Los recursos para la seguridad pública aprobados por el Congreso de la Unión para 2018 son: siete mil millones de pesos mediante el FASP para las entidades federadas y la Ciudad de México y cinco mil millones de pesos del FORTASEG para 300 municipios, dando prioridad a 50 de ellos.
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Muchos son los destinos de los recursos, pero dentro de las prioridades nacionales podemos destacar entre otros temas los siguientes:
--Con relación al desarrollo y operación policial se prioriza el fortalecimiento de las capacidades de las academias o institutos de formación policial, que impacta en la profesionalización de los elementos.
--En el tema de la especialización y coordinación para la seguridad pública y la persecución de los delitos, se agrega el punto de recursos para las áreas de policía cibernética y operaciones especiales, así como para las fiscalías especializadas o unidades en materia de prevención, persecución y erradicación del delito de trata de personas.
--La prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, es prioritaria así como la justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad.
Sin duda alguna, los anteriores temas contribuirán a elevar los niveles de las instituciones de seguridad para alcanzar los estándares del Modelo Óptimo de la Función Policial, que fue dado a conocer en diciembre del año pasado (ver aquí).
Marie Curie expresó: “Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil”.