No puede haber mayor tragedia en una sociedad que su pasividad, desinterés y silencio oprobioso ante los crímenes de sus mujeres. La sociedad poblana y las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia corren ese riesgo.
La respuesta, el ¡Ya basta! de la sociedad demandando seguridad es un murmullo que tímidamente ha saltado de las redes a las calles para volver a retraerse. El silencio de las 89 muertas con violencia en el estado de Puebla, en lo que va del 2017, demandan voces más exigentes ante la criminalidad que se ha instalado en nuestro estado. El sonido no ha sido suficiente para que las esferas gubernamentales atiendan urgentemente su responsabilidad para proteger la vida, seguridad y el patrimonio de toda la sociedad.
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El asesinato de Mariana Fuentes Soto, estudiante de Derecho de la BUAP, ocurrido el 30 de septiembre pasado, es un enésimo llamado para enfrentar la violencia delincuencial.
El incremento de este tipo de homicidios es alarmante. Lo es más su normalización. La tragedia hecha costumbre. La sociedad, la ciudad, con su lejanía del espacio público, con su indiferencia, con su testimonial protesta, a final de cuentas hace como que no pasa nada. Hacen menos las instituciones, sino hay actores externos que permanentemente insistan en investigar y castigar a los culpables.
El abandono de las víctimas también es criminal. Significa mayor violencia. Implica autocomplacencia para justificar, esconder, encubrir, encubrirse, ante los significados profundos que tienen las muertes violentas, por odio, por género, por condición socioeconómica; sintomático de procesos de desgaste gubernamental y descomposición social, por ser manifestación de quiebre de valores culturales destinados a brindar reconocimiento, seguridad y protección. La violencia delictiva significa retroceso de la condición humana por sus niveles de brutalidad y salvajismo. Son indicativos de lo inútil que significa el discurso del estado de derecho ante la vulneración del más básico: el derecho a la vida.
¿Puede ser viable, tener horizonte, una cultura, una civilización, un estado, un gobierno, una ciudad que es incapaz de proteger a sus sectores vulnerables?
Las mujeres pertenecen a lo que eufemísticamente se denomina sector vulnerable. Lo son no porque su fragilidad sea derivada de una condición natural. Dicha condición se explica por lo que la sociedad no les ha permitido hacer gracias a las condiciones de exclusión sostenidas por dispositivos simbólicos e instrumentales destinados a impedir plena igualdad.
Los homicidios de mujeres se encuentran asociados a la desvalorización de la dignidad humana, a la marginación de la condición social de las personas, que el depredador capitalismo actual ha impuesto a todas las formas de convivencia en el mundo contemporáneo.
La exaltación del individuo desde el siglo XVII dejó al margen las especificidades que guardan las sociedades. El neoliberalismo convirtió en hegemónico el punto de vista reduccionista del individuo como “propietario de su persona, de sus capacidades y cualidades” sobreponiéndose a cualquier elemento de moralidad que considerara las especificidades, el reconocimiento y respeto a los demás. En suma, son las relaciones de mercado y su carácter depredador lo que restringe la dignidad de la persona. Los elementos condicionantes de la creación de monstruos y monstruosidades.
El asesinato de la estudiante de Derecho es ilustrativa de ello: una vida joven que se pierde violentamente en la indolencia burocrática y el silencio de la sociedad. Es homicidio con violencia extrema el de Mariana. Desarmada, indefensa, sin ninguna posibilidad de hacer frente, en condiciones desventajosas ante los recursos ampliamente ventajosos de los agresores.
Quiebre total, absoluto de los tibios y burocráticos esfuerzos gubernamentales por volver a integrar en estos tiempos el respeto a los Derechos Humanos. Es exacto: la delincuencia rebaso a las instituciones, no porque en si misma sea de mayor poder, sino porque la omisión, negligencia y corrupción alimentan impunidad delincuencial; la posición ventajoso se nutre de la mezquina conducta de los administradores de la hacienda pública que reduce las muertes violentas a una cifra, a un dato más. El frío cálculo de costos y beneficios es excluyente del dolor de las familias. En esa lógica resulta caro capacitar policías, invertir en tecnología, incrementar salarios de las corporaciones. Es barato no exigir resultados en el desempeño de sus funciones. Es caro echar mano oportunamente de los recursos jurídicos, como la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Que incluso, de hacer la declaratoria respectiva, sería a todas luces insuficiente. Hay incapacidad para enfrentar y disminuir la criminalidad. No se atreverán a enfrentar situaciones de riesgo. Tienen aversión al riesgo que significa reconocer con todas sus letras la gravedad de las muertes violentas de mujeres en nuestro estado.
Es de urgencia el reclamo en las calles. La indignación debe ser visible, masiva, suficiente en la exigencia de justicia. La demanda para castigar a los homicidas no debe ser testimonial. No bastan los actos declarativos de las instituciones de educación superior, son actores relevantes y su pasividad es de efectos dañinos. Elevar la voz, reclamar justicia, insistir permanentemente es una obligación de ética universitaria, que no puede ser sustituida con los reduccionistas (por pragmáticos) modelos de “responsabilidad social”.
El descontento y el enojo imponen a los distintos sectores sociales la obligación de organizarse, toda vez que la acciones preventivas y de contención de la delincuencia han hecho a esta última, fuerte, agresiva y brutalmente violenta.
El camino de la sociedad es la inventiva de la organización. Es el recurso de mayor efectividad para prevenir y poner un alto. Es deseable que lo entiendan las autoridades. De otro modo, como ocurre en otras zonas del país, el crimen organizado –arrasador- se paseará impunemente por nuestras calles.