Este fin de semana, algunos medios mexicanos comenzaron a denunciar lo que consideran la apertura del proceso de privatización del agua en México, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.
Pero de manera simultánea, el Gobierno Federal, a través de Conagua, puso en marcha una agresiva campaña, acompañada por centenares de bots, para desmentir la información y decir que la expedición de los decretos no tiene el propósito de privatizar, sino de garantizar el abasto de agua en el país “para las futuras generaciones”. La campaña, incluso fue reforzada por los periodistas de siempre que sospechosamente siempre apoyan las decisiones de gobierno.
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Lo cierto es que, las redes sociales se llenaron de información contradictoria y confusa sobre este hecho, en un momento en que los mexicanos están más distraídos con el Mundial de Futbol y las campañas electorales.
Hay que recordar que durante el sexenio de Peña Nieto se trajo a discusión el tema de la privatización del agua e incluso quedó estancada en el Congreso de la Unión la reforma a la Ley General de Aguas, del priista Ignacio Pichardo, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, en cuyo contenido se promovía la privatización de las grandes obras hidráulicas y de los sistemas municipales, que beneficiaría a mineras, refresqueras, embotelladoras, y sobre todo a empresa que aplican el fracking.
Para el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Eric Aguilar, el levantamiento de la veda sí podría abrir la puerta a la privatización, pero además es muy preocupante que los decretos modifican la situación de casi 300 de las 600 cuencas que hay en el país. “Se hizo a nivel nacional y afectan a 9 regiones hidrológicas que va desde Aguascalientes hasta Guerrero".
Pero además, otras publicaciones aseguraron que los decretos aprobados por Peña Nieto abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Y entienden la suspensión de la veda como el principio de un proceso de despojo a las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común.
Ahora bien, la contracampaña del gobierno federal, lanzada ayer, dice que los 10 Decretos de Reserva de agua, publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permiten preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.
Del minúsculo comunicado se detalla que estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.
Este tipo de medidas de cuidado del agua, agrega, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales que recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente y que con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, “con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo”.
El problema aquí es que el marco regulatorio sobre la explotación del agua es ambiguo. Ya en este sexenio se pusieron en marcha proyectos piloto en el Estado de México y Puebla para otorgar concesiones a privados para la dotación el servicio de agua. El Congreso de Puebla aprobó en enero de 2012 la denominada Ley de Agua para el Estado de Puebla y propició que una docena de ayuntamientos promovieran controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar marcha atrás a lo que se calificó que como “reforma silenciosa y privatizadora del agua”.
No obstante, en el municipio de Puebla sí se pasó a privados el SOAPAP (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla) y actualmente el servicio es pésimo, el precio se ha elevado y el agua sigue siendo de mala calidad.
Algunos especialistas opinan que la última gran apertura de Peña Nieto es la que tiene que ver con el agua, ya que se cerraría el circulo perfecto de la reforma energética, pues se abriría la posibilidad de que las mineras obtengan concesiones para usar este líquido en el método denominado fractura hidráulica o fracking, que consiste en inyectar grandes cantidades de agua combinada con químicos al subsuelo para obtener hidrocarburos o gas.
Los paradigmas de desarrollo neoliberal adoptados durante los últimos años por México y los países centroamericanos han obedecido a una lógica de alta liberalización de la economía, priorizando los intereses económicos por encima del interés general.
Sinceramente, no creo que ahora quieran proteger el agua para las próximas generaciones. La ola de acciones del gobierno priistas sólo trajo beneficios para las grandes empresas, no para los mexicanos.