Las actuales elites políticas, en el delirio de salida sexenal, al compás de cálculos más económicos que políticos, se empecinan en destruir un pilar estratégico del Estado mexicano: las Fuerzas Armadas. El supuesto es la reconstrucción de orden político, económico y social desde el ahorro económico que significaría la obligatoriedad constitucional de participación castrense en asuntos de seguridad pública y seguridad interior, identificados como asuntos de seguridad nacional.
La iniciativa presentada hace 15 días por el líder de la fracción priista en San Lázaro, busca regular -a través de una Ley de Seguridad Interior- la participación militar en “operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, como el narcotráfico e incluso la corrupción” . Se considera la intervención del Ejército y la Armada en los fenómenos por cambio climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros. En ese tenor, se otorgarían atribuciones tendientes a establecer “operaciones”, “destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias” .
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Al PRI lo acompaña la iniciativa del senador Robert Gil Zuarth para que militares y marinos hagan uso de cualquier método de recolección de información (escuchas telefónicas, intervención de correos electrónicos, geo localización, etc.) Importa matizar “cualquier método” y la consecuencia del término “recolectar información”. En ese tenor, Incluso, las instituciones gubernamentales y los órganos autónomos estarían obligados a ello.
Una primera lectura indicaría que se pretende extender carta de impunidad. Diversos analistas sostienen que es una concesión extendida con patente de corso, dado que no se incluyen mecanismos de control ni de la consecuente ley de responsabilidades públicas de las fuerzas armadas en funciones policiales, lo cual sería indicativo de un “autogolpe de Estado”, de acuerdo a José Cárdenas Gracia. O bien como dice Ernesto López Portillo, del fortalecimiento del “desgobierno político de la autoridad” .
El tema es más delicado. En el momento mismo en que los soldados se involucran en funciones policiales la cadena de mando militar se traslada a una secretaria de Estado distinta a la Defensa Nacional o a la Marina. Las acciones militares “estarían coordinadas por la Secretaría de Gobernación”. Es un golpe pero a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, a su estructura organizacional diseñada para hacer funcional a un ejército no a un cuerpo policial.
Con la nueva ley se postrarían las funciones de los secretarios castrenses, quienes hasta hoy se coordinan con su estado mayor y participan, colaboran, en el gabinete de seguridad, en un ámbito delimitado de funciones constitucionales.
En adelante la función policial castrense estaría bajo la coordinación de un civil que no tiene el mandato constitucional de ser jefe de las fuerzas armadas o de una parte de ellas y por el contrario obedece al presidente de la república, no a los jefes militares. El de Gobernación sería el “super secretario”. Tendríamos una modificación severa: la estructura de las Fuerzas Armadas sería bicéfala. El mando último sería el presidente de la república, el mando operativo estaría en la Secretaría de gobernación. ¿Y los secretarios castrenses? Al servicio de ambos. Una translocación de la funcionalidad del sistema constitucional.
Con la iniciativa de Ley, la seguridad pública se afirma en el rubro de la seguridad interna. Todo asunto de esa naturaleza tendría el rango de ser tema de seguridad nacional, por lo tanto sería de obligatoriedad para los militares “coordinarse” con la autoridad civil y desarrollar las acciones que ella establezca en cualquier parte del territorio nacional. Si bien ello ha ocurrido, la milicia ha tenido ciertas reservas de participación, ahora sería de obligatoriedad constitucional. La inconformidad castrense, la negativa del ejército para intervenir en conflictos civiles debido a la alteración del orden público, o para perseguir delitos, incluso de corrupción, sería sancionada por autoridades civiles, no militares.
La orientación gubernamental ya tiene acciones de por medio. En lo que va del presente sexenio creció el número de policías militares, en el 2012 se contabilizaron 6 mil. Para el presente año rondan los 16 mil, de ellos, cerca de mil 600 realizan acciones en las estructuras de seguridad pública. En el Colegio Militar imparten ya la especialización de Policía Militar. Se incluyen esquemas de inversión pública y privada para construir fortificaciones castrenses destinadas a tropa involucrada en la seguridad pública en el norte del país: Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua.
Ante el desgaste y la inconformidad de sus sectores críticos, que los hay, la propuesta central es re-tomar el control civil de aquella parte del monopolio estatal de la violencia que tiene cierta efectividad en el control social. Lo demás es un galimatías; por ejemplo, no define cual será la relación del ejercito con los demás cuerpos policiales, menos con las otras instancias de las propias Fuerzas Armadas. Tampoco se establecen límites respecto a los medios para obtener información de particulares y de instituciones estatales. Tampoco se considera su lugar y validez en el juicio oral.
Hay otra razón: en la idolatría del estado mínimo, sin consideraciones de orden histórico, republicano, democrático y de convencionalidad de Derechos Humanos, al Ejército mexicano no lo ven como baluarte , sino como una maquinaria administrativa que gasta dinero público y por ello mismo debe ampliar su rango funcional para combatir a la delincuencia.
Para esta élite es elevado el costo económico de manutención de las Fuerzas Armadas y por lo tanto debe seguir saliendo a la calle. Para los tecnócratas mexicanos, es preferible pagar costos simbólicos en Derechos Humanos y no monetarios. La profesionalización policial es bastante cara y es mejor contener con la milicia, aunque en ello vaya la destrucción del propio Estado. En esto coinciden propios y extraños.
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