Profesor de la UDLAP
Después de una semana de saqueos y bloqueo de vías de comunicación, las aguas vuelven a su nivel. Y ese nivel es el de un descontento sin precedentes hacia la clase política, aunque por ahora no se manifieste con actos extremos, que por su carácter solo pueden ser de corto plazo.
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No todo lo que vimos la semana pasada fue expresión de descontento social. Los robos masivos a comercios parecen haber la combinación de grupos organizados con ciudadanos aislados que aprovecharon el río revuelto para su propio beneficio. No queda claro que hayan sido actos políticos. La impresión es más bien que se trató de simple delincuencia.
Pero la política está detrás de estos actos. No tanto porque se trate de “complots” contra los gobiernos establecidos (“¿qué casualidad que no saquearon ningún Sanborns ni ningún Sears, negocios de Slim, amigo de López Obrador?”, se difundió en las redes sociales). Un disparate imposible de probar o de refutar, como casi todas las teorías del complot.
La política está detrás porque los saqueos se dan en el marco de gobiernos débiles, erosionados en su legitimidad. Si hay políticos que saquean en forma cínica el presupuesto público y no les pasa nada, ¿por qué no saquear un supermercado? Pero no es lo mismo: la impunidad en este país es amplia, pero selectiva.
La pregunta sigue presente: ¿cuánto puede aguantar un país publicando noticias de abusos y corrupción desmedida de sus políticos y con éstos en la completa impunidad? ¿Qué costos sociales, políticos, humanos, de desánimo, de imagen interna y externa tiene esto?
Ignoro si Donald Trump tomó nota de los saqueos y los usó como argumento a favor de su muro. Pero es claro que la imagen del país quedó muy maltratada la semana pasada. Aunque los pocos cientos o miles que saquearon no pesan estadísticamente en un país de 120 millones de habitantes, la tendencia humana es a la generalización fácil y muchos nos han de ver como un país de saqueadores.
Los costos de la impunidad son muchos, diversos, algunos de ellos muy altos, aunque no sean tangibles. El gobierno federal actual parece que nada hará al respecto. Parece que en “gen” o “chip” priista no hay lugar para el combate a la corrupción. Pero el PAN no hizo nada significativo en 12 años de gobiernos federales. Algunos de sus exgobernadores son hoy parte emblemática del problema.
Incluso López Obrador, que ha tratado de construirse una imagen de pureza extrema, es poco confiable. Puedo aceptar que ha sido un gobernante honesto. Pero es evidente que no ha querido o no ha podido evitar rodearse de corruptos: Bejarano, Ímaz, y su secretario de finanzas cuando era Jefe de Gobierno en el Distrito Federal. Lo único que propone como combate a la corrupción es su honestidad personal. Insuficiente, como lo muestran los hechos.
Los impuestos son una cuestión de doble vía: cuánto y cómo se recauda, y cómo se gasta lo recaudado. El problema del gasolinazo está más en la segunda. Si todo el gasto público fuera transparente y razonable, habría pocas razones para protestar.
El descontento de la primera semana del año tiene una raíz inmediata en el “gasolinazo”, un incremento abrupto al precio de la gasolina. Los panistas, que supuestamente saben menos de política que los priistas, fueron en esto más hábiles: aumentos graduales, mes con mes, sin que nadie cerrara ninguna calle o carretera. Y tiene una raíz más de fondo: el descontento con la clase política, con los casos de corrupción e impunidad.