Hoy, la libertad de expresión está al alcance, sin restricción alguna, de quien la quiera utilizar. Mañana, a partir del próximo 1 de diciembre, esa libertad de expresión corre el riesgo de ser conculcada por un individuo que, años antes de ocupar la Presidencia de la República ha demostrado su intolerancia y animadversión a la crítica.
Después de observar las ocurrencias, torpezas, improvisaciones y tonterías en que ha incurrido Andrés Manuel López Obrador después de su contundente triunfo electoral, se puede asegurar que las personas que desinteresadamente votaron por él, se equivocaron y están ahora arrepentidas de haberlo hecho.
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Aunque AMLO ganó la elección presidencial, en forma incuestionable, al obtener 30 millones 113 mil 483 votos de los 56 millones 611 027 que depositaron en las urnas los electores que acudieron a votar el domingo 1 de julio, no debe asumir una actitud triunfalista porque 26 millones 497 mil 544 personas votaron por otras opciones contrarias a la suya, o anularon su voto, debido a que están en desacuerdo con su actuación política o su proyecto político.
Por lo que debe considerar que gobernará teniendo en contra suya al 46.81% de votantes.
Eso lo obliga a desempeñar cuidadosamente el mandato presidencial que tiene encomendado. De manera reflexiva. Alejado de ocurrencias y torpezas. Sin cometer abusos de cualquier índole y sobre todo, sin atropellar y descalificar a sus adversarios.
Su historial político no es mejor que el de quienes compitieron contra él por la Presidencia de la República.
López Obrador tiene muchos puntos negativos en su trayectoria política que no lo hacen ver como un titular del Poder Ejecutivo Federal idóneo para dirigir aseadamente los destinos de México.
Ha desarrollado su carrera política, caminando siempre sobre la ruta de la violencia y la ilegalidad. En Tabasco, de 1992 a 1996, tomando por asalto pozos petroleros y causando daños a Pemex por cienos de millones de pesos, por lo que le abrieron diversas averiguaciones previas con órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas por instrucciones del entonces jefe de la mafia en el poder.
Desde hace 23 años, Andrés López Obrador, incitó a los consumidores de energía eléctrica a que se agruparan en un movimiento de resistencia civil ─ ahora conocido como “Borrón y cuenta nueva”─ para evadir el pago de su importe.
Hoy el adeudo de esos vivales, inducido, irresponsablemente, por el Pejepresidente López asciende a 43 mil 320 millones de pesos, que al ser condonado su pago ocasionará mayor daño a las finanzas de la CFE.
Hace seis meses Octavio Romero Oropeza ─ próximo director general de Pemex, que junto con el ejecutor del fraude electoral de 1988, Manuel Bartlett y Rocío Nahle, formarán el triunvirato que se encargará de echar atrás la reforma energética por encargo de AMLO─ avaló el no pago de energía eléctrica al argumentar que 800 de cada mil tabasqueños no pueden pagar tarifas tan altas.
En septiembre de 1993, el jefe de gobierno del D. F., Manuel Camacho Solís ─por obvias instrucciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari─ entregó al hombre de la honestidad valiente, Andrés Manuel López Obrador, 5 mil millones de viejos pesos (actualmente equivalentes a 5 millones de pesos) para que el Pejelagarto levantara el plantón que tenía instalado frente al Palacio Nacional con un grupo de supuestos campesinos afectados en sus parcelas por derrames petrolíferos.
Marcelo Ebrard Casaubón, quien se desempeñaba como secretario de gobierno del D. F., fue el encargado de entregar personalmente esa elevada cantidad de dinero a Andrés Manuel López Obrador (revista La Crisis, primer párrafo de la página 8, marzo de 2018). Ahora ambos forman parte de Morena.
A partir del 1 de diciembre próximo, Ebrard ocupará el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete presidencial del Pejelagarto López.
En el Distrito Federal, AMLO desacató un mandato judicial que sólo la indecisión del entonces presidente Fox evitó su desafuero y encarcelamiento. También mantuvo tomada, con otro de sus acostumbrados y lucrativos movimientos de resistencia civil, la avenida Paseo de la Reforma, durante tres meses y medio, argumentando que le robaron la Presidencia de la República sin que fuera capaz de presentar una sola prueba que avalara el supuesto asalto.
