Hablar del combate a la corrupción debe pasar de la moda en discursos políticos, a las acciones que efectivamente impulsen cambios que den marcha atrás a las acciones de actores públicos y privados. Ojalá que no olviden con rapidez que uno de los factores que determinó el triunfo en las pasadas elecciones fue precisamente los compromisos a favor de la erradicación de la corrupción.
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En pasados días, se celebró en Puebla el Foro Anticorrupción, con la participación de diversas entidades, resaltando a la Organización de Naciones Unidas, en torno a la cual se desarrollaron los análisis y propuestas. Teniendo como base los principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente, el enfoque se dirige hacia el fenómeno que constantemente desgasta las acciones destinadas a lograr algún avance en torno al pacto: la corrupción; de ahí la importancia de implementar la Convención de la ONU contra esta realidad, desde el enfoque empresarial, en manos de quienes se encuentran adoptar, apoyar y promulgar, el conjunto de valores fundamentales que logren disminuir los actos de corrupción. Desde la perspectiva de la ONU, de ser esto factible, se logrará alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.
¿En qué podría modificarse la condición de vida de millones de mexicanos si estos objetivos se cumplen? ¿Cambiaría en algo la aparente relación de sometimiento o tolerancia hacia la corrupción? En la teoría internacional, el impacto directo del combate a la corrupción puede ubicarse dentro del objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas. No se requieren muchas explicaciones, tan solo basta revisar las noticias de cualquiera de los países con alta incidencia de corrupción, en los cuales seguramente los conflictos sociales son precisamente la inseguridad y la alta impunidad por falta de instituciones confiables que defienda el valor de la justicia.
Como en varias ocasiones, la realidad supera a la teoría. De acuerdo con el estudio, Las Personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, de Transparencia Internacional, existen ocho aspectos a resaltar en torno a la corrupción en esta región: 1.- va en aumento; 2.- los policías y los políticos se perciben como los más corruptos; 3.- los gobiernos son deficientes; 4.- el 50% de la población en México paga sobornos para tener servicios públicos; 5.- los sobornos más altos ocurren en materia de salud y educación; 6.- pocos la denuncian (9 de cada 100); 7.- 7 de cada 10 considera que está en los ciudadanos combatirla; 8.- México se encuentra en el bloque con respuestas más negativas.
Coinciden ambas organizaciones internacionales en la importancia de la participación privada, desde el enfoque empresarial y de participación ciudadana. Por lo tanto, es necesario dar hacia la implementación de acciones desde nuestra cancha… probablemente seamos más eficientes y eficaces, como cuando nos organizamos para salir adelante del #S19, que las propias autoridades.
Si la mitad de ciudadanos en nuestro país sólo pueden realizar sus trámites previo pago de soborno, esto impacta lo relacionado con la apertura y/o sustentabilidad de sus negocios, sin importar si estos son micro, pequeñas, medianas industrias o grandes empresas; en el caso de las grandes compañías contar con una política de integridad, que incluya manuales de organización y procedimientos, código de conducta, sistemas de control, vigilancia, auditoría, denuncia, entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos preventivas y correctivas, enlazado lo anterior al área de compliance, con la reglamentación interna actualizada, desde el enfoque jurídico y administrativo más idóneo, es una realidad y obligación normativa[1]. Por otro lado, en el caso de las MIPYMES, que representan el 97%[2] de la actividad empresarial en México, esta realidad no es tan fácil de alcanzar, ya sea por desconocimiento de las obligaciones que sin discriminar en razón del tamaño o actividad de la persona moral, les establece por igual la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a todas las empresas que comentan actos de corrupción… o tal vez por su propia realidad económica, en materia de recursos humanos, de ventas, mercadeo y un amplio etc. que no les permite competir al mismo nivel que las grandes compañías.
Ahí se encuentra uno de los muchos retos que se deberá enfrentar. La propuesta de la ONU consiste en fortalecer el cumplimiento de esta política de integridad de las MIPYMES, en primera instancia aquellas vinculadas a compras con el sector público, más adelante a la totalidad de estas. En próximas fechas se difundirán guías y códigos modelo para que las personales morales, por medio de estos puedan dar cumplimiento a sus obligaciones, sobre todo, se construya cultura organizacional con un enfoque de cero tolerancia a la corrupción.
Al ser la corrupción un fenómeno que carcome todos los entornos, la esperanza radica no en que los actores políticos incluyan en su agenda el barrido de la corrupción, sino en la cancha de sector privado y de los ciudadanos, que comprendemos que a mayor corrupción, será más difícil combatir la pobreza, el hambre, las desigualdades en materia de acceso a la salud, educación y sobre todo de acceso a seguridad y justicia para todas las personas en igualdad de condiciones.
[La autora es académica e investigadora].
[1] Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 24 y 25 “De la integridad de las personas morales”
[2] De acuerdo ,,,,,,,con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) INEGI, 2015.