobre contenidos del discurso perredista. Sus compañeros de partido le reconocieron al entonces candidato a jefe de gobierno del DF que entre sus cualidades “se encontraba la de una fina intuición política que le permitía ubicar el objetivo principal en una situación compleja” (Semo, 1999).

Desde hace 20 años ha sido su principal bandera de campaña. En su discurso del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador reiteró, en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, que “se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres” . Y se comprometió a respetar y reforzar los principales programas sociales que en 2019 alcanzarán los 50 millones de dólares.

Para 2019 el gobierno de México ha destinado en sus programas sociales insignia, como Jóvenes Construyendo al Futuro y la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente, 44 mil 300 millones de pesos y dos mil 550 millones de pesos, respectivamente. Ninguno de los dos programas han transparentado ni reglas de operación, ni lineamientos para evitar que caigan en un uso clientelar en periodos electorales. Un sistema que mantenían la fidelidad partidista hacia el PRI y el PAN,  y que el actual Presidente criticó con férrea pasión.

Lucro político de la pobreza.

La pobreza se ha convertido en objeto de lucro político. Un factor que explica la prolongada hegemonía del PRI es su capacidad para desarrollar un complejo esquema de clientelismo que le permitió cooptar movimientos políticos emergentes y contener el conflicto social. Cuando un intercambio de recursos, ya sean económicos o políticos, toma lugar entre dos partes,  se habla de una  relación clientelar. El clientelismo político se basa en ese intercambio, pero en él se enfatizan las características complejas de  dicho vínculo, como la asimetría de poder, la coerción y, a la vez,  la solidaridad y el afecto. Las organizaciones campesinas, sindicatos obreros y otras agrupaciones se mantuvieron ligadas durante décadas al PRI mediante este sistema. Así creó sus tres grandes sectores: obrero, campesino y popular.

Una investigación realizada por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reveló que hasta un tercio de los votantes en la elección de 2018, estuvo sometido a alguna oferta, promesa o amenaza. Así, 29 millones decidieron rechazarla: poco más de la mitad. Aunque parece una buena noticia, es un echo que las prácticas clientelares y antidemocráticas siguen realizándose de forma masiva en México.

Dentro del estudio del concepto de clientelismo, la vertiente que elabora una definición desde la perspectiva antropológica y sociológica pone énfasis en el tipo de relación que emerge entre patrón y cliente. De esta forma, se define como una relación personalizada entre dos partes que comparten mutua confianza, lealtad y reciprocidad cuando recurren al intercambio de bienes y servicios. Este tipo de relación genera grandes niveles de compromiso y obligación, a pesar de que comúnmente se conforma en base a entendimientos y mecanismos informales de comunicación. Por esto, una dimensión importante del clientelismo es la creación de expectativas y esperanza, lo cual conduce a una fuerte dependencia del cliente hacia el patrón.

Aunque está tipificado como delito electoral, la compra y coacción del voto en México, agrupa distintas prácticas clientelares  que se combinan entre: a) entrega de dinero u otros bienes, como materiales de construcción y despensas de alimentos; b) promesas de ingreso a un programa social gubernamental, cumplidas antes de la elección o no; c) amenazas con quitar algún programa o apoyo gubernamental; d) identificación de programas con candidatos o partidos; e) las promesas y sobre todo las amenazas se pueden también aplicar para quienes requieren permisos, concesiones o incluso empleos que dependen del gobierno.

Sentimiento antisistema definió la elección en México.

Los hallazgos del proyecto de observación electoral Democracia sin Pobreza, realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en coordinación con Alianza Cívica, muestran un fracaso del clientelismo en las elecciones presidenciales de 2018, salvo en Puebla y Chiapas, donde los respectivos gobernadores operaron abiertamente en favor de sus candidatos. El deseo de un cambio de gobierno, y los sentimientos de enojo y hartazgo, predominaron sobre los intentos de compra y coacción del voto.

En pasados procesos electorales, este sentimiento se traducía en un voto de castigo. Las elecciones de julio no reflejaron sólo descontento, sino fue algo más profundo. El descontento supone la insatisfacción por los rendimientos negativos de un régimen o de sus dirigentes ante su incapacidad para resolver problemas básicos (8 de cada 10 personas desaprobaban la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto). El descontento no suele afectar la legitimidad democrática y es, sobre todo, coyuntural. Depende de los vaivenes de una opinión pública vinculada a la popularidad de los gobiernos y sus políticas.

