La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo va por la gubernatura de la Ciudad de México, mientras la delegación Tlalpan es un caos. Usos políticos para gestionar servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, regularización territorial, así como vigilar y reglamentar centros de tratamiento para drogadictos son problemas que aquejan a una de las delegaciones políticas con mayor extensión territorial de la Ciudad de México. Sin embargo, la delegada, de origen judío, y representante popular por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), además de exsecretaria de Medio Ambiente durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, y esposa del Carlos Ímaz Gispert (exdelegado en Tlalpan, exhibido en Televisión, en 2004, en actos de delitos electorales y sentenciado de 3 a 6 años en prisión) está más concentrada en su carrera política y en el feudo que ella y su esposo han construido en la Delegación Tlalpan, que en lo problemas que viven cotidianamente los habitantes de dicha demarcación, sobre todo en los pueblos originarios.
La inseguridad no era, hasta hace poco, un problema para los vecinos de poblados como San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco. Sin embargo, se ha permitido la instalación de centros donde ingresan a personas con problemas de adicción (sin la exhibición de nombres y permisos por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México) que, presuntamente, en algunas ocasiones, salen de su internamiento para ingresar de manera ilícita en las casas de los vecinos para robar, como es el caso de la Clínica de Atención para el Tratamiento de la Adicción A.C. (Clínica CAPTA) ubicada en Emiliano Zapata #1, en San Miguel Xicalco.
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Asimismo, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas de la demarcación política. Según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Tlalpan, en el periodo de enero a diciembre de 2015, registró 9887 averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero común, con 16.1% de delitos de alto impacto y una tasa delictiva de alto impacto de 245.2 por cada 100 000 habitantes. El semáforo delictivo señala a la Delegación Tlalpan con problemas serios en extorsión, homicidios, robos a casa habitación, vehículos y negocios.
Asimismo, el suministro de agua potable se hace a través de pipas vendidas por la propia delegación. Si bien, con el inicio de la administración de Sheinbaum se redujo el precio de la pipa de agua, la medida no resolvió el problema, ya que se gasta alrededor de 100 millones de pesos del presupuesto delegacional para el subsidio de pipas, que benefician a 23 mil personas en promedio, sin embargo, éstas no son suficientes, pues se tiene un rezago de seis mil pipas en promedio. Ante este desabasto de agua potable, las familias deben desembolsar el pago de una pipa a la delegación (precio que varía dependiendo de la zona donde se viva y con derecho a una mensualmente), además de suministro privado, cuyo costo mínimo es de $900 pesos.
Del mismo modo, los gobierno perredistas y el actual de MORENA, emplean las necesidades sociales de la población para capitalizar los apoyos en votos. Tal fue el caso del diputado federal Carlos Hernández Mirón, quien en su campaña prometió reuniones periódicas con los vecinos de los pueblos con la finalidad de buscar la resolución de problemas como la regularización de predios y la dotación de servicios públicos. Sin embargo, dichas reuniones no se han producido desde que pidió los votos de los habitantes de los pueblos de Tlalpan. Por el contrario, el diputado perredista se vio involucrado en la construcción de inmuebles en predios forestales, en el paraje conocido como “La Rufina”.
Tanto representantes de MORENA como del Partido de la Revolución Democrática (PRD) prometen a los habitantes de los pueblos de Tlalpan que los dotaran de servicios públicos, pavimentarán las calles y darán certidumbre sobre sus propiedades, pero sólo lo hacen cuando requieren votos o dinero.
Es urgente que la delegada morenista, Claudia Sheinbaum se ponga a trabajar en favor de los habitantes de la demarcación, evitando “granjas” privadas (como el caso de Clínica CAPTA) para el tratamiento de adictos que se han convertido en cunas de delincuentes, quienes ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los vecinos de San Miguel Xicalco, así como de los otros pueblos originarios. Asimismo, urge disminuir el índice delictivo, tal como lo ha prometido la Dra. Sheinbaum. Finalmente, es inaplazable la regulación territorial de los predios ubicados en los pueblos de la demarcación política y la dotación de servicios públicos, sin ser promesas o compras de votos; y acciones verdaderamente impactantes en el suministro de agua, problema que afecta directamente a las familias y su derecho humano al vital líquido.
Esperemos que la Dra. Sheinbaum Pardo, antes que pretender la gubernatura de la Ciudad de México y afianzar la tribu Sheinbaum-Ímaz, cumpla con las demandas de la ciudadanía en la demarcación y no pase a la historia de la delegación Tlalpan como otra cacique de izquierda. ¿Será que el Lic. López Obrador acepte este tipo de negligencias en la coyuntura política que vive?
Picaporte
Por una parte se da a conocer el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, plan que fracasará ante las tantas necesidades sociales, en general, y juveniles, en particular, además de programas adecuados para combatir la delincuencia y el crimen; por otra parte, México aumentó el consumo de armas en 331%, en los últimos años. Por cierto, ¿y la evaluación de Convivencia escolar que había prometido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en primaria y secundaria? ¿dónde quedó la inversión? ¿dónde los resultados?