Mal empezará López Obrador su administración gubernamental al escenificar otra farsa suya, a la que bautizó con el nombre de Consulta Nacional, 10 Programas Prioritarios, idéntica a la que montó hace cuatro semanas para justificar la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Una eternidad le parecieron a López Obrador los cinco meses que separan las elecciones del 1 de julio al día en que asumirá el cargo de presidente de la república. El estado de desesperación compulsiva que ha vivido durante 144 días, hasta esta fecha, lo indujo a tomar decisiones que todavía no le corresponden. Muchas de ellas atropelladas y erróneas.
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Esta insólita irregularidad fue propiciada por el presidente Enrique Peña Nieto al rehusarse a ejercer las funciones gubernamentales que hasta las 24 horas del 30 de noviembre le corresponden y dejar, así, el camino libre a la irrefrenable ambición de Andrés Manuel López Obrador de gobernar lo antes posible. Esto provocó el caos, que en materia de gobernabilidad, se ha vivido en los cinco meses recientes.
Irregularidad que hizo posible que quien debería gobernar no gobernara y que gobernara quien todavía no está facultado constitucionalmente para hacerlo.
Dentro de este inusual contexto, el presidente electo organizó recientemente una “consulta ciudadana” fraudulenta, carente de legalidad, pulcritud política y de transparencia, que utilizó para imponer su decisión, anticipada y autoritaria, de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la región de Texcoco y para hacer realidad su capricho de construir dos pistas de despegue y aterrizaje de aviones de pasajeros en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
Los días 24 y 25 de noviembre, por indicación de AMLO, el grupo político-electoral de su propiedad Movimiento de Regeneración Nacional, llevará a cabo otra consulta, ahora adjetivada como “nacional” con la finalidad que las personas que deseen participar manifiesten si están de acuerdo o en desacuerdo con que se construya el Tren Maya en una ruta que abarque los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; que se conecten los océanos Pacífico y Atlántico mediante un tren en el Istmo de Tehuantepec. Se construya una refinería en el estado de Tabasco; se planten árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas y se creen 400 mil empleos, así como se duplique la pensión de las personas mayores de 68 años de edad; se otorguen becas y capacitación laboral a 2 millones 600 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan; se beque a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio y superior; se pensione a un millón de personas con discapacidad; se garantice atención médica y medicinas a personas que no cuentan con servicios de salud pública y proporcionar cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país.
Exactamente igual que la encuesta lópezobradorista anterior, la que se efectuará dentro de dos días, carecerá de validez jurídica. A cuarenta y ocho horas de iniciar la votación no se sabe cuántas boletas se imprimirán y si estarán o no foliadas. Tampoco se conoce la cantidad de casillas que se pretende instalar ni los sitios donde se ubicarán. Ni los sitios donde resguardarán las urnas ni las medidas precautorias que se utilizarán para protegerlas. Ésta será la segunda farsa que López presentará a la nación disfrazada de “consulta nacional”.
Lo peor de todo que aunque aún no se efectúa la supuesta “encuesta nacional” lópezobradorista y por consiguiente se desconoce si la construcción del Tren Maya será aceptada o rechazada por quienes acudan a votar, AMLO se adelantó a los resultados que de ella se obtengan y decidió que sea en Palenque, Chiapas, donde se efectúe el 16 de diciembre la ceremonia simbólica que ponga en marcha la construcción del Tren Maya, que “costará cerca de 150 mil millones de pesos”, según anunció un señor de nombre Rogelio Jiménez Pons, que será el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento Turístico del Pejelagarto.
Algo similar sucedió con el tema de la refinería de Dos Bocas. Mucho antes que se conozca el resultado afirmativo o negativo de la consulta que se efectuará el sábado 24 y el domingo 25 de noviembre, López Obrador ya decidió también que que se construya.
En un descarado acto de culto a la personalidad, López Obrador determinó que la obra del Tren Maya arranque precisamente en la población donde asegura que tiene un rancho denominado “La Chingada”, lugar donde los 59 millones 9 mil 872 personas que no votamos por él (de los 89 millones 123 mil 355 electores registrados en el listado nominal 2018), le agradeceríamos, sin duda alguna, que por el bien de México, se quede a vivir ahí definitivamente.
Más que una necesidad social, la construcción del Tren Maya, del tren para conectar los océanos Pacífico y Atlántico en el Istmo de Tehuantepec y de la refinería Dos bocas, en Tabasco, “para producir gasolina con el petróleo extraído por Pemex”, parecen ofrecimientos circunstanciales para recabar votos, toda vez que no tienen como fundamento un proyecto técnico o por lo menos un simple estudio de factibilidad.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció ante la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente que sin contar con un dictamen de impacto ambiental ni autorización para cambio de uso de suelo ya se procedió a desmontar casi 300 hectáreas de vegetación de selva media y manglares en el terreno donde se tiene previsto construir la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco (Reforma, noviembre 20 de 2018).
La totalidad de las personas que acudan a votar en la consulta de AMLO seguramente manifestaran su conformidad para que se lleven a cabo las diez acciones de gobierno que se plantean en el cuestionario de la boleta donde expresaran su voluntad. No habrá alguien que actuando de buena fe se oponga a ellas.
Difícilmente podría encontrarse una persona que esté en desacuerdo con que los gobernantes, cualquiera que sea su matiz político, ideológico o su procedencia
partidista sometan a la consideración las decisiones gubernamentales más trascendentes, mediante consultas ciudadanas.
Sin embargo, hay de consultas a consultas. Unas representan una herramienta de la democracia participativa y otras son un ejercicio al que recurren gobiernos autoritarios para aparentar que son demócratas. Este es el caso de Andrés Manuel López Obrador.
La supuestas “consultas ciudadanas” de López Obrador no tienen como finalidad conocer la opinión de los ciudadanos acerca de cuestiones específicas de carácter nacional, sino que son elaboradas para simular que va “gobernar obedeciendo” y sus seguidores respalden lo que conviene al interés ─o capricho─ particular del mismo López Obrador.
AMLO no es demócrata como presume. Jamás lo ha sido y su ADN revela que nunca lo será. En el año 2000 impuso al PRD su candidatura a jefe de gobierno del Distrito Federal y utilizando una constancia de domicilio falsa, obtuvo su registro ante las autoridades electorales.
En 2006 y 2012 tomó por asalto la candidatura a presidente de la república por el PRD. El año 2018 impuso a Morena la candidatura que lo condujo a convertirse en el próximo presidente la república.
Siempre ha actuado de manera autoritaria y antidemocrática. Por sus antecedentes se espera que su gobierno sea semejante al de Nicolás Maduro en Venezuela, a Daniel Ortega en Nicaragua y a Evo Morales en Bolivia