Este martes, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las y los diputados de Morena presentaron una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se condenan los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en la elección para gobernador y llama a restablecer el orden democrático en la entidad.
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En esta propuesta se dice que en Puebla, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1 millón 754 mil 596 votos, por 618 mil 397 sufragios del segundo lugar, una diferencia de más del 283%. La Coalición Juntos Haremos Historia ganó 14 de los 15 distritos electorales federales, ganó la mayoría en el Congreso local y la Presidencia Municipal de los principales Ayuntamientos, entre ellos, la capital y la zona conurbada.
Sin embargo, la elección para gobernador estuvo caracterizada por la intromisión del gobierno local en el proceso, violencia generalizada el día de la jornada electoral y la ilegal manipulación de la paquetería electoral. El día de la elección, desde el poder público estatal se desplegó una operación para atropellar la voluntad popular cuando identificaron que las tendencias favorecían al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.
A detalle, los diputados señalan cómo desde el gobierno estatal hubo reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas de odio, destrucción de propaganda electoral; incluso hubo actos violentos y homicidios, todo para condicionar el voto o afectar la equidad en la contienda.
Durante la jornada electoral hubo balaceras en varias casillas, robo de urnas y boletas, a grado tal que una camioneta propiedad de la Secretaría de Finanzas de Puebla volcó en su huida, repleta de boletas robadas.
El gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de espectaculares míos como candidato a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer indebidamente a la candidata de su partido, Martha Erika Alonso de Moreno Valle. El gobierno estatal de Puebla también se aprovechó de las necesidades de estudiantes de educación básica. Desde enero pasado han repartido zapatos a los niños con el logo del gobierno local, cuyos colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.
El gobierno de Antonio Gali Fayad golpeó a la sociedad poblana por dos vías: 1) Defraudó a la hacienda pública local al desviar sus recursos para apoyar ilegalmente a la candidata de su partido; y 2) Vulneró la voluntad popular e impidió que las elecciones fueran auténticas, pues se fabricó una preferencia artificial por Martha Erika Alonso.
Los diputados relatan cómo las autoridades electorales locales –el Instituto y el Tribunal– han mostrado un servilismo indignante hacia el gobierno local y hacia la candidata Martha Erika Alonso. Esta abyección autoritaria se explica por el hecho de que varios de los integrantes de ambos órganos fueron funcionarios y empleados durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, esposo de la mencionada candidata.
De esta manera, las diputadas y diputados de Morena piden a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condenar todo los actos de intromisión realizados por el gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la contienda.
Además, el punto de acuerdo solicita atentamente al Instituto Nacional Electoral iniciar un procedimiento de investigación al gobierno de Puebla, encabezado por José Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales. Asimismo se pronuncia porque se restablezca el orden democrático en Puebla y las autoridades electorales competentes reparen la vulneración a la voluntad ciudadana en la elección de gobernador realizada el pasado 1º de julio.
También se pide a la Cámara de Diputados hacer un enérgico llamado al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Electoral del Estado de Puebla para que se abstengan de emitir actos y resoluciones que contravengan los principios rectores en materia electoral de independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda autoridad en la materia.