La desafección política invade,  sobre todo, a los nuevos electores: jóvenes, informados, críticos, conectados, no acarreados a actos partidistas. Representaron el 58% de los electores que componen el voto switcher y que suelen definir una elección. Son los que adoptan una actitud antisistema y que presentan dos posturas: a) no acuden a votar, porque no creen en el sistema de partidos, o b) votan para ver perder al partido en el gobierno.

La desafección política creó en México un sentimiento antisistema que aunado a la posibilidad que tiene el ciudadano de hacer valer su voto, aceleró la derrota del partido en el poder. El razonamiento actual es que los  ciudadanos ya no votan a favor de lo que un gobierno hace, sino que vota en contra de lo que deja de hacer. Continuidad vs Cambio ha sido una  fuerte lógica de voto en los últimos procesos electorales en México y América Latina. La participación política, el valor del voto, el respeto a la voluntad ciudadana e instituciones con legitimidad, logran resultados que fortalecen la vida democrática en cualquier país.

El proyecto alternativo de nación.

México requiere la reafirmación del contenido de justicia y equidad en el proyecto de reformas constitucionales que impulsa el poder legislativo. La soberanía de la nación es una tarea permanente que consiste básicamente en el ejercicio de la libre autodeterminación, de cada uno de los mexicanos, y del país como Estado-nación, como una comunidad jurídico-política, con diversidad étnica y cultural; con una economía política propia.

El proyecto alternativo de nación 2018-2024 recoge una nueva visión del país y presenta proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica, y pérdida de bienestar para las familias mexicanas, tendencia que han marcado a México en los últimos 35 años.

Aunque sin sustento técnico suficiente,  el  Plan Nacional de Desarrollo  que ingreso al legislativo para su discusión y aprobación, está conformado por tres ejes generales que agrupa problemáticas específicas cuya atención deberá ser prioritaria en los próximos seis años. Y el combate a la corrupción se ha convertido en la punta de lanza para el rápido cumplimiento de estos objetivos.

En su libro 2018, La Salida, el Presidente de México refirmó su postura de que la corrupción es el principal problema del país, y hace una convocatoria a construir un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Abre el texto con una opinión categórica: “la crisis de México no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad”. Advierte que existe una república simulada, no un gobierno del pueblo y para el pueblo, compromiso que retoma el 1 de diciembre en la plancha del zócalo: “no habrá divorcio entre pueblo y gobierno. Yo les necesito, porque como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

La combinación de corrupción y crisis económica aumentan de manera significativa la desconfianza hacia la clase política. La indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía podría representarse como una escena en tres actos. Primer acto:  lo protagoniza la indignación más inmediata, aquella que aparece a medida que se descubren los detalles de cada caso; segundo acto: al poco tiempo como reacción a las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos que están involucrados; tercer y último, es un acto inacabado: son los pozos de desconfianza general que unas y otras actuaciones van dejando en la sociedad.

Los retos de la Cuarta Transformación.

Para lograr los retos de la cuarta transformación el objetivo debe ser claro: hacer viable el proyecto histórico de México como nación independiente, libre y soberana. Un poder nacional que equivale a una condición en la que el Estado-nación mexicano garantice que el poder de las instituciones públicas y del conjunto de la población, sobre las bases de derechos y deberes plasmados en la Constitución, prevalezcan sobre los intereses  particulares y de las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero.

Una transformación de la realidad social se debe concebir como un proceso político. Un criterio básico y permanente debe ser la profundización de la democracia y específicamente la construcción de instituciones fuertes para procesar de manera democrática las decisiones nacionales. No sólo incorporar al sistema democrático otras formas de participación directa como el referéndum, el plebiscito o la consulta popular, sino restablecer la relación entre la ciudadanía y los partidos políticos.

La participación amplia de la sociedad y de sus grupos organizados como sustento de cualquier acuerdo o consenso político, es necesaria para el diseño de un proyecto histórico de largo plazo en el siglo XXI. Es necesaria la deliberación para lograr establecer políticas de Estado que propicien el desarrollo y el rescate de la soberanía nacional.


Semblanza

Javier Sánchez Galicia

Consultor en comunicación política para campañas electorales, gobiernos y figuras públicas en América Latina. Autor del libro “Estrategias de Campaña Sobre Aguas Turbulentas”.  

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