Puebla necesita un Estado con democracia y justicia social, una mayoría ciudadana que impulse un pacto social para la construcción de un gobierno con vocación democrática, incluyente, plural, honesto. Un nuevo rediseño institucional de nuestro ordenamiento político en su conjunto con el fin de adecuarlo a una lógica de y funcionamiento claramente democrático que hoy, por las fuertes herencias autoritarias del pasado, sólo se asoma de manera contradictoria y parcial, para muestra un ejemplo demasiado evidente, la sumisión y entrega de las instituciones electorales ( IEE-TEEP) a quien se ostenta como el “dueño” de puebla por un “derecho real” que ha comprado y que en este proceso electoral busca a toda costa volver por sus fueros.
La alternancia política debe seguir siendo un mecanismo para sancionar las decisiones y conductas contrarias al interés ciudadano que realizan los gobernantes. El sentido y gran significado debe ser la consecución de mejores gobiernos y transitar al ejercicio pleno de un Estado de Derecho Democrático, en este propósito es imperativa la participación activa y organizada de la sociedad civil, con plena garantía de sus derechos y libertades políticas, para devolver el origen del poder público y la representación política en beneficio de los ciudadanos.
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De ahí que resulta imperiosa una reforma estructural del estado para la gobernabilidad democrática, que redefina las competencias de cada uno de los poderes públicos y defina mecanismos más consistentes de pesos y contrapesos entre los mismos, tal y como ocurre en las democracias consolidadas. Lo que en la práctica se debe evitar es el centralismo de la era autoritaria que no es necesariamente un régimen democrático virtuoso en materia de equilibrios entre los poderes, sino una grotesca perversión o desviación de la democracia a la demagogia y simulación.
Se trata de construir una nueva etapa de transición política ineludible para avanzar en la construcción firme y la eventual consolidación del nuevo régimen democrático y para dejar en el pasado todo resabio autoritario que lo inhiba. Como es obvio, las transformaciones producto de pactos y acuerdos entre todos los actores políticos durante esta etapa deben ser fundamentalmente jurídicas y por regla general nos deben conducir a una reforma de la Constitución o a la realización de cambios integrales a la misma, así como a la reforma y creación de nuevas leyes reglamentarias y códigos.
La reconstitución del sistema político poblano y la creación de un sistema electoral y de partidos lo suficientemente transparente, estable y legítimo debe ocupar la atención de los actores sociales y políticos comprometidos con la transición, la reconstitución de la democracia política y la vigencia de las instituciones básicas para que ésta se haga efectiva, es algo esencial para la gobernabilidad democrática.
La alternancia política en Puebla (PAN-PRD) no ha significado el tránsito a la democracia, se han acentuado los rasgos distintivos de los regímenes autoritarios y patrimonialistas, en consecuencia el Estado de Derecho es una quimera en puebla. La experiencia reciente con Rafael Moreno Valle, es muestra de los abusos y excesos del Ejecutivo Estatal para mantener un control patrimonialista y autoritario de los poderes constituidos y sus instituciones, negando en los hechos la existencia de un Estado de Derecho.
Ante los excesos y arbitrariedades de los gobernantes, es imprescindible contar con mecanismos para distribuir y controlar institucionalmente el poder, significando que el escrutinio ciudadano haga posible que el poder debe someterse al imperio de la ley, que los gobernantes deban rendir cuentas de sus acciones de manera transparente y que sean sujetos de responsabilidad jurídica de sus acciones de corrupción y abusos de poder, para ello es imperativo concretar demandas ciudadanas que en los últimos años se han venido formulando ante el ejercicio de un gobierno monárquico, donde el “emperador” no conoce límites, ejerciendo un poder omnímodo.
Puebla necesita de la democracia participativa, una Ley de Participación Ciudadana una ley que realmente exprese el espíritu ciudadano de poner límites al poder público, rendición de cuentas con transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que castigue la corrupción de los funcionarios, por ello se debe contemplar lo relativo a el Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular, Consulta Popular, Consejos Ciudadanos Facultativos, también integrar Voz Ciudadana en los Cabildos, Revocación de Mandato, Audiencia Pública Obligatoria, Contraloría Ciudadana y Contraloría Fiscal.
Se trata de hacer posible que las autoridades sean política y jurídicamente responsables ante los ciudadanos y la ley para responder de sus actos de corrupción y prácticas delincuenciales, que ello no siga siendo una esperanza o promesa de campañas electorales que llegara algún día a territorio poblano.
Es impostergable que mediante la consulta ciudadana se pueda presentar para su discusión y aprobación la Ley Estatal de Presupuesto participativo ciudadano, para evitar la discrecionalidad y capricho de los gobernantes para la ejecución de obra pública, con el objeto de garantizar lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Condición básica para evitar obras suntuosas, superfluas, de ornato, descuidando el bienestar económico y social de la población.
Dice la tradición religiosa …”dios no cumple caprichos, pero siempre es justo”
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