Los datos y su contraste de los comicios electorales del presente 4 de Junio, han puesto en duda –una vez más- la división de poderes, las libertades políticas, respeto a las leyes emanadas por mandato constitucional y por lo tanto desconfianza a las instituciones políticas. La democracia y cultura de la legalidad se presenta como un ensueño, reflejo del sistema político imperante que no respeta la voluntad ciudadana en condiciones de equidad y por lo tanto niega la justicia electoral.
Los resultados electorales en el Estado de México y Coahuila, denotan una convergencia contra las “elecciones de estado”, no solo es MORENA, ahora también el PAN, ironías de la política, lo que en el pasado era exclusividad de protesta por los “fraudes electorales” de los “rijosos”, “violentos” , “perdedores irreverentes”, ahora también los que han pregonado un conservadurismo social y moral buscan “limpiar la elección”, que se cuente y que se cuente bien, “voto por voto, casilla por casilla”. En esencia es un reconocimiento tácito del nuevo modelo que ha demostrado su ineficacia e ineficiencia y que el PAN aprobó firmando el “Pacto por México”
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No es un asunto “anti sistémico” es un problema estructural de diseño institucional para la existencia verdadera de una cultura de la legalidad y cultura política democrática. Legalidad y legitimidad para acceder al poder político es en la práctica discurso y demagogia.
La reforma constitucional en materia política-electoral, aprobada y publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, rediseñó el régimen electoral, trajo consigo la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional (INE) se estableció como Misión el Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de nuestro país, como Visión se perfiló un organismo electoral nacional autónomo que contribuyera a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, teniendo como atributos el ser una institución moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad debe confiar plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales. Por consiguiente entre otros fines se le atribuyo la facultad de contribuir al desarrollo de la vida democrática en el país.
Su diseño institucional establece reglas de comportamiento, donde la discrecionalidad, arbitrariedad, y prácticas deliberadamente ilegales, niegan su propia naturaleza que le da origen, justificación, legitimación política y social. Como Institución Política el INE salvaguarda de la voluntad de los ciudadanos para la existencia de la representación política, debe coadyuvar a la impartición de justicia electoral, por ello es una institución acotada con sus principios rectores que son: Certeza, significando veracidad, certidumbre y apego a los hechos en todo tiempo; Legalidad en el ejercicio de sus atribuciones y desempeño; Independencia en sus deliberaciones y toma de decisiones garantizando su autonomía frente a otros poderes institucionales o facticos; Imparcial privilegiando el interés de la sociedad; Máxima Publicidad, considerando sus actos e información de carácter público obligatorio; Objetividad donde la realidad le impone ser coherente y razonado.
En este escenario ¿la simulación es la característica que prevalece en el Sistema Político Mexicano? ¿Una Reforma Político Electoral antes de la elección de 2018, es innecesaria o a destiempo? ¿Debemos continuar con las mismas reglas, procesos electorales inundados de corrupción por la compra y coacción del voto y dinero ilícito? ¿Cómo garantizar Instituciones electorales confiables con verdadera vocación ciudadana?
De lo deseable a lo posible es imperativo rumbo al 2018 un nuevo diseño institucional desde la sociedad civil, para sentar las bases de un nuevo modelo de país, sustentado en la democracia participativa que establezca limites y controles verdaderos al poder político y sus instituciones electorales, garantizando la participación activa de los ciudadanos.
Para el caso de Puebla rumbo al 2018, los integrantes del Organismo Público Local Electoral.(OPLE) deben ser sujetos de remoción por su gestión y prácticas deliberadamente atentatorias a sus principios rectores, ausencia de una cultura de la legalidad y negación a la existencia de un verdadero Estado de Derecho, los hechos recientes en su desempeño electoral los condenan.
¿El beneficio de la duda o por las denuncias documentadas por omisión y comisión, deben asumir la responsabilidad de sus actos y por lo tanto se les debe simplemente aplicar la ley?
Mientras nada de ello suceda, que disfruten de libertad plena, bajo el principio legal de “presunción de la inocencia”.
nish76@hotmail.com