El triunfo electoral de la Coalición Juntos Haremos Historia al ganar la presidencia de la república, la mayoría simple en el poder legislativo federal y en más de una veintena de legislaturas estatales, ha sido motivo para continuar la campaña mediática en contra del próximo presidente de México y de Morena. Detenida en parte el día de la elección y hoy transitando de los excesos verbales a decisiones que más parecen una suerte de represalia de actores institucionales que actos de justicia electoral.
La multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena, por haber incurrido en esquemas de financiamiento paralelo, según datos no muy fiables por provenir de instancias caracterizadas por ser brazo ejecutor de venganzas de la presidencia de la república, es apenas la punta del iceberg de una campaña tendiente a debilitar la legitimidad del ganador. Nadie pondría en duda las razones legales y legítimas de la sanción al partido ganador de la pasada elección, sin embargo, el árbitro electoral federal se ha caracterizada por ser excesivamente permisivo e irresponsable con las trapacerías de los órganos electorales locales, parcial con las quejas de algunos partidos y francamente complaciente con el actual partido oficial, basta recordar su paraplejía para garantizar equidad en las elecciones del año pasado en Coahuila y el Estado de México.
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No es para menos, la sanción impuesta es la respuesta de actores predominantemente institucionales, quienes, en los estertores, han decidido coaligarse regresivamente en esperan denodada y desesperadamente de contener “¡Que se vayan todos!” (mexicano) inaugurado el primero de julio pasado. A diferencia del caso argentino, en nuestro país el grito encontró su traducción en la voluntad del elector para no votar por quienes representaron al viejo régimen.
Las actuales elites no aguantan, no soportan, les causa urticaria que, en menos de dos meses, la representación política del país empiece a caminar mayoritariamente con diputados y senadores electos, cuyo signo distintivo es encarnar un arcoíris de liderazgos de orígenes marginados, marginales, excluidos, minoritarios, satanizados, discriminados. Muchos de ellos no son, no han sido políticos profesionales. Su designación se explica por la intención para jubilar a la vieja nomenclatura que hizo del Estado mexicano el reino de la corrupción y la impunidad.
No son pocos los políticos y burócratas de altos vuelos que sufren por la incertidumbre de no saber lo que pasará con los excesivos incentivos que hasta hoy reciben y desean seguir disfrutando.
La fenomenología de la corrupción mexicana es extraordinariamente variada: salarios estratosféricos, abundantes vales para gasolina, sistema de salud clase premier, turismo legislativo y de gobierno indiscriminado, elevadas primas vacacionales, bonos mensuales, bonos semestrales, bonos de fin de año, bonos de retiro, cuantiosos aguinaldos para altos funcionarios. A todo ello se suma la exagerada sobrevaluación de obra pública, aparte de los famosos moches y copetes de la misma, así como la consabida mordida y la opacidad absoluta del destino de las multas e infracciones en cualquier asunto que tiene que ver con la vida pública del ciudadano. Esta dimensión es aún incalculable por lo cuantiosa y extendida a toda la administración pública.
Nuestra actual clase política se lleva para la historia el haber lanzado a México al deshonroso lugar de los países más corruptos del mundo. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del presente año, del grupo de los 20 países (G20) más ricos del mundo somos el más corrupto. De las 35 economías más desarrolladas del orbe y que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también somos la más corrupta. Y para rematar, pertenecemos al grupo de los cinco países más corruptos de América Latina.
La campaña contra el próximo gobierno tiene orígenes vulgares, prosaicos. Anuncia el alineamiento de una pandilla que no quiere dejar privilegios. Andrés Manuel López Obrador aún no es declarado presidente electo y la elite dorada nacional se apresta a presionar para mantener el mismo estado de cosas. Claman por la permanencia de todo tipo de privilegios.
Bien harían si centraran el debate en un proyecto de nación alterno al que abanderan los ganadores, no es así, personeros del viejo régimen intrigan, presionan, seducen, intentan cooptar para que el próximo presidente diluya su mayoría legislativa. Les ha funcionado en el pasado, tanto en las legislaturas estatales como en la general
La propaganda anti morena y anti López Obrador se orienta a crear en la nueva clase política terror, miedo, parálisis. Pretenden reconvertir a los próximos diputados para, en un último intento, detener cualquier iniciativa tendiente a suprimir los privilegios actuales y en la inmovilidad del miedo, parálisis legislativa que impida incluso, cualquier cambio por menor que sea.
Ello explica los apresurados golpes mediáticos y las precipitadas decisiones políticas del INE.
Desde luego hay ya quienes bajo argucias retóricas, en el temor del miedo al cambio y porque muy temprano han dado muestras de no estar a la altura de lo que la sociedad les exigió, han sacado el cobre haciendo a un lado su extraordinaria legitimidad, replegándose de facto de la plaza ganada y haciendo alarde mediático de ello.
Su corta de miras les impide ver que el sistema político mexicano sigue siendo un sistema presidencial fuerte y que los intentos por abortar la llegada de un nuevo gobierno enfrentan una sociedad fastidiada que dijo no más de lo mismo.
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