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OPINIÓN

Peña Nieto y Eruviel Ávila, cínicos traficantes electoreros

Movilización de los gabinetes federal y estatal a favor de Del Mazo

Raúl Espejel Pérez

Ha colaborado como articulista en la revista Jueves de Excélsior, El Universal de México, El Universal Gráfico, El Universal de Puebla, El Día, Nueva Era de Puebla y la revista Momento de Puebla (versión impresa y digital).

Jueves, Marzo 30, 2017

Cuatro generaciones de habitantes del Estado de México no saben, por experiencia propia, lo que es un gobernador de origen distinto al PRI. Por consiguiente, tampoco han experimentado  las ventajas que representa para la vida democrática de una comunidad, la alternancia gubernamental.

A lo largo de ochenta y ocho años, desde 1929 y hasta 2017, en forma ininterrumpida, el partido oficial (PNR, PRM y PRI) ha detentado el poder político de manera exclusiva en esa importante entidad federativa. Esto ha convertido al PRI en un partido autócrata, que ha rebasado, catorce años, el predominio que tuvo el Partido Comunista en la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1917 y 1991.

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Situación histórica que registra al PRI (1929) como uno de los partidos políticos más antiguos del mundo. Después del Demócrata (1828) de los Estados Unidos; del Conservador (1834) de Inglaterra; del Republicano (1854) de E.U.A; del Socialista Obrero Español (1879) de España y del Laborista (1900) de Inglaterra.

El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, con la ayuda del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, pretende agregar seis años a los ochenta y ocho que el PRI tiene de ocupar ininterrumpidamente la gubernatura mexiquense.

Peña y Ávila, aprovechando las insuficiencias y deficiencias de la legislación electoral (al parecer hecha a conveniencia de la partidocracia), están prostituyendo los programas sociales al utilizarlos con una inocultable y descarada finalidad electoral.

La elección del próximo gobernador, de antemano, será ─ya lo es─ un proceso electoral evidentemente inequitativo. Será otra más de las elecciones de Estado a que nos tiene acostumbrados el PRI. Elecciones financiadas con multimillonarias cantidades de dinero que no están al alcance de otros miembros de la partidocracia nacional.

Sin embargo, eso no es todo. Además existe un ingrediente dinástico.

Durante un lapso de veinticuatro años, transcurridos entre 1945 y 2012, el Estado de México ha sido gobernado por una dinastía originaria de Atlacomulco (o Atracomulco, como coloquialmente le nombran los adversarios del grupo político asentado en ese lugar) que prácticamente ha convertido el cargo de gobernador en patrimonio de una familia muy ramificada. Se trata de la dinastía fundada por Alfredo del Mazo Vélez e integrada por Alfredo del Mazo González, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto.

Ahora, Enrique Peña, apoyándose en la jerarquía política que le otorga el cargo de presidente de México, pretende extender el tamaño de esa dinastía, incorporando a ella a Alfredo del Mazo Maza. Nieto de Del Mazo Vélez, hijo, a su vez, de Del Mazo González, sobrino de Montiel Rojas y primo de Peña Nieto.

Con esa finalidad, dio el primer paso al imponer autoritariamente al PRI la candidatura de su pariente, para el período gubernamental 2017-2023.

La obsesión de continuar lucrando con el cargo público más importante del Estado de México y el deseo enfermizo de retener, para el PRI, la gubernatura, al precio que haya necesidad de pagar, constituyen la causa que indujo al presidente Peña Nieto y al gobernador Eruviel Ávila Villegas, a actuar como cínicos traficantes electoreros.

Con la mirada puesta en las elecciones del 4 de junio, andan desatados y desesperados. Incursionando en los diversos estratos de la  población inerme ─en términos de poder adquisitivo─ para comprar voluntades y votos a favor del candidato del PRI. Pagando con todo tipo de dádivas y hasta con el ofrecimiento de servicios que las instituciones gubernamentales están obligadas a proporcionar al margen de los procesos electorales.

Para llevar a cabo su descarada e inmoral operación mercantil, Peña Nieto utiliza a miembros de su gabinete, como si fueran sus marionetas.

Entre ellos se encuentra Rosario Robles Berlanga. Esa mujer que durante tres décadas dijo ser de izquierda. Fue presidenta del PRD, pero bastó que el presidente Peña le ofreciera la titularidad de la secretaría de Desarrollo Social para que hiciera a un lado la ideología marxista-leninista y su antipriismo. Durante una visita que efectúo a  las oficinas del comité ejecutivo nacional del PRI dijo que allí “se siente como en su casa”. Hace unos días viajó a Atlacomulco para  entregar, en representación de Peña Nieto y como titular de la Sedatu, 30 viviendas de interés social a familias mazahuas para acarrear votos a la candidatura del primo de su patrón.

