México, dentro de la comunidad global, vive hoy una crisis económica, que finalmente impacta en diversos sentidos. El crimen organizado que ha surgido en el mundo, tiene recursos y armas que ponen en grave peligro el orden constitucional y la seguridad de la ciudadanía. En todos los gobiernos existen fuerzas policiacas y militares que se esfuerzan día a día en mantener el orden y la paz y en hacer cumplir las determinaciones de la autoridad.
Los efectos de la ilegalidad obligan al sector público a destinar cantidades crecientes de recursos para intentar resolver los problemas ocasionados por la delincuencia, el crimen y el abuso social, impidiendo destinar recursos a actividades prioritarias en pro de la justicia, equidad, educación y salud, que realmente podrían mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos.
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No es posible dejar de reconocer la gran lucha que existe por parte del Estado hacia la conducta de la ilegalidad. Innegable es también la gran responsabilidad de los legisladores que ante la situación y premura que impera, intentan desesperadamente encontrar fórmulas, reglamentos o modificaciones a las leyes encaminadas todas estas a que paulatinamente se recobre la paz social.
No es difícil concluir que esta realidad, es una consecuencia directamente relacionada a un cambio en nuestra escala de valores como sociedad y específicamente hacia la Cultura de la Legalidad.
Si entendemos que como seres humanos y por nuestra propia condición se derivan lo que denominamos conductas (el ser y el deber ser), estas nos llevan inevitablemente al ejercicio de iniciar de lo particular a lo general. Esto implica que tendremos que empezar por darle la importancia al ser humano desde que aparece en la vida terrenal y de ahí se derivarán todos los elementos necesarios, fundamentalmente hablando de cultura (valores) que conllevarán con mayor seguridad a una convivencia social en la paz.
Por lo tanto, mientras nuestras reflexiones y esfuerzos no se dirijan al origen para que se vayan progresivamente manifestando en un cambio generacional, continuaremos contaminando nuestra única y real esperanza de cambio en nuestra sociedad: los niños y los jóvenes; de no ser así, estamos condenados al exterminio del hombre por el hombre.
La corresponsabilidad entre sociedad y gobierno es esencial para poder disminuir la violencia e inseguridad, para enfrentar la problemática social, política y económica. Debe fomentarse el desarrollo de proyectos integrales que promuevan la práctica de valores morales y sociales, y aseguren una convivencia social sana, dentro de la legalidad.
La legalidad constituye uno de los cimientos más fuertes que no caducan en el tiempo ni en la evolución; sin embargo, conforma y guía el respeto por las leyes de la convivencia entre los individuos que integran una sociedad. Dando como resultado que exista confianza entre la sociedad y entre la sociedad y el Estado. La consciencia real de todo esto, es la única opción para lograr la paz y la justicia social en nuestro México.