El fallo de la Sala Superior del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del lunes pasado, en el que se prolongó el plazo para recabar apoyos ciudadanos por treinta días más para quienes aspiramos a una candidatura a la gubernatura de Puebla por la vía independiente, es trascendente y significativo para la vida democrática de México. Es trascendente porque establece, una vez más, que el Código electoral poblano (que se suma a las leyes electorales de otras entidades estatales) está impidiendo a ciudadanos ordinarios llegar a la boleta electoral para diversos puestos. Esta sentencia, identificada como SUP/JDC-44/2018 y SUP/JDC/46-2018, ACUMULADOS estableció que “se debe inaplicar la porción normativa del artículo 201 Ter, apartado c, fracción IV, inciso b, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que fija el plazo de treinta días para recabar el apoyo ciudadano, porque limita injustificadamente el derecho al sufragio previsto por el artículo 35 de la Constitución.
Este fallo se suma a las acciones de inconstitucionalidad formuladas por el PRI, Morena y Movimiento Ciudadano identificadas por los números 88/2015 y ACUMULADAS 93/2015 y 95/2015 emitidas por la Suprema Corte el 24 de noviembre de 2015. En esa sentencia la Corte anuló el plazo de 20 días que existía entonces para recabar los apoyos, la obligación de que las personas que dieran su apoyo tuvieran que acudir a las oficinas del IEE para hacerlo, e incluso ordenó que se modificara el Código electoral. Si a estas sentencias se agregan las relativas a los requisitos excesivos de dispersión territorial que también fueron inaplicados hace una semanas tanto para este proceso, como para el proceso electoral de 2015, queda claro que, nuevamente, la Sala Superior del TEPJF le enmendó la plana al Gobierno y al Congreso de Puebla. Ya es hora de que el Congreso estatal se evite vergüenzas adicionales (y de paso no se las haga pasar al Tribunal Estatal Electoral, que ha tenido hasta ahora la misma conducta) y reforme a fondo el Código Electoral poblano.
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Cabe hacer notar que Puebla no es el único estado en esa situación. Ocurrió un caso semejante en Baja California Sur en 2015 (Juicio Ciudadano 1004/2015), en el que el aspirante a la gubernatura de ese estado, Benjamín de la Rosa Escalante, al no alcanzar las firmas requeridas en la ley local, le fue otorgado el registro pues el Tribunal determinó, unánimemente, que el número y tiempo de las firmas constituía una barrera tal que le impedía el ejercicio de su derecho a ser votado. Allá, el Congreso local modificó su ley electorsal al actuar en consecuencia.
Así, esta misma legislatura del Congreso de Puebla debiera abocarse a reformar el Código electoral para reducir a niveles sensatos los requisitos que se piden de apoyo ciudadano para el caso de las candidaturas independientes. La desproporción sigue siendo enorme. Por ejemplo, en la actual ley poblana, en que se exigen casi 133 mil firmas en un mes, se requerirían 37 auxiliares recibiendo firmas ininterrumpidamente por 8 horas diarias, durante treinta días. Con el aplazamiento a un mes más, sólo se requerirían 18.5 auxiliares que estuvieran recibiendo firmas sin descanso. Pero más que un tema de los auxiliares, el problema es mantener 37 filas de personas, haciendo cola pacientemente de modo que siempre hubiera personas en la fila, durante 8 horas diarias en cada cola, deseosas de apoyar que un candidato independiente pueda llegar a competir… simplemente a competir. Esa operación sólo es comprensible si se tiene un operativo para “asegurar” que haya personas haciendo cola sin interrupción.
Pero lo importante de todo esto es que los fallos del Tribunal y de la Corte han hecho evidente la cerrazón de la élite política que no quiere competencia, que no quiere que nadie, fuera de los políticos con partido (o de quienes sin tener partido en el momento lo tuvieron previamente) puedan acceder a la boleta. Y lo que nos estamos perdiendo en Puebla, como en otras entidades igualmente cerradas a estas opciones, es que personas como Pedro Kumamoto lleguen. Y sólo tenemos que ver lo que está ocurriendo en Jalisco. Habrá casi una veintena de jóvenes candidatos a diputados locales y federales y Pedro al Senado, que serán capaces de impulsar reformas como las logradas en Jalisco: eliminación del fuero de los diputados locales y reducción del financiamiento a los partidos. Esas son iniciativas que difícilmente los partidos mismos impulsen, pues van directamente en contra de sus intereses.
Enrique Cárdenas Sánchez
@ecardenassan