En la opinión de Gerardo Calderón-Villegas algunos de los retos y oportunidades para la política de competencia en el país que presenta el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, derivados de los cambios previsibles, y ya perceptibles, al menos, desde la última elección presidencial.
Lo anterior, con base en los pronunciamientos del hoy Presidente de México desde la campaña presidencial respecto de las acciones de política pública que ha prometido implementar y la óptica de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano encargado de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y actor principal en el diseño de la política de competencia.
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Asimismo, se mencionarán algunas acciones concretas que ha llevado a cabo tanto la Cofece como la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual precedió a la primera como el ente regulador de la materia, así como las que se proponen al nuevo gobierno para posicionar el tema en la agenda nacional.
Desde la elección presidencial del 1 de julio de 2018 y a raíz del resultado de ésta, que fue el esperado por la mayoría de los votantes sin dejar de ser también sorpresivo para un número quizás mayor de mexicanos, se visualizan cambios importantes en el país que han empezado a materializarse a partir, e inclusive antes, de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre.
El propio Presidente de la República llama a estos cambios la “Cuarta Transformación” pretendiendo –desde mi punto de vista, de forma un tanto presuntuosa, sobre todo al hacerlo ex ante- equiparar los cambios venideros a los derivados de los movimientos de Independencia, de Reforma y de Revolución. De cualquier modo, lo cierto es que el sexenio que tenemos por delante definitivamente traerá consigo cambios en todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo el político, social y económico, siendo este último en donde la competencia jugará un papel definitorio.
Afortunada o desafortunadamente –pues es muy pronto para saber si la llamada Cuarta Transformación traerá consigo más beneficios que retrocesos-, el nuevo gobierno no ha emitido un pronunciamiento concreto respecto de cuál será la política de competencia que apoyará, fuera de: (i) el compromiso expresado por el Presidente López Obrador en el sentido de que el gobierno apoyará la inversión de empresarios mexicanos para que éstos “no tengan obstáculos y que se logre que haya crecimiento económico”, con el fin de llegar a su ambiciosa meta de alcanzar un crecimiento de al menos el 4% anual y no sólo del 2% como en los últimos 30 años; y (ii) el multicitado y popular objetivo del nuevo gobierno de erradicar los privilegios de unos cuantos, que tienen lastimada a la mayoría de la sociedad, según el propio titular del Ejecutivo Federal.
Lo anterior, si bien pudiera llamar la atención, no es algo que en principio debiera causar preocupación considerando que, bajo el nuevo gobierno, la Cofece seguirá con su incansable labor de velar por el proceso de competencia y libre concurrencia como lo ha venido haciendo desde hace poco más de cinco años.
Desde su creación como órgano constitucional autónomo encargado, junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de aplicar la LFCE, la Cofece ha demostrado ser una autoridad seria y profesional, tanto así que recientemente el Global Competition Review (GCR), publicación especializada en la materia, la calificó con tres estrellas y media ( de un total de cinco) en su ranking 2018 de las autoridades antimonopolio del mundo, ubicándola en el mismo nivel que las de Canadá, España, Noruega, Nueva Zelanda o Italia y con calificación superior a las agencias de Austria, Chile, Países Bajos o Colombia.
Repasando algunos números de la Cofece y su antecesora, la CFC, encontramos que, bajo el procedimiento de notificación de concentraciones, herramienta que permite a la autoridad de competencia prevenir fenómenos de concentración indebida –es decir, operaciones que resultan en la creación de agentes económicos con poder sustancial de mercado o el incremento de éste-, se han analizado 764 operaciones por un monto de conjunto de $37.7 billones, de las cuales 740 fueron autorizadas, 19 condicionadas y cinco no autorizadas. Mientras que, en el ámbito correctivo, durante sus cinco años de existencia, la Cofece ha dado trámite a 66 investigaciones por prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o procedimientos especiales (barreras a la competencia, insumos esenciales o determinación de condiciones de competencia efectiva), de las cuales 36 casos han sido ya resueltos, imponiendo multas por más de $4,553 millones a empresas y personas físicas que afectaron mercados de gran importancia.
Además de lo anterior, la Cofece ha popularizado, por decirlo de alguna manera , la cultura de competencia a través de su presencia en medios y campañas publicitarias, logrando que la sociedad en general reflexione sobre lo importante que resulta el tema y los beneficios que conlleva una sana política de competencia.
Ahora bien, aunque podríamos dedicar el presente artículo y varios más a reconocer la labor de la Cofece, éste no es el objetivo, sino más bien preguntarnos y, en la medida de lo posible, responder cual será el rol que habrá de tomar esta comisión con el nuevo gobierno.
Fuente:
Revista: “Abogado Corporativo”. En: “La política de competencia en el nuevo gobierno” Gerardo Calderón-Villegas. Número 69. Editorial Dofiscal Thomson Reuters. Enero-Febrero de 2019. Págs. 52-54.