El viernes pasado presenté ante el Congreso del Estado un exhorto a los ayuntamientos de la entidad que tengan asentadas ciudades en sus territorios, para que generen políticas públicas encaminadas a lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Estas políticas también deben garantizar a sus habitantes el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de México y por los tratados internacionales suscritos por nuestro país en la materia.
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Si logramos cumplir con estas asignaturas en Puebla, daremos un paso trascendental en la consolidación de las ciudades del futuro, donde prevalezcan los derechos humanos, sociales y de participación democrática, traducido en el Derecho a la Ciudad, pero con un enfoque de inclusión.
De acuerdo con ONU Hábitat, iniciamos este milenio con la mitad de la población mundial viviendo en ciudades. Según las previsiones, en 2050 la tasa de urbanización llegará a 65 porciento.
Estas cifras generan que las ciudades estén lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada, en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, para satisfacer sus más elementales necesidades.
Frente a esta realidad, las entidades de la sociedad civil reunidas en el Primer Foro Social Mundial 2001, discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.
Así surgió el Derecho a la Ciudad, considerado como un concepto rector para que el entorno en el que habitan las personas cuente con las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio universal y efectivo de todos los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.
Este concepto aborda la ciudad como un lugar de encuentro, cultura y esparcimiento y un espacio de oportunidades para el desarrollo de las personas, en el que se exprese la pluralidad y diversidad de quienes la habitan, donde el libre intercambio de ideas promueva la innovación y el desarrollo; y donde el patrimonio juegue un papel significativo en los procesos de conservación y regeneración urbana.
Durante la Cumbre Hábitat III celebrada en octubre, se reconoció necesario construir y adaptar las ciudades con perspectiva de género para que permitan y promuevan los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres de todas las edades en el desarrollo, la toma de decisiones y el disfrute de la ciudad y sus espacios públicos, incluyendo la prevención de toda forma de violencia contra mujeres y niñas.
También se consideró necesaria una sustancial mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población, especialmente de la población con deficiencias de infraestructuras y servicios urbanos, promoviendo instrumentos y mecanismos del desarrollo económico local a partir de los recursos endógenos de las ciudades y territorios.
Todo lo anterior tiene el objetivo de alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y los asentamientos humanos para que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; meta vinculada con la superación de los desafíos que plantean la pobreza, el cambio climático, la energía e infraestructura y la economía inclusiva.