Con la finalidad de participar en la elección del año 2000, como candidato a jefe de gobierno del D. F., AMLO utilizó una constancia de domicilio apócrifa (conducta constitutiva de delito) donde se acreditó falsamente que tenía más de cinco años de residir en la ciudad de México, no obstante que en esa fecha vivía real y legalmente en la calle de Júpiter 101, fraccionamiento Galaxia, en Villahermosa, Tabasco. Este domicilio lo indicó AMLO como suyo, al tramitar un pasaporte y efectuar una denuncia contra Roberto Madrazo en un Ministerio Público de la capital tabasqueña.
Existen 13 averiguaciones previas levantadas en 1996 contra el Pejelagarto López por diversos delitos cometidos durante la ocupación ilegal de pozos petroleros en Tabasco ─cuyos números obran en mi poder─, que fueron radicadas, entre el 1 y 24 de febrero de ese año, en los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de esa entidad federativa. Cosa que corrobora que López no vivía en la ciudad de México, como falsamente se estableció en el documento apócrifo que presentó a la autoridad electoral para obtener ilegalmente el registro de su candidatura al gobierno de la capital del país.
El uso ilegal de esa constancia de domicilio falsa, en vez de llevar a AMLO a la cárcel, como en términos de ley correspondía, 18 años después, lo convirtió en el Presidente de la República que ha obtenido la votación más abundante de la historia del país. ¡Vaya paradoja!
Logró la candidatura. Ganó la elección al panista Santiago Creel Miranda por diferencia de 1.1 por ciento de votos. Tomó posesión del cargo público más importante del país, después de el de titular del Poder Ejecutivo Federal, y sin perder tiempo inició su prolongadísima campaña electoral que, después de 18 años ininterrumpidos, el domingo 1 de julio de 2018 culminó exitosamente para él.
Fideicomiso Por los demás
Una semana después de ocurrido el sismo del 19 de septiembre de 2017, el entonces líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés López Obrador, decidió fundar un fideicomiso para recaudar fondos financieros destinados, según dijo, a ayudar a personas que sufrieron daños en sus viviendas.
A petición suya, el consejo nacional de Morena aprobó por unanimidad la indicación de su líder y, también, por instrucciones suyas, se procedió a designar un comité técnico, con gente de Morena, como Bernardo Bátiz, Laura Esquivel, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Pedro Miguel Arce y Austrebertha Maldonado.
Con cifras al 17 de julio, según afirmó el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, senadores, diputados y militantes del grupo morenista que lidera AMLO, recaudó 85 millones 359 mil 766 pesos 17 centavos por concepto de donativos, de los cuales, también aseguró Duarte, se repartieron 27 mil 288 ayudas de 2 mil 400 pesos cada una. Totalizando 65 millones 491 mil 200 pesos.
Morena se negó a transparentar la entrega del monto de su colecta a cualquiera de los canales institucionalmente reconocidos para casos de desastres naturales. López Obrador dio instrucciones precisas para que gente de Morena censara a damnificados al margen de un trabajo de campo metodológico. Grupos de morenos levantaron el censo en base a su particular entendimiento.
El comité técnico del fideicomiso moreno, integrado, como ya se dijo, con gente de Morena dio instrucciones a Banca Afirme ─donde se abrió el fideicomiso Por los demás para que entregara dinero, a través de cheques, a determinada gente de Morena con la finalidad que estas personas efectuaran directamente la distribución de $ 2,400.00 en efectivo a cada uno de los 27 mil 288 damnificados previamente seleccionados por las huestes de Morena.
Un grupo de seis personas, probablemente gente de Morena, hizo fila varias veces en las cajas del Banco Afirme para efectuar 28 depósitos de 50 mil pesos en efectivo, cosa que el contrato del fideicomiso prohíbe.
Corresponde a la PGR indagar si gente de Morena incurrió en el delito de lavado de dinero.
La forma como gente de Morena recabó, manejó y distribuyó, entre 27 mil 288 supuestos damnificados, parte del dinero recaudado por el moreno fideicomiso, hace pensar que se trató de una vulgar compra de votos que tendrá que investigar la Fepade.
Comprar presuntamente 27,288 votos a gente necesitada de ayuda económica, cuando AMLO sacó a su más cercano perseguidor una ventaja de 17 millones 503 mil 363 votos, resultó una operación comercial innecesaria, que de comprobarse, empañaría la empañada imagen pública de Morena.
Llamó la atención de observadores políticos, particularmente de opositores a AMLO que en el punto 18 de su Plan de Austeridad Republica, se comprometa a “cancelar todos los fideicomisos y cualquier otro mecanismo (que exista) para ocultar fondos públicos”, después que manejó a su albedrío en forma absolutista el fideicomiso Por los demás.