José Narro Robles, quien fue rector de la más importante universidad pública del país (la UNAM) entre 2007 y 2015. Ahora, siendo secretario de Salud del gobierno peñanietista, con fines abiertamente electorales, realiza funciones de promotor del Seguro Popular, al participar en la reafiliación de usuarios de ese programa social en el municipio mexiquense de Cuautitlán. Este exrector universitario asegura que piensan retorcidamente quienes afirman que los programas sociales los está utilizando el gobierno del presidente Peña para favorecer la candidatura gubernamental del PRI.

Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, suspendió las actividades inherentes al importante cargo público que ocupa, para entregar, acompañado del gobernador Eruviel Ávila, memorias USB a un grupo de 904 alumnos de una escuela de bachillerato situada en el municipio mexiquense de Ecatepec. Todo este show evidentemente electorero, se efectúo, solemnemente, dentro del marco de la reforma educativa.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en Toluca, anunció el reforzamiento de la seguridad pública en las carreteras del Estado de México con elementos de la Policía Federal.

En la capital mexiquense, la secretaría de Desarrollo Social que encabeza Luis Enrique Miranda Nava, incorporó al programa Prospera a 2 mil familias.

José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien, nos guste o no, será uno de los principales representantes de México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que lleven a cabo con sus homólogos del presidente estadounidense Donald Trump, abrió un paréntesis en sus labores cotidianas para trasladarse al municipio mexiquense de Ecatepec para devolver a un grupo de personas de la tercera edad el dinero que aportaron al Sistema de Ahorro para el Retiro. Esto ocurrió porque, según parece, en la SHCP no existe un servidor público de menor jerarquía que pudiera desempeñar tan conmovedora y noble tarea y con ella jalar votos al primo de Peña Nieto.

Mikel Arriola, director del IMSS, por algunas horas hizo caso omiso de su obligación de mejorar la calidad de los servicios médicos que imparte esa institución, para trasladarse a la capital del Estado de México a firmar dos convenios con el gobierno de Eruviel Ávila. En el primero, Arriola comprometió al IMSS a instalar cinco guarderías y en el segundo, lo obliga a implantar el programa Tu receta es tu vale, (diseñado para mitigar el desabasto de medicamentos en el IMSS) en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán y Tultitlán, para que al decir de Arriola, 4 millones 300 mil derechohabientes puedan surtir sus recetas en la red de farmacias de esa institución.

Para no ser menos que el presidente Peña Nieto en materia de hacer proselitismo electoral en beneficio del candidato del PRI a la gubernatura, el gobernador Eruviel Ávila también utiliza fondos públicos con el mismo objetivo.

La esposa de Peña Nieto, Angélica La Gaviota Rivera ha estado presente en varios eventos proselitistas. En Metepec acompañó a Eruviel Ávila en la entrega de apoyos del Programa Acciones por la Educación.

En diversos municipios del Estado de México, el gobernador ha repartido cifras millonarias de dinero, mediante tarjetas de débito expedidas por Banorte y conocidas como La efectiva.

También obsequió computadoras portátiles a jóvenes que acreditaron tener su domicilio en Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y los Reyes y, además, anunció que continuará repartiéndolas en otros municipios.

Ávila Villegas trae mucha cuerda. Nadie ni nada lo detiene. Asume actitudes prepotentes. Envalentonadas y bravuconas, para tratar de justificar el desproporcionado activismo electoral que su gobierno y el federal realizan para apuntalar la candidatura del primo de Peña Nieto, al advertir, una y cuantas veces se le ocurre, que “La ley les permite (hacer lo que están haciendo), que la ley lo autoriza y si es delito otorgar programas sociales en forma incondicional (como lo hacemos), pues aquí estoy, aquí espero a las autoridades, que le entren, yo tengo el respaldo de la gente, tengo el respaldo de las mujeres”.

¡Cuánta desfachatez y cinismo de este individuo que aspira a la candidatura presidencial en 2018, para sustituir a su patrón Peña Nieto!

Carolina Monroy del Mazo (prima del presidente Peña y también del candidato a gobernador Alfredo del Mazo Maza), quien fue secretaria general del PRI nacional hasta el 4 de marzo de 2017 y actualmente es diputada federal, repartió estufas, tinacos, sillas de ruedas y bastones en Metepec, para ayudar a que su pariente Alfredo obtenga la gubernatura del Estado de México.

La magnitud del activismo electoral que está llevando a cabo el gobierno federal en territorio mexiquense, es del tamaño del miedo que tiene Enrique Peña Nieto a perder su bastión político. Sabe que si en 2017 pierde el PRI la gubernatura, en 2018 es factible que pierda la presidencia de la república.

Lo que sería una catástrofe, sí esta hipótesis se hace realidad. El mandatario que sustituya a Peña, podría ordenar la realización de auditorías en las licitaciones de obra pública efectuadas por la secretaría de Comunicaciones que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, como la edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la frustrada construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y en las obras adjudicadas directamente, como el caso de la remodelación del hangar presidencial, así como en el manejo de fondos públicos en determinadas instancias federales.

¡Los mexicanos podríamos enterarnos de cosas que estremecerían las estructuras  gubernamentales de la federación